En estos 13 años la comunidad ha seguido resistiendo, pero ha sufrido cerca de 600 crímenes de lesa humanidad, que incluyen 197 asesinatos y centenares de desapariciones, torturas, desplazamientos, detenciones arbitrarias y robos.
Urabá es una región del noroeste colombiano, bañada por el Caribe y fronteriza con Panamá, cuya riqueza y privilegiada situación geográfica ha sido, paradójicamente, su desgracia. La fertilidad de sus tierras -segunda región del mundo en biodiversidad- y de su subsuelo -oro, petróleo, carbón, uranio-, unido a que es paso obligatorio para el contrabando de armas y narcóticos con Centroamérica, han provocado la disputa por su control de todos los grupos armados. A esto se añade el interés del Estado colombiano y de los grupos empresariales en `despejar' la zona para llevar a cabo varios megaproyectos: un canal interoceánico que compita con el de Panamá y la prolongación de la carretera panamericana. Hasta la segunda mitad de los 90 la violencia política provocaba unas 2.000 muertes al año.
A partir de 1997 el Ejército, comandado por el general Rito Alejo del Río, en estrecha coordinación con los paramilitares (grupos de civiles creados por el Estado para practicar la guerra sucia), inició la pacificación de la región a sangre y fuego. Las principales víctimas fueron -y son- la población civil. Los campesinos se vieron envueltos en el fuego cruzado entre Ejército, paramilitares y guerrilla, al tiempo que sufrían las presiones de estos mismos grupos armados para que se pusieran de su lado.
Hartos de desplazarse de un lugar a otro y de sufrir todo tipo de agresiones, un grupo de campesinos de San José de Apartadó decidió poner en marcha un mecanismo de resistencia civil en medio del conflicto, que posteriormente sería adoptado por otras comunidades. En 1997, San José se constituyó en comunidad de paz, lo que implica no admitir en su territorio la presencia de ningún grupo armado y el compromiso público de sus 1.220 habitantes de no colaborar con ninguna de las partes enfrentadas. La guerrilla empezó a dejar de hostigarles, pero militares y paramilitares consideraron su neutralidad como complicidad con la insurgencia. En estos 13 años la comunidad ha seguido resistiendo, pero ha sufrido cerca de 600 crímenes de lesa humanidad, que incluyen 197 asesinatos y centenares de desapariciones, torturas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, robos… La inmensa mayoría a manos de soldados y paramilitares. El último asesinato se produjo el pasado 9 de febrero: dos paramilitares encapuchados mataron en su propia casa a Fabio Manco; su muerte había sido anunciada en noviembre de 2009 por un paramilitar, asiduo colaborador del Ejército, quien mostró a un habitante de San José una lista de personas a ejecutar, entre las que figuraban varios miembros de la comunidad: Fabio y Luis Arnelio Zapata ya han sido asesinados.
El informe de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia de 2005 alertaba sobre la posibilidad de que las agresiones continuaran: "La impunidad que ha cobijado la mayoría de los casos de los que ha sido víctima la comunidad de San José de Apartadó, así como la estigmatizació n de las autoridades contra varios de sus miembros ha incidido en la persistencia de su situación de riesgo". La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, ha pedido a las autoridades colombianas, en reiteradas ocasiones, que tomen las debidas medidas para garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad de paz, "pero es como poner al zorro a cuidar del gallinero", lamentan los habitantes de la comunidad. Para Uribe las comunidades de paz suponen un mal ejemplo ya que ponen en peligro uno de los pilares fundamentales de su política de "seguridad democrática": la negación del conflicto y, por tanto, la implicación de todas y todos los colombianos en la lucha contra el `terrorismo' .
En febrero de 2005 fueron despedazados ocho habitantes de San José a garrotazos y machetazos. La brutalidad de esta matanza provocó una fuerte reacción internacional que ha llevado a procesar a 10 militares y varios paramilitares. Pero ni en este caso ni en ningún otro se ha juzgado a los autores intelectuales, lo que propicia que se mantenga la estrategia de acoso contra la comunidad de paz: se le sigue vinculando con la guerrilla; las amenazas, robos y bloqueos económicos son constantes, y no han cesado los crímenes, aunque en los últimos años son selectivos con el objeto de evitar al Estado colombiano los costos políticos que implican las masacres.
"Mañana podemos estar muertos"
El 15 de enero de 2005, una comisión organizada por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia -integrada por onG y los diputados valencianos Ramón Cardona e Isaura Navarro- recogió las denuncias de los campesinos de San José sobre las graves violaciones de los derechos humanos que están padeciendo. Un equipo de la televisión valenciana que viajaba con la comisión entrevistó a Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes y fundadores de la comunidad de paz. Guerra explicó ante la cámara la historia de la comunidad y las consecuencias de su resistencia pacífica: "A pesar de mantener una posición neutral frente a la insurgencia, dicen que nosotros recibimos órdenes directas de ésta para desprestigiar al Estado y decir que es el único que viola los derechos humanos. Eso es una mentira a todas luces porque hemos dicho públicamente que dentro de estos asesinatos (sufridos por la comunidad) la subversión también tiene una gran participación, más de 20 casos". El mismo Luis Eduardo Guerra había sido retenido por los militares el 12 de diciembre de 2004, quienes le interrogaron y le dijeron que era "una persona sospechosa".
En aquellas fechas, 144 habitantes de San José ya habían sido asesinados por negarse a tomar partido por los violentos, por eso, ante la pregunta de la periodista sobre el futuro que les esperaba, Luis Eduardo Guerra fue rotundo: "Nosotros siempre hemos dicho, y en eso somos claros, hasta el día de hoy estamos resistiendo y todavía como nuestro proyecto es de seguir resistiendo y defendiendo nuestros derechos. No sabemos hasta cuándo porque lo que hemos vivido durante toda la historia es que hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos. Que hoy estamos en San José de Apartadó, mañana puede estar la mayoría de la gente desplazada porque puede haber una masacre de 20 ó 30 personas o... que eso no es algo imposible. Aquí en esta región todo es posible", afirmó Guerra.
El 21 de febrero de 2005 -treinta y siete días después de que concediera su última entrevista- su cuerpo y los de otras siete personas, incluidos cuatro menores, aparecieron descuartizados. Numerosos pobladores de la zona acusaron de la masacre a los soldados de la Brigada XVII y a un escuadrón de paramilitares. Los campesinos que acudieron a recoger los cadáveres aseguraron que los militares dijeron a varias familias que "es una lástima que se hubiera sabido tan pronto, porque si no habrían matado a más personas" y, refiriéndose a los restos de las víctimas, comentaron: "Eso huele a puro guerrillero muerto".
Uribe: "Algunos líderes auxilian a las FARC"
El desmentido del Gobierno colombiano sobre la implicación del Ejército fue tan rápido como falso, a tenor de las investigaciones judiciales realizadas desde entonces. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, estableció la línea argumental: "En esta comunidad (San José) hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista, a las FARC", dijo, al tiempo que anunció que la policía se instalaría en San José. Inmediatamente, otros miembros del Gobierno y de la Fiscalía comenzaron a relacionar públicamente el crimen con supuestas diferencias entre la guerrilla y la comunidad de paz.
Finalmente, la versión oficial que se impuso fue la declaración de un presunto desertor de las FARC que manifestó a los medios de comunicación que la matanza fue una venganza de la guerrilla porque dos de los asesinados querían abandonar sus filas. Esta declaración incluso fue presentada en la página web del Ministerio de Defensa de Colombia como una entrevista realizada por TVE. El corresponsal exigió a Defensa que la retirara ya que si bien era cierto que se había reunido con el supuesto desertor a instancias de los propios militares, decidió no difundir la entrevista al dudar de su veracidad. La prensa también publicó que Luis Eduardo estuvo involucrado en el estallido de una bomba en el mes de agosto de 2004, "la verdad es que fue todo lo contrario: la familia de Luis Eduardo y otras personas fueron víctimas de la explosión de una granada abandonada por el Ejército. El mismo Deiner, hijo de Luis Eduardo, estuvo gravemente herido y casi pierde una de sus piernas debido a tal hecho", asegura la comunidad de paz.
Se han cumplido cinco años de la masacre, ha comenzado a conocerse la realidad de los trágicos hechos a través de las declaraciones de los presuntos implicados. Varios oficiales del Ejército y paramilitares han confesado a las autoridades judiciales que en febrero de 2005 realizaron en la zona de San José una operación conjunta -denominada Fénix- supuestamente contra las FARC, supervisada por el general Mario Montoya. Este militar llegó a ocupar la Comandancia del Ejército Nacional y fue destituido en 2008 cuando se descubrieron los primeros casos de civiles asesinados por soldados para hacerlos pasar por guerrilleros; Uribe le premió con la Embajada de Colombia en la República Dominicana, cargo que aún ostenta.
Los mismos acusados explicaron que el 21 de febrero, mientras el Ejército protegía la retaguardia, un grupo de paramilitares asesinó a golpes y machetazos, para evitar ser descubiertos, a Luis Eduardo Guerra, de 35 años; a su compañera, Bellanira Areiza, de 17, y a su hijo Deiner Andrés Guerra, de 11. Los campesinos que vieron los cuerpos afirmaron que "no presentaban ningún impacto de bala y sí mostraban claramente que habían sido fuertemente golpeados y finalmente degollados". A una hora de camino del lugar del crimen, otro escuadrón en el que se mezclaban paramilitares y militares, llegó a una pequeña vivienda donde estaba una pareja de campesinos, sus dos hijos y un hombre que les ayudaba en el campo. Mataron, también a machetazos, a los tres adultos, Alfonso Bolívar Tuberquia, 30 años; Sandra Milena Muñoz, 24, y Alejandro Pérez, 30. "Sólo sobrevivieron dos niños, de 3 ó 4 años, que estaban llorando al ver a sus padres muertos", aseguró un paramilitar a la Fiscalía. Pero, poco después, un capitán ordenó degollar a Natalia Andrea Tuberquia, de 6 años, y Santiago Tuberquia, de 2. El oficial no tuvo misericordia a pesar de que le "propuse que yo me hacía cargo de los niños (…). El señor del Ejército le dijo a otro comandante que no lo podía aceptar porque la niña estaba grandecita y ella se daba cuenta de lo que estaba pasando", según consta en la declaración de otro paramilitar ante la Fiscalía.
El informe Colombia: Rompiendo el silencio, que elaboró la comisión valenciana que visitó San José y otras regiones del país, se dedicó a los asesinados en esta masacre y al resto de miles de víctimas del conflicto colombiano, quienes con su lucha "un día conseguirán levantar el interesado manto de mentiras que apenas disimula la realidad y el mundo ya no podrá evitar mirar, y otra vez contemplará horrorizado, la evidente verdad que se ha negado a conocer". Actualmente, la comunidad vive en San Josesito, el nuevo pueblo que construyeron después de que la Policía llegara a San José. Quieren seguir reivindicando su neutralidad en medio de la guerra sin renunciar a denunciar el terrorismo de Estado y a buscar una salida pacífica y negociada al conflicto.
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