Juan Manuel Santos
Por estos días, a simple vista se observa desde las principales avenidas, hasta las polvorientas calles y las alejadas rutas que en tiempos no electorales llaman de difícil acceso, carteles, pasacalles y afiches con los que se forran hasta las piedras. Publicidad que se esfuerza por querer mostrar a través de coloridas fotos el mejor perfil de uno u otro candidato y sobre todo, se esmera por publicar un llamativo eslogan que solo se les ocurre mencionar en épocas electorales. Y por supuesto toda esta publicidad se complementa con la intimidante presencia militar. Hombres armados hasta los dientes y estruendosos aviones de guerra, cuyos zumbidos se escuchan en todos los rincones.
Dicen que brindan seguridad, la pregunta es, ¿seguridad a quién y para qué?. Es evidente que esta seguridad no es para quienes más la necesitan, pues en los múltiples retenes que a lo largo de las vías y carreteras se instalan, son los campesinos, afrocolombianos e indígenas a quienes más registran sus pertenencias y hasta tildan de subversivos, cuando no se prestan como informantes. La anunciada presencia de más de 240.000 efectivos en las carreteras y municipios del país, para garantizar la contienda electoral, significa para los habitantes de estas regiones mayor zozobra, riesgo e inseguridad. Con la ocupación territorial de los grupos armados, son los indígenas, campesinos y afrocolombianos quienes enfrentan el mayor riesgo.
Ante la realidad que se vive en las regiones y teniendo en cuenta los reportes e informes, entre ellos la denuncia de la Misión de Observación Electora (MOE), que alerta sobre los altos índices de corrupción del ejercicio electoral, donde quienes han cometido los mayores delitos son los representantes de movimientos políticos y los actuales candidatos, la realidad es evidente. La supuesta seguridad estatal difícilmente podrá proteger el derecho al ejercicio electoral de los ciudadanos, mínimamente garantizará el triunfo de algún sector político.
La incertidumbre y la falta de conciencia, ha llevado a dividir los dolores y las necesidades que aquejan a la mayoría de la población. Se defienden discursos añorando que se hagan realidad, pero la verdad es que aquellos discursos de igualdad y justicia están bien distantes de la práctica. Los políticos tradicionales se han encargado de cultivar su desprestigio con paciencia de orientales pues nos han demostrado, con creces, que incurren en cualquier indecencia con tal de ganar elecciones y de feriarse los contratos grandes y pequeños del Estado.
Y mientras la gran mayoría de la población es entretenida y engañada a través de los medios que llaman insistentemente a hacer parte de algún partido político, mientras aquí y allá resuenan promesas vacías de cambio y de paz, las políticas de exclusión y despojo no se detienen. Avanzan a grandes pasos.
La estructura política prepara su jugada, ante el pronunciamiento de la corte sobre la inconstitucionalidad del referendo reeleccionista, el gobierno de la seguridad democrática ya ha anunciado su formula para la consolidación de su política de guerra. El ex ministro de defensa, Juan Manuel Santos, quien ya se siente presidente y quien ha adherido a su fórmula presidencial al ex gobernador del Valle Angelino Garzón que en su momento representó la esperanza del movimiento sindical, ya tienen una tarea específica por cumplir a quienes por años se han creído los dueños y señores del mundo.
Y mientras en todo el país se ondean las coloridas banderas de los partidos políticos y la fiebre electoral sigue en furor, los habitantes del Cauca temen que pasen las elecciones, pues se ha anunciado con gran preocupación después de la contienda electoral, el incremento más alto a nivel del país en las tarifas de energía para el Cauca. Mientras en el resto de Colombia el incremento no ha superado el 6%, en el Cauca se incrementara en un 21% el costo del servicio de energía eléctrica. Sin embargo no es menos preocupante la situación que padece la población desplazada del país, que cansados de mendigar en las calles y las entidades del gobierno de las ciudades capitales, están regresando a sus tierras sin mayores garantías, prefieren morirse de hambre en sus tierras ante la marcada indiferencia, la discriminación social y el duro asfalto de la ciudad.
En Antioquia por ejemplo, las autoridades departamentales resaltan, con cierto regocijo, el departamento “ejemplo de atención a la población desplazada”, pero cuando se profundiza en el tema la imagen mediática se desdibuja y lo que se revela es una situación compleja de manipulación de cifras y de indignidad humana. A esto se le suma la preocupación por el fallo de tutela de un juez de Carmen de Bolívar que ordena liberar de manera inmediata 40 predios en los Montes de María (unas 1.000 hectáreas) para que puedan ser vendidos. Descongelando parte del programa de protección de bienes de los desplazados. Esta es la misma zona, donde se ha alertado sobre aparentes compras irregulares de tierras a los campesinos.
No es de sorprenderse entonces, cuando a nuestro país no le va muy bien en las mediciones internacionales sobre derechos humanos, cuando las mujeres denuncian en su día el incremento de la violencia y sólo se celebra el hecho de estar vivas y luchando por sus derechos y por los de toda la sociedad. Poco hay por celebrar pues son las mayores víctimas de varias formas de violencia con alta responsabilidad del Estado, de su fuerza pública y de la sociedad. No es grato recordar que en Colombia los mayores abusos se han cometido a través de los falsos positivos a campesinos, afrocolombianos e indígenas y con la persecución sistemática a defensores de derechos humanos y periodistas. Hechos que le han costado al gobierno de Uribe el estancamiento del ilegítimo TLC con los Estados Unidos, así el gobierno afirme lo contrario.
Desafortunadamente no podemos decir lo mismo del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea ya que en la negociación de este TLC, los ganaderos señalaron que se había sacrificado el sector lechero a quien se le eliminó la protección de la franja de precios y los lecheros tendrán que competir desventajosamente con la leche fuertemente subsidiada que llegará de Europa. Este resultado era totalmente previsible y sólo la ingenuidad o mala fe de algunos dirigentes gremiales, podrían suponer otra cosa.
Finalmente, ante las evidentes realidades se requiere de una revisión crítica pero sobre todo propositiva, que no albergue falsas esperanzas en figuras o planteamientos políticos engañosos. Se necesita con urgencia mantener y fortalecer la esperanza que permite vivir. Continuar la lucha sin desfallecer desde nuestras propias acciones, hay mucho por lo que hay que luchar, tenemos el compromiso de curar la salud, recuperar la educación, proteger el agua pero sobretodo salvar la vida.
Mientras unos ondean las banderas de las políticas que nos dividen y aplauden al verdugo que nos mata, nosotros los invitamos a seguir firmes en el empeño de construir conciencia. Creemos que es urgente insistir en comprender la verdadera realidad que nos oprime para actuar, movilizarnos y defender nuestro derecho de vivir con dignidad.
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