Aunque algunos constitucionalistas dicen que, desde el principio, la iniciativa está viciada y por eso todo es ilegal; otros dicen que éste es un trámite administrativo que no afectaría la iniciativa y se puede impugnar. Sin embargo, la decisión de este grupo de conjueces nombrados por el CNE ha generado un gran revuelo en la política colombiana.
Una sala de conjueces del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia invalidó este viernes en la madrugada la recolección de firmas para convocar el referendo que busca la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe en los comicios de 2010, por violarse los topes de financiación en el proceso.
Los mismos conjueces decidieron presentar cargos contra los nueve promotores de esta iniciativa, entre ellos el ex embajador Luis Guillermo Giraldo, debido a que éstos violaron los topes de financiación del proceso de recolección de firmas, según dijo el jurista Carlos Mario Isaza, del equipo de tres jueces que adoptó las decisiones.
"Todo el proceso surtido (por los impulsadores del referendo) ante la Organización Electoral fue violatorio de las condiciones de plena garantía que exige la Constitución Política, por violación de los topes de financiación", opinó Isaza.
El conjuez dijo que la iniciativa fue dejada sin validez por su voto y el de Felipe Pérez, también integrante del grupo de conjueces junto a Manuel Pretelt de la Vega, quien se apartó de la decisión de ambos.
Algunos analistas, sin embargo, aseguran que los promotores de la iniciativa podrán recurrir la decisión de los conjueces mediante un recurso legal de reposición, según reportó el corresponsal de teleSUR en Colombia, Mauricio Pichot.
"Hay constitucionalistas que dicen que como, desde el principio, la iniciativa está viciada, todo es ilegal; pero otros dicen que este es un tramite administrativo que no afectaría la iniciativa y se puede impugnar", agregó Pichot.
El comité promotor del referendo reunió casi cuatro millones de firmas de ciudadanos favorables a la reelección de Uribe, campaña que dijeron haber financiado en gran parte con un préstamo de dos mil millones de pesos (poco más de un millón de dólares).
Según lo establecieron los investigadores designados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el crédito no fue contraído para establecer la legalidad de la financiación de esta campaña, que fue realizada en los meses finales de 2008, por iniciativa de la firma Primero Colombia.
Al conocer la determinación de los conjueces del CNE, el representante legal de esta firma, principal financiadora del referendo, Carlos Jaramillo, anunció que sus abogados harán uso del derecho de reposición para llevar a segunda instancia este fallo.
"Vamos a imponer los recursos necesarios de reposición para llevar a segunda instancia porque no es posible que tres conjueces monten un circo como el que se vive en este momento", aseguró Jaramillo a la prensa colombiana.
Para el ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, el acto legislativo debe ser declarado inexequible; el candidato Liberal Rafael Pardo sostuvo que el referendo ya es inviable mientras que Gustavo Petro, candidato del Polo Democrático, indicó que todo el proceso, incluyendo el que se surtió en el Congreso, quedó deslegitimado .
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Oscar Giraldo, dijo este viernes desconocer el concepto y aclaró que la decisión de los jueces no se puede interpretar aún como una decisión del máximo tribunal electoral. "Es un concepto el cual una vez conozcamos vamos a estudiar", dijo Giraldo; mientras que el también magistrado del CNE, Marco Hincapié aseguró que "el anuncio tendrá que ser analizado en sala plena".
Los conjueces fueron nombrados por el CNE luego de que la entidad no logró tomar una decisión sobre la ponencia del magistrado Joaquín José Vives, que proponía formular cargos contra miembros del comité promotor del referendo.
El pasado mes de septiembre, el Congreso colombiano aprobó una polémica ley que convoca a los colombianos a un referendo para modificar la Constitución y permitirle así a Uribe un tercer mandato consecutivo, en medio de denuncias de la oposición sobre el pago de sobornos por parte del actual presidente.
La norma es revisada actualmente por la Corte Constitucional, integrada por ocho magistrados, que deben certificar que el trámite del proceso es conforme a la Constitución, un estudio que podría durar hasta cinco meses.
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