El presidente de Colombia Álvaro Uribe en una visita a la ciudad de Medellín realizada el martes 27 de enero del 2009, propuso la creación de una red de cooperantes del Ejercito Nacional conformada por 1.000 (mil), estudiantes de la ciudad, para que ayuden a la Fuerza Pública en la lucha contra el crimen, los cuales recibirían un aporte de cien mil pesos mensuales (100.000$) que equivalen a 50 dólares. Días después, desde la ciudad de Davos en Suiza, confirmó su propuesta aclarando que se trataría de jóvenes mayores de 18 años.
Ante esta propuesta la RED JUVENIL DE MEDELLIN, organización de jóvenes que promueve desde hace 20 años el antimilitarismo, la noviolencia y la objeción de conciencia, como formas de construir relaciones humanas que permitan la superación de las causas estructurales del conflicto social y armado en Colombia y apostarle a una sociedad desmilitarizada, quiere hacer las siguientes apreciaciones.
La historia de la ciudad de Medellín ha estado por décadas transversalizada por una profunda situación de conflicto urbano que ha implicado que por años, grupos al margen de la ley controlen los barrios de la ciudad. Esta difícil situación se ha presentado, por un lado, por la legitimación de la violencia como forma de resolver los conflictos y como mecanismo de control de la población; pero por otro, se ha sostenido por las difíciles condiciones materiales en las que se encuentran los habitantes principalmente de los sectores populares, pues son notables las dificultades económicas, la situación de pobreza, el problema de desplazamiento que se concentra en las periferias de la ciudad, y el poco acceso a los derechos. Este complejo contexto, además mediado por la situación de orden público en el que se encuentra el país desde hace décadas, hace que hoy en Medellín, según informes de organizaciones sociales y la misma oficialidad, hagan presencia alrededor de 300 bandas organizadas que concentran cerca de 6.000 personas armadas.
Esta situación lleva años de conocimiento de sectores de organismos del estado, sectores económicos y políticos, que tal como lo han mostrado las investigaciones resientes, han legitimado, apoyado y negociado con estos grupos armados; pues hay bandas que llevan más de 15 años en la ciudad.
Una situación como está implica que el Estado mire mas allá, comprenda la verdadera dinámica del conflicto urbano de Medellín, y se atreva tomar medidas que realmente solucionen de raíz el problema y no lo agudicen, como pasaría con medidas como estas. Y tal como ha pasado con medidas cortoplacistas como las que se han tomado en ocasiones anteriores; pues mientras se desconozca, que el problema es estructural y que se hace necesario resolverlo, la situación continuara empeorando como lo muestran no solo los índices de homicidios, sino también los de pobreza, desempleo formal y exclusión social.
Como agravante de esta situación en la ciudad se encuentra la desconfianza que siente la población por las actuaciones de la fuerza pública en algunos sectores y por los cuales algunos funcionarios se encuentran procesados; así como de los demás organismos del Estado y sectores políticos, de lo cual ya se han arrojado investigaciones.
Esta medida, lo que traerá consigo es la agudización del conflicto urbano que vive la ciudad; al generar más desconfianza entre los pobladores y por tanto un escenario de mayor confrontación armada.
Se incurre en una Violación del derecho internacional humanitario, pues esta medida es una falta contra el principio de distinción que implica la separación de la población civil dentro de la confrontación; esta medida, es una forma de involucrar a la población, escaza de dinero, dentro de la dinámica de la guerra, la cual, la sociedad ha manifestado que rechaza y repudia.
El mensaje implícito que hay detrás de medidas como estas es "que la guerra si paga", pues buena parte de la ayuda internacional que recibe el Estado colombiano se va para asuntos militares, igual pasa con los impuestos de los colombianos. Mensaje que por ningún motivo aceptamos y reconocemos como nuestro; pues la guerra y los procesos de militarizació n de la población civil son actos que rechazamos y consideramos contrarios a cualquier construcción de sociedades libres.
Los que se evidencia ante medidas como estas es un notorio fracaso de la política de seguridad democrática, que además de no poder resolver de raíz sus promesas con relación a los grupos insurgentes, ha sido garrafal su fracaso en las zonas urbanas en donde no ha podido siquiera lograr el control territorial; pues hay notorios sectores de la ciudad en los cuales la presencia de grupos armados al margen de la ley es evidente.
Como si fuera poco, los procesos de reinserción, de justicia y paz, de negociación con las bandas y de sometimiento a la justicia; que desde el principio organizaciones sociales y no gubernamentales llamamos la atención sobre su fracaso e inconveniencia; hoy muestran con hechos que realmente no pudieron resolver la situación de orden público.
Medidas como estas fortalecen la estigmatizació de la población juvenil, que además de poner la mayoría de muertos en la ciudad, también son objeto de las medidas de control por parte del Estado y ahora el propio gobierno nos quiere incluir dentro de la confrontación.
Si discrimináramos la propuesta del presidente Uribe; tendríamos entonces que si se quieren estudiantes mayores de edad, eso implica que los que conformarían la red de cooperantes serian estudiantes universitarios; lo que llevaría a pensar que se trataría, en ese caso, más de un intento por controlar las universidades y en particular la organización y movilización de los estudiantes; se convertiría esto, en una forma de control político, más que para resolver la situación en los barrios. Esto sería entonces una forma mas de criminalizar las luchas populares y de los movimientos estudiantiles.
Medidas como estas lo que hacen es reforzar el interés de las políticas de seguridad del actual gobierno, que es el de militarizar la población civil; la pregunta que queda es ¿Que pasa en una sociedad en ese estado de militarizació n?, la respuesta flagrante es que eso implica una sociedad que delega en la violencia la resolución de cualquier conflicto; una sociedad acrítica, sometida al imperio de los ejércitos y de mercenarios, legitimadora de la guerra, porque se convierte la violencia en el medio de subsistencia de la gente (piénsese también en la propuesta que en la ciudad de Cali, la red de cooperantes sea conformada por los conductores de servicio público) y construida desde los pilares axiológicos de la desconfianza, el control, la eliminación del enemigo y la obediencia; valores que contrarían la construcción de una sociedad libre y autónoma.
Ante este escenario de militarizació n de la sociedad, hastiada de la guerra; proponemos una reacción de la población, guiada por los principios de la noviolencia, y es el camino de resistencia civil; resistencia a la presencia de grupos armados en los barrios sean de donde sean, resistencia al escenario de violencia, resistencia y no cooperación a estas medidas guerreristas que lo que hacen en lugar de proponer ciudadanos es proponer mercenarios, resistencia a la estigmatizació n de la población juvenil; resistencia al desconocimiento de una situación de conflicto urbano en la ciudad, complejo y que requiere de medidas más integrales y humanas.
Más información:
Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
| Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago) |
Microdonación de 2 euros
| Donación de importe libre
|
|