El alarmante aumento de casos de periodistas y columnistas de opinión llamados a los estrados judiciales, acusados de atentar contra el honor de destacadas o cuestionadas personalidades de la realidad colombiana, ha llevado a que se acuñe la expresión “acoso judicial” para referirse a este complejo panorama (1).

El más reciente episodio de querellas contra columnistas se desarrolló durante el juicio contra Alfredo Molano. Aproximadamente 16 horas, distribuidas entre el viernes 29 de enero y el lunes 1 de febrero, fueron necesarias para escuchar a los testigos y expertos citados a la audiencia de juzgamiento contra Molano Bravo, por los delitos de injuria y calumnia. Este proceso penal fue iniciado por cuatro miembros de la familia Araújo, de Valledupar, por la columna “Araújos et al” publicada en el periódico El Espectador en febrero de 2007 (2). Algunos intervinientes en la diligencia judicial demostraron su lamentable desconocimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección a la libertad de expresión. Por otra parte, el ritualismo procesal acaparó la atención que debía darse al debate de fondo: la judicialización y los límites constitucionales a la libertad de opinión.

Luego de los alegatos finales de la fiscalía y acusadores, quienes pidieron la condena de Molano, y del defensor del acusado y del representante del Ministerio Público, quienes pidieron la absolución, el juez cuarto penal municipal señaló que el próximo 9 de febrero – fecha que coincide con la celebración del día del periodista - dictará sentencia en este caso.

Esta audiencia de juzgamiento fácilmente puede ser la inspiración de una columna de opinión de Molano, donde describe los comportamientos, carencias, vicios y virtudes de diferentes sectores de la sociedad colombiana.

Uno de estos comportamientos se ve en la cada vez más frecuente reacción de algunos “notables” regionales y nacionales frente a las expresiones críticas sobre su comportamiento “especulativo”, como lo señaló Molano en su columna. Pero, una interpretación muy subjetiva del comportamiento especulativo puede ir más allá del significado económico. Muchos “notables” especulan frente a la justicia, buscando lucrarse en desmedro de los derechos fundamentales de los colombianos.

Otro comportamiento que se afianza en esta sociedad propensa al maniqueísmo, es el de la deslegitimación de la solidaridad.

Uno de los denunciantes calificó como “inexplicable” la “solidaridad de cuerpo” de los colegas de Molano. Agregó posteriormente que la presencia de las cámaras de diferentes medios de comunicación y la convocatoria hecha a periodistas y organizaciones internacionales hacía parte de una “estrategia calculada”.

Pasando por alto que el denunciante desconociera el derecho que tienen los medios de comunicación a presenciar las audiencias penales, los periodistas, en solidaridad o en el cubrimiento de un hecho noticioso, debían estar presentes en esa sala de audiencias. La denuncia contra Molano y la propuesta de conciliación consistente en que el columnista publicara una rectificación, previa aprobación de su texto por parte de los querellantes, no sólo es un intento de ultrajar el derecho a la libre expresión de las opiniones propias. También es una amenaza al derecho que tenemos todos los habitantes a conocer la opinión de los demás, el derecho a estar informados y acceder a la interpretación que una persona experta en determinado tema pueda hacer al respecto.

Me atrevo a afirmar que los valientes que expresaron en las puertas del complejo judicial su rechazo a las prácticas intimidatorias contra la libre opinión en Colombia, no contaron con el suficiente respaldo que su causa merece. Es tan legítima esta solidaridad, como la que podían invocar los denunciantes a los otros “notables” Araújo… de Valledupar.

El 9 de febrero – día del periodista – se conocerá la sentencia con la que termina esta instancia judicial. Existe una extensa jurisprudencia colombiana sobre libertad de expresión, y específicamente sobre la libertad de opinión, a disposición del Juez 4 Penal Municipal. También existe una extensa cadena de solidaridad con Alfredo Molano, porque su derecho a opinar es nuestro derecho a conocer su opinión, y porque el derecho que tienen todos los periodistas a informar, es nuestro derecho fundamental a estar informados.

NOTAS

(1) Como ejemplo de estas publicaciones cito algunas:

Eurodiputados denuncian acoso judicial contra periodistas en Colombia. En: http://www.p-es.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3920:eurodiputados-denuncian-acoso-judicial-a-periodistas-en-colombia&catid=37:libertad-expresion&Itemid=61

Periodismo bajo acoso judicial. En http://www.voltairenet.org/article162197.html

Varios periodistas víctimas de procesos judiciales que violan el secreto profesional o son dirigidos a silenciar críticas. En http://www.ifex.org/colombia/2008/08/28/several_journalists_victims_of/es/

Caso Molano: La limitación del libre flujo de ideas es incompatible con la libertad de expresión. En http://www.fipcolombia.com/noticiaAmpliar.php?noticia=2294

Aumentan las demandas de políticos y parapolíticos contra columnistas. En: http://www.cambio.com.co/panoramacambio/782/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4347348.html

FEPALC ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En http://americalatina.ifj.org/es/articles/fepalc-ante-comisin-interamericana-de-derechos-humanos-de-la-oea

(2) http://molanosomostodos.blogspot.com/2008/08/arajos-et-al.html

(3) Acceso de medios de comunicación a audiencias penales. En http://www.fipcolombia.com/noticiaAmpliar.php?noticia=3558 Enlaces a esta entrada Etiquetas: ACOSO JUDICIAL., ALFREDO MOLANO, LIBERTAD DE OPINIÓN Publicado por "Derecho ciudadano a la información": en 3:09:00 PM