Colombia ha presentado un informe por escrito a la octava sesión anual del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas que está celebrándose en Nueva York durante estos días, entre el 18 y el 29 de mayo. Aparte de exponer un panorama difícil de identificar, como está demostrándose en la misma sesión del Foro, por quienes padecen las actuales políticas del gobierno colombiano en materia indígena, se aprovecha la ocasión para reafirmarse la posición contraria a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Así se argumenta: "A pesar de que esta Declaración no es una norma jurídicamente vinculante para el Estado, ni constituye prueba alguna de la conformación de disposiciones de naturaleza convencional o consuetudinaria vinculantes para Colombia, se encontró que algunos aspectos de esta Declaración entran en franca contradicción con el orden jurídico interno colombiano, lo cual llevó al Estado colombiano a abstenerse de votarla".
En la presentación oral del mismo informe Colombia cambia espectacularmente de posición. Lo que dice el informe escrito resume lo que se expuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 para justificarse la abstención de Colombia en la votación de la Declaración que resultó apabullantemente positiva. Colombia así se significó entre los Estados de su región, Latinoamérica y el Caribe, los cuales apoyaron masivamente la Declaración.
Colombia quiere ahora dejar de significarse.
El cambio de posición ya se había anunciado recientemente en la Conferencia de Examen de Durban celebrada en Ginebra entre el 20 y el 24 de abril. Ante
este foro, la Viceministra de Asuntos Multilaterales de la República de Colombia se refirió a la Declaración en unos términos que, vistos los antecedentes, resultaron realmente sorpresivos: "Deseo manifestar que Colombia respalda este documento (la Declaración) y lo valora como una importante hoja de ruta". No es que fuera un pronunciamiento muy preciso, pero bastó para producir la sorpresa desde luego.
En Nueva York cundía la expectativa respecto a la posición definitiva de Colombia. ¿Va a mantener el rechazo reiterado en el informe o va a confirmar un giro tan pronunciado y, en consecuencia, a precisar su alcance? He aquí por fin lo que manifiesta el 18 de mayo la embajadora de Colombia en las Naciones Unidas ante la abarrotada asamblea de representantes indígenas y de Estados que asisten a la octava sesión del Foro Permanente: "Mi delegación desea reiterar la decisión del Gobierno de Colombia de expresar su apoyo unilateral a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a su espíritu y a los principios que inspiran su contenido".
La embajadora añade que su gobierno ha enviado una nota al Secretario General de las Naciones Unidas expresándole el consiguiente apoyo de Colombia "a los derechos afirmativos y especiales de los pueblos indígenas, a la promoción de la libre determinación y al respeto del pluralismo y de la diversidad étnica y cultural". Tampoco es que se precise mucho, pero el anuncio del cambio se expresa de forma que parece ir en serio.
Precisiones se piden por supuesto. ¿Va Colombia a revisar todas las leyes y todas las políticas que durante los últimos años han venido atropellando y desmantelando los derechos de los pueblos indígenas? ¿Va a adoptarse una política de devolución de las tierras sustraídas a indígenas por la violencia política y a revisarse por tanto las concesiones realizadas para la explotación de recursos dentro de las mismas? ¿Va a adoptarse una política de seguridad que no discrimine a indígenas y que no se aproveche para la ocupación militar y el
aprovechamiento económico de sus territorios? En fin, ¿va por fin el actual gobierno de Colombia a cambiar de política en materia indígena?
La respuesta no resulta positiva. Ni siquiera se entiende que hayan de cambiarse unas políticas que se tienen por adecuadas. Esta parte del informe escrito de Colombia al Foro Permanente no se corrige en absoluto. Tampoco se procede a corrección alguna de las razones que antes motivaban el rechazo de la Declaración. Se mantienen completamente con una función distinta ahora.
¿Qué pasa con la "franca contradicción (de la Declaración) con el orden jurídico interno colombiano", comenzándose por la Constitución. Resulta que nada pues, según se le explica a la asamblea del Foro Permanente, la Declaración deberá entenderse en Colombia conforme a su sistema constitucional y jurídico.
Además, se insiste, "la Declaración no es una norma jurídicamente vinculante para el Estado, ni constituye prueba alguna de la conformación de disposiciones de naturaleza convencional o consuetudinaria vinculantes para Colombia". A Colombia le importa poco que en el Foro Permanente se esté manifestando continuamente lo contrario: que la Declaración es vinculante y que lo es su contenido entero, no sólo su "espíritu y los principios que inspiran su contenido".
Ya ha calificado Colombia su apoyo como unilateral, nada conforme al entendimiento de la comunidad internacional, la cual no admite que un instrumento de derechos humanos pueda subordinarse al orden interno, ni siquiera al constitucional.
Por parte de su actual gobierno, a Colombia se le puso en una posición comprometida cuando se le significó con la abstención en la Asamblea General.
Se le vuelve a poner en un compromiso cuando se le hace cambiar de posición de una forma tan ligera e inconsecuente.
Por todo lo visto, el gobierno colombiano piensa que el derecho internacional de los derechos humanos no va en serio y que aún menos va a ir en serio el de los derechos de los pueblos indígenas. Eso pretende. Intenta sencillamente utilizar el derecho internacional para ocultar las políticas internas.
Es en vano. Colombia sigue quedando en evidencia ante el Foro Permanente gracias a los representantes indígenas intervinientes en sus sesiones.
El gobierno de Colombia se llevó la ovación larga y compacta que seguramente esperaba.
*Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
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