Dicen los campesinos que cuando pasan las avionetas de Dyncorp, dejando su carga de odio y veneno sobre los campos del Valle del Río Cimitarra, se mueren muchos seres vivos, las gallinas todas, los peces en las ciénagas, la flora y la fauna de las selvas fumigadas. Las mujeres abortan más con el glifosato y los árboles mueren de pie acompañados solo por la soledad de los espantos rurales.
Se fumiga con glifosato como infringiendo un castigo a un enemigo construido desde sitios fríos y lejanos. En el sur de Bolívar, donde además se erradica actualmente de manera forzada con un operativo de guerra, una avioneta fumigadora es derribada por la guerrilla. Los campesinos salen de sus casas y se apresuran a rescatar al piloto que cuelga enredado de la copa de un árbol. Al notar que los labriegos se acercan, el piloto extranjero desenfunda su pistola y encañona a las sorprendidas personas, mientras espera el helicóptero que lo sacará de allí, de lo que él considera un infierno verde y hostil.
Esta escena real acecida hace algunos años ilustra perfectamente el conflicto de las fumigaciones. Una política de guerra donde se fumiga todo lo que es considerado un monstruoso enemigo que merece esa suerte.
El problema de los cultivos de coca, de los que viven al menos unas 250 mil familias campesinas colombianas, se difunde en los medios de comunicación desde un estereotipo que hace ver a un campesino como un narcotraficante o un terrorista, o lo que es peor, las dos cosas al mismo tiempo.
La campaña internacional del gobierno colombiano, denominada Responsabilidad Compartida: Un centro de biodiversidad amenazado por la cocaína” pone como responsables de la extinción de especies, como el Zamarrito del Pinche y del calentamiento global a los campesinos cocaleros, a las FARC , a los nascotraficantes (sin definir claramente quienes son los narcotraficantes colombianos) y a los consumidores de cocaína en el norte de Bogotá y del mundo. Ya el primo hermano del vicepresidente, Juan Manuel Santos, hace unos meses, siendo todavía ministro de defensa, había soltado, sin sonrojarse siquiera, la especie de que el principal responsable del calentamiento global eran las FARC.
"Por cada gramo de cocaína esnifado se destruyen cuatro metros cuadrados de selva", dice Pacho Santos, apelando a la conciencia de los consumidores barceloneses que pagan actualmente 60 euros por gramo de cocaína adulterada. Santos se queja en público de que suba el consumo en Europa donde España es el principal consumidor y de que los precios no hayan subido como se esperaba. Algo no ha funcionado en la planificación del departamento de Estado gringo cuando decidieron envenenar nuestro país y algo funciona muy bien en los abultados ingresos de Monsanto, la Dyncorp y en las instituciones militares y de Policía colombianas.
"Claro que el glifosato es tóxico" dijo Santos cuando del público le preguntaron sobre el impacto ambiental de las fumigaciones indiscriminadas de los cultivos de coca. "Pero solo fumigamos allí donde no lo podemos hacer de manera manual", agregó mintiendo. Por primera vez un funcionario colombiano reconoce la toxicidad del glifosato, al menos en público, aunque luego tratara de tapar la magnitud y el impacto dramático de las fumigaciones aéreas en el medio ambiente y la salud humana de los colombianos.
Cuando se le preguntó por qué el fenómeno, en tal magnitud, de los cultivos, de la producción de cocaína y del narcotráfico en Colombia, el vicepresidente dijo no saberlo. Se lo recordamos entonces: En la génesis del problema está el irresuelto conflicto agrario colombiano, la concentración violenta de la tenencia de la tierra, la expulsión y desplazamiento de millones de campesinos, la irrupción de la apertura neoliberal con su modelo económico de desarrollo excluyente que hizo inviable la economía campesina, el aumento del consumo de drogas en el mundo y la coyuntura, desde los años 80, del tráfico y el boom de cocaína en un escenario de instituciones corruptas que fueron configurando un estado mafioso y sin soberanía, como el que tenemos en nuestro país.
La connivencia y la unidad de acción de las mafias paramilitares del narcotráfico y de instituciones del estado contra las poblaciones campesinas, les llevaron a su expulsión más allá de la frontera agrícola, hacia nuevas zonas de colonización en las selvas de Colombia. Allí, en estas zonas, la coca continuará siendo una realidad económica y la única alternativa de supervivencia mientras no se solucionen de manera estructural los problemas arriba citados.
"A la selva no habría que echarle nada" finaliza el neo-defensor del medio ambiente Santos, tratando de saltar sobre las preguntas de un auditorio al que no le terminó de quedar muy claro lo de la responsabilidad compartida de los más débiles: campesinos colombianos y drogadictos del norte.
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