Cierre del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan
Sin el eco que cuando menos debiera una noticia de esta índole, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan anunció su cierre la semana pasada.
“Ante la situación de alta vulnerabilidad, los defensores y defensoras dejamos Ayutla para buscar un lugar seguro”. Así lo expresó Abel Barrera, director del centro que hasta la fecha desarrollaba su labor en el estado de Guerrero, México.
La guerra contra las drogas se ha erigido en guerra contra los pueblos indígenas. Están aún sin resolver, ponía como ejemplo, los casos de violación de Valentina Rosendo y de Inés Fernández, mujeres indígenas me`phaa, por parte de soldados en 2002. O los treinta casos de esterilización forzada de mujeres indígenas en comunidades.
Las amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias y asesinatos de defensores y defensoras se suceden. Los ataques que vienen sufriendo son premeditados.
Está reciente aún el caso de Raúl Lucas y Manuel Ponce, integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), detenidos en un acto público por presuntos agentes de policía. Aparecieron días después asesinados tras haber sido torturados. “Nadie dijo nada, ni investigó nada”, expresó Barrera. “No hay justicia. No se investiga. Se nos criminaliza” y denunció la gravedad de la situación que se está viviendo.
Explicó Barrera que la presidenta de la Organización de los Pueblos Indígenas Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio, recibió amenazas en su celular el pasado 17 de marzo. Iba a seguir la misma suerte que Raúl y Manuel.
Una mala noticia la del cierre de un centro que vela por el respeto de los derechos humanos que día sí y día también se violan en uno de los estados más militarizados de la república mexicana. Lo que pone de manifiesto, una vez más, la situación de injusticia, impunidad y desprecio a la vida de los pueblos, sus integrantes y luchadores y luchadoras sociales que hoy, ahora, se vive en Guerrero y en el país entero.
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