El periodismo de los grandes intereses empresariales vino a cuestionar ley democrática. Están deliberando en Buenos Aires los delegados a la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. El blanco al que dispararon casi todos sus cartuchos fue la ley democrática de comunicación audiovisual.
Los engolados personajes de la SIP están creídos de simbolizar el modelo perfecto de periodismo, acaso el único que merece llamarse tal. Y andan por el continente, sobre todo en el Norte, donde tienen su sede (Miami), convencidos de ser las vestales de la libertad de prensa. Desde esas alturas, los popes de la entidad reparten premios y castigos. Y los publican a mansalva, para que la publicidad mil veces repetida haga que la letra entre. Son previsibles y repetitivos por lo que cada vez son menos los latinoamericanos pendientes de sus resoluciones. Se sabe de antemano que los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y ahora Argentina, están entre los más reprobados del mundo. Estos, por defender total o parcialmente los intereses de sus poblaciones, tienen asignada una “tarjeta roja” de expulsión permanente.
En cambio los gobiernos que representan al gran capital, caso de Estados Unidos, siempre se llevan algún premio. También se les disimulan las violaciones a los derechos humanos en general e incluso los específicamente cometidos contra el ejercicio del periodismo. En los últimos años no hubo lugar donde se matara a más periodistas que en Irak, bajo ocupación estadounidense. Sin embargo la SIP no realizó ninguna campaña internacional de denuncia; estaba ocupada en crear opinión pública contra Hugo Chávez… Si algún ingenuo pensó que con el paso del tiempo ese pro-imperialismo se iba a desteñir, cometió un error.
En la asamblea que cierra mañana en Buenos Aires, y que lleva el número 65, las cosas siguen su curso reaccionario. Un ejemplo. El titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, Robert Rivard, del San Antonio Express-News, Texas, puntualizó que este año “fueron asesinados 16 periodistas: ocho en México, tres en Honduras, dos en Guatemala, dos en Colombia y uno en El Salvador, la cifra más alta en los últimos años”. Sin embargo, a continuación pronosticó que se viene un “semestre complejo” porque se vive “en un clima general de inseguridad pública y mientras los presidentes continúan haciendo campañas de desprestigio contra la prensa”.
Alguien podía suponer que Rivard iba a hacer una lista de los gobernantes más represivos según aquella estadística de asesinatos. Error. El gurú texano dijo que “siguen paralizados proyectos de ley de acceso a la información en varios países o no son aplicados como en Chile, Ecuador, Panamá, o son inexistentes como en Cuba”. Y cargó contra la “discriminación de la publicidad oficial como sucede en Argentina, Ecuador, Uruguay y Venezuela”. Para decirlo con claridad. Hay una lista de países donde se asesina a periodistas pero la SIP carga contra Chávez, Raúl Castro, Evo Morales, Rafael Correa y Cristina Fernández, que serían “los peores del grado”.
Esta es la clasificación de la SIP, que se cree el mejor y hasta único periodismo. Es el peor, el que pactó con las dictaduras, creció con los monopolios e hizo de la comunicación un negocio, neoliberalismo mediante. Tiren contra la ley Después del informe del titular de la susodicha Comisión, vino el de Bartolomé Mitre, director de “Gaceta Ganadera” y tribuna de doctrina agropecuaria que fungió como presidente del “Comité Anfitrión”. Como era también previsible, condenó “las irracionales agresiones a las que está sometida la prensa en el escenario actual del periodismo americano”. Estas tendrían su origen en “los desbordes de estructuras políticas y gubernamentales que apelan a cualquier recurso para intimidar o silenciar al periodismo libre”.
La conclusión política era obvia: “la Argentina no es una excepción a esta deprimente realidad”. Confirmando la regla de que no hay “periodismo independiente y objetivo” sino que las posiciones políticas y los intereses económicos de uno u otro signo tiñen de subjetividad las apreciaciones, las palabras de los dirigentes de la SIP pegaron muy duro sobre el gobierno argentino. Lo habían sentado en el banquillo de los acusados, y sin permitirle defensa alguna, también lo habían condenado de antemano. El mencionado Rivart puso al tope de los peligros para el periodismo libre “la ley de Servicios Audiovisuales en Argentina y la ley de Comunicación en Ecuador”.
Al abrir propiamente la Asamblea, el titular de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó que “la libertad de prensa se encuentra bajo acoso en varios países del continente, también en Argentina”. El motivo de tanta inquina es la Ley Nº 26.522 de comunicación audiovisual aprobada en octubre por el Senado luego de un democrático debate en la sociedad y en Diputados, donde se le incorporaron unos 200 añadidos, cambios y mejoras. Ya el 15 de ese mes la entidad con sede en Miami se había pronunciado en forma adversa a la misma. Entre otras cosas reprochó que el Estado tendría “poder discrecional” para controlar la actividad periodística. Dio por sentado que el oficialismo de turno tendrá “mayoría” en el órgano de aplicación y “potestad” para revisar las licencias cada dos años.
En suma, el comunicado terminaba chicaneando con que la norma debía dotarse “no sólo de legalidad sino también legitimidad”. Cualquier semejanza del comunicado con los editoriales de “La Nación” y Clarín, los discursos de Elisa Carrió, Julio Cobos, Mauricio Macri y Francisco de Narváez, los pronunciamientos de Adepa, etc, no son nada causales. Se trata del mismo movimiento político y empresarial, con idénticos intereses mediáticos y al servicio de una sociedad para pocos, que sintoniza la onda de Washington.
Las críticas, o mejor dicho diatribas, de los popes de ese periodismo contra la ley democrática fueron absolutamente falaces. Sólo le dieron una pátina de verdad relativa Hugo y Pablo Moyano, al bloquear con camioneros la distribución de los dos pasquines mayores de la SIP en Buenos Aires. Más inoportuna no pudo ser esa medida: equivalió al procedimiento fallido de Afip contra Clarín en pleno debate de la ley. Poco democráticos
Los periodistas visitantes y domésticos domesticados claman contra el gobierno de Cristina Fernández que supuestamente los tendría “bajo acoso”. Los hechos los desmienten no sólo por la discusión amplia de la ley de medios, que aquella fauna insiste en descalificar como “mordaza”. También por la promoción oficial de la despenalización del delito de calumnias e injurias que pendía como espada de Damocles sobre los periodistas y en ocasiones caía y cortaba (caso de Eduardo Kimel, autor de “La masacre de San Patricio”). Sucede que la tropa de la SIP está desfilando en forma disciplinada siguiendo la defensa de intereses del grupo Clarín y otras empresas que ocupan posiciones dominantes en los medios.
Esta gente está crispada, para usar un término que ponen en cabeza de sus adversarios, porque se supone que tendrán que vender parte de sus licencias de radio y TV para adecuarse a la nueva normativa. Y frente a ese hecho económico-financiero, no hay razones de periodismo que valgan a la hora de una evaluación serena de virtudes y defectos de la ley sobre servicios audiovisuales. Para la derecha asentada en Miami la ley argentina sería equivalente a las de Chávez. Pero siempre hay un extremista que va más allá y éste ha sido el caso del ex banquero Emilio J Cárdenas.
Para el ex representante del menemismo en Naciones Unidas, la comparación más adecuada sería con Cuba (Clarín 4/11). Está de más decir que eligieron hacer la 65º Asamblea en Buenos Aires para atizar el fuego de la oposición y los monopolios mediáticos contra la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Quieren apurar a los legisladores de la oposición a que se unan luego del 10 de diciembre para votar modificaciones al texto legal. Y para presionar a algunos jueces a aceptar los recursos que interpongan Clarinete y demás monopolios.
Los directivos de la SIP son los menos indicados para hablar de democracia, toda vez que apoyaron las dictaduras de los ´70 y ´80 y al Consenso de Washington neoliberal. Incluso en 2000 tuvieron por presidente de la entidad a Danilo Arbilla, ex director de Prensa de la última dictadura militar uruguaya. En la actualidad el titular es Santos Calderón, director de “El Tiempo” de Bogotá, de la familia del vicepresidente Francisco Santos Calderón. La “democracia” de Alvaro Uribe lleva comillas por las muertes de periodistas, la ligazón con el narcotráfico y paramilitarismo, y la cesión de las siete bases militares al imperio.
De eso la SIP no habló en el Hilton de Puerto Madero.
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