Portada del documental
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado chileno informar sobre la situación de la documentalista Elena Varela, así como de la incautación de los archivos de los documentales "Newen Mapuche" y "Sueños del Comandante", acogiendo así la solicitud de medidas cautelares presentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, junto con la Asociación de Documentalistas de Chile, el Observatorio de los Derechos de Pueblos Indígenas, Amnistía internacional y un grupo de destacados artistas y realizadores audiovisuales chilenos.
De acuerdo a la resolución, el Gobierno tiene un plazo de 15 días a partir del pasado 28 de agosto -fecha en la cual fue notificado- para evacuar la información relacionada con el caso.
El pasado 3 de julio los organismos mencionados solicitaron medidas cautelares urgentes a la CIDH debido a la incautación de todo el material audiovisual en el cual la documentalista trabajaba, producto de una investigación que la fiscalía de la Sexta Región lleva en su contra.
Elena Varela se encuentra en libertad bajo fianza, luego de cumplir tres meses de detención preventiva tras ser formalizada por el delito de asociación ilícita para delinquir, por su supuesta participación en el robo de una institución previsional el año 2005, y de ayudar al robo de un banco el 2004.
Al momento de su detención, ocurrida en la Araucanía, se encontraba realizando los documentales "Newen Mapuche", financiado por el Fondart, y "Los Sueños del Comandante", con apoyo de la CORFO. La totalidad de los documentos y archivos audiovisuales de ambos proyectos fueron requisados y permanecen hasta el día de hoy en manos de la Policía de Investigaciones, a pesar de una solicitud expresa de la ministra de Cultura, Paulina Urrutia. Posteriormente, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que protege el derecho de resguardo de la fuente para los documentalistas.
En la solicitud de cautelares se alega la vulneración de su derecho a la libertad de expresión, así como el derecho que tienen los documentalistas de proteger la identidad de sus fuentes –derecho ya reconocido para los periodistas-.
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