Ayer miércoles 18 de agosto los estudiantes pretendían realizar una marcha pacífica por la Alameda desde Plaza Italia hasta el ministerio de Educación, la respuesta represiva del gobierno y del Ministro Joaquín Lavín fue extremadamente brutal. Cualquiera que estuviera en los alrededores de Vicuña Mackenna y Alameda pudo observar el desproporcionado despliegue policial, era inevitable relacionar esto con los peores tiempos de la dictadura.
Carabineros tiene garantizado total impunidad en la represión                               
Desde la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia es notorio el cambio en el accionar de la policía en cualquier actividad en que los trabajadores, pobladores y jóvenes intentan manifestar sus puntos de vista o hacer sentir su molestia o protesta frente a las medidas arbitrarias e inconsultas de las autoridades la respuesta es una sola, una brutal represión, para aplastar a los que intenten manifestarse.
La brutalidad empleada por carabineros para detener a algunos estudiantes, claramente esta rayando en la tortura, todo a vista y paciencia de cientos de personas que ven esto y que lo aceptan como algo normal. Esta claro que no puede ser normal que se doble los brazos de estos jóvenes hasta que se retuercen de dolor o que se les apreté el cuello hasta que estos chicos no puedan respirar, además es bueno preguntarse ¿Que ocurre al interior de los buses, cuando no se les puede ver?
La espiral que hoy estamos observando en la brutalidad policial, solo tiene como referencia lo que vivimos durante los oscuros años de la dictadura, se puede inferir en el accionar de las “fuerzas especiales” para la represión que alguien le ha garantizado su total impunidad, esto puede conducirnos a situaciones aun peores, como los crímenes cometidos por estas fuerzas bajo el régimen militar, de hecho ya existen un par de casos de muertes a raíz de la brutalidad policial.
No podemos aceptar la criminalización de la protesta social
Los mapuche, los anarquistas, los trabajadores y los jóvenes, son ciudadanos de segunda categoría y en algunos casos hasta de tercera y por lo tanto deben ser tratados como delincuentes o criminales.
Por supuesto el movimiento obrero, social y político de izquierda de este país, debe poner atención sobre esta situación y empezar a denunciar públicamente esto y defender los derechos humanos del conjunto de la clase trabajadora.
Esta claro que debemos oponernos y denunciar la pretensión del actual gobierno de los empresarios, que intenta criminalizar la protesta social.




