Hugo Chávez
No puede pasar un día sin que el imperio y sus adeptos neocoloniales saquen a relucir alguna nueva arma arrojadiza que utilizar contra uno u otro de los gobiernos progresistas y revolucionarios que vienen desarrollando su labor en América Latina, convenientemente publicitada a través de los medios lacayos que tienen a su servicio, con miles de prosti-periodistas a sueldo. Ahora, una vez más, le ha tocado el turno al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Resulta que el pasado día 18 de septiembre la “ONG” Human Rights Watch ha presentado un
informe en el cual se despacha a gusto con la supuesta nefasta situación de los Derechos Humanos en la Venezuela de Chávez. El título bajo el cual nos es presentado dicho informe, ya lo dice todo: “
Una Década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”. En él, se acusa al gobierno bolivariano de toda una serie de hechos que poco menos que convierten al régimen político venezolano en una dictadura de facto. Entre otras cosas, se acusa al gobierno chavista de haber secuestrado el Tribunal Supremo, de haber acabado con la independencia de poderes, de haber cohibido la libertad de expresión, de atentar contra los derechos civiles, de marginar políticamente a los opositores y de impedir el desarrollo de una actividad sindical libre de ataduras gubernamentales e independiente. Casi nada.En realidad, aunque “resumido” en un libreto de más de 200 páginas, casi nada de esto es nuevo. A excepción hecha del tema sindical, el resto son los temas “estrella” sobre los cuales esta organización de “Derechos Humanos” se ha venido centrando desde que Hugo Chávez llegase al poder en 1998, y muy especialmente a partir de que el presidente retomase al poder, con la ayuda del pueblo, tras el golpe de estado de abril de 2002. Curiosamente, además, las campañas en “favor de los Derechos Humanos” que esta organización ha venido desarrollando en Venezuela, se han intensificado siempre en vísperas de alguna contienda electoral importante, sacando a través de ellas a relucir los argumentos manejados en su discurso político de campaña electoral por la oposición “democrática” venezolana. Como se puede comprobar
aquí, ya en vísperas del referéndum presidencial de agosto de 2004, entre Marzo y la fecha de celebración del mismo (15-08-2004), esta organización elaboró varios pronunciamientos centrados principalmente en la supuesta amenaza que ya en aquel momento (por eso digo que lo de ahora no es novedad alguna) venía sufriendo la independencia del Poder Judicial y el carácter democrático del Tribunal Supremo. Posteriormente, en vísperas de las elecciones municipales y parroquiales de agosto de 2005, en el plazo de tres meses antes de, también esta organización emitió dos comunicados denunciando la supuesta persecución penal a destacados miembros de la lucha por los
Derechos Humanos y otros elementos de la “
sociedad civil”. Más adelante, en fechas previas al referéndum por la reforma constitucional de Diciembre de 2007, y entrando de lleno en la valoración del contenido de la misma (
1 ,
2), en un plazo de dos meses previos a, se produjeron igualmente un total de tres pronunciamientos de diverso índole sacados a la luz pública por esta organización. Y ahora, dos meses antes de las elecciones de Noviembre, nos encontramos esto. ¿Sospechoso no?Entre medio de las diferentes contiendas electorales, por supuesto, algunos otros pronunciamientos e informes han visto también la luz, pero siempre relacionados con temas tan “
extraños” como la
no renovación de la licencia de emisión al canal RCTV,
los ataques a la libertad de expresión o las
supuestas relaciones entre Chávez y la guerrilla colombiana de las FARC.Es decir, aunque esparcidos en el tiempo, los temas tratados por esta organización de Derechos Humanos han sido siempre los mismos: socavamiento del Poder Judicial, ataques a la libertad de expresión, atentados contra los derechos de la “sociedad civil”, etc. En definitiva, para no liarnos, a lo largo de estos años atrás esta organización ha venido tratando los mismos temas que ahora ha recogido en éste último informe (que bien pudiera ser presentado como un resumen a prisa y corriendo de todos ellos), pero suministrados de manera conveniente a lo largo de los últimos cinco años siempre en fechas bastante significativas electoralmente hablando, o ante la presencia de acontecimientos extra-electorales que tomaron un fuerte cariz mediático internacional. ¿Sospechoso no?
Curiosamente, entre aquellas continuadas denuncias de 2004 en relación al peligro que corría el Poder Judicial y este informe de 2008 que así lo pretende constatar en la práctica, ha habido un acontecimiento que los autores del mismo parecen haber olvidado. En fecha de 05 de agosto del 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la cual, en los párrafos del 96 al 108, en un apartado especialmente titulado “6.1 Independencia del Poder Judicial en General” (y en donde se delibera jurídicamente respecto de, precisamente, prácticamente todas las acusaciones vertidas por el informe de HRW en relación al Poder Judicial) reconoce, entre otras cosas, lo siguiente “Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte sólo puede constatar que, en efecto, se aumentó el número de magistrados del TSJ y que hubo ciertas declaraciones de funcionarios públicos o de miembros del Poder Judicial. Sin embargo, lo anterior no permite a la Corte tener conclusión alguna respecto a la existencia de una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial en su conjunto. Tampoco queda probado en el expediente del presente caso que el Poder Judicial haya sido “depurado” ideológicamente. Por estos motivos, con las pruebas obrantes, la Corte no encuentra demostrado que el Poder Judicial en su totalidad carezca de independencia”.
Al parecer, los miembros de Human Rights Watch manejan una información respecto de estos asuntos judiciales y políticos que no pudieron tener en su momento los magistrados de la CIDH, a partir de la cual están legitimados para ir más allá de la sentencia redactada por el tribunal, volteando incluso las conclusiones presentadas en firme por el mismo. Ver para creer.
Por otro lado, el hecho de que exista esta sentencia de la mencionada corte, tampoco ha impedido a determinados medios de comunicación hacerse eco de la noticia, con titulares como “Chávez se hace con el control de los jueces” (El Pais).Para este diario, que se declara a sí mismo serio y riguroso, parece tener más importancia el reporte de una onG que el contenido de una sentencia emitida por una corte internacional en materia de DDHH. Aunque en realidad todos sabemos cuales hubieran sido los titulares si la situación se hubiese dado a la inversa, es decir, si hubiese sido una onG la que hubiera reconocido la independencia del Poder Judicial Venezolano y una corte de DDHH la que hubiese negado la mayor. Casualmente, además, este diario, que con tanto afán suele informar a los españoles de todo cuanto acontece en Venezuela (nótese la ironía), en la fecha que va desde la emisión de la sentencia al día de hoy, no se ha hecho eco en ninguna de sus informaciones de la mencionada resolución judicial, con lo cual, hemos de suponer, no es que sus prosti-redactores hayan obviado el contenido de la misma a la hora de lanzar semejante titular periodístico, es que, simplemente, no la conocen (nótese nuevamente la ironía).
Bromas aparte, resulta también curioso el modo en cómo el antaño diario independiente de la mañana presenta las credenciales de la onG que ha dado luz al informe. En un intento descarado por demostrar la “credibilidad” e “imparcialidad” de la fuente, ya en los primeros párrafos de la noticia nos habla de que tal organización ha “criticado duramente al Gobierno de Estados Unidos por su gestión de Guantánamo y al de Colombia por el proceso de inserción de los paramilitares.”. Cómo si hacer semejantes cosas tuvieran algún mérito en una organización que dice trabajar en el campo del control de los Derechos Humanos a escala planetaria. ¿Puede existir alguna organización que tenga un mínimo de seriedad en este campo y que pase por encima de estos asuntos?, ¿ya sería demasiado descarado, no? Total, que lo que se nos presenta como un símbolo de imparcialidad, en realidad no deja de ser el requisito indispensable para poder ser tomado medianamente en cuenta dentro del mundillo mediático de la defensa de los Derechos Humanos. Cualquier organización que no abarque tales contenidos, se llame como se llame y opere donde opere, deja automáticamente de poder ser considerada una organización preocupada por los Derechos Humanos, no hay más. ¿O tal vez estos señores de El Pais están tan acostumbrados a la mentira, el engaño, y el sesgo delainformación, que de verdad piensan que denunciar las tropelías de Guantánamo o el carácter paramilitar del entramado Uribista tiene mérito alguno para una organización anclada en el ámbito de los Derechos Humanos?, ¿se llegarán a creer sus propias mentiras en, por ejemplo, el asunto colombiano? Esa es la duda.
Aunque ya puestos a demostrar la credibilidad e imparcialidad de la fuente, el diario El Pais podría habernos avisado de los informes y pronunciamientos de la mencionada organización de Derechos Humanos en relación en temas que le quedan bastante más cercanos, como por ejemplo el quebrantamiento de los derechos humanos que se esconde tras la legislación española en materia anti-terrorista o tras el trato que reciben los menores inmigrantes no acompañados tras su llegada a suelo del estado español. Dos informes bastante extensos que seguramente pudieran resultar de interés para el lector del estado español.
Aunque bueno, pensándolo bien, tampoco nos extraña nada que no optaran por aportar tal información al lector, puesto que teniendo en cuenta que el primer informe fue emitido el 25 de enero de 2005, y el segundo el 26 de Julio de 2007, si rebuscamos en la hemeroteca del mencionado diario, el asunto de la legislación anti-terrorista no ocupó ni una sola línea en las sucesivas ediciones del periódico en, al menos, los siete días posteriores a la emisión del informe, mientras que el tema del trato otorgado a los menores inmigrantes se despacha con una noticia del mismo día 26 en la cual se deja claro desde un primer momento que “ La fiscalía investigó los hechos relatados por la onG sin hallar indicios de los malos tratos” y que “el informe levantará polémica porque sus conclusiones están basadas en declaraciones sin contrastar de menores no identificados”, acompañada en las sucesivas fechas por una noticia del día 27 en la que tras dejar claro en el titular que “el gobierno canario desmiente los abusos a menores inmigrantes”, se nos dice acto seguido “ nosotros sólo presentamos los testimonios, no investigamos, declara la onG denunciante” (léase, por favor, la noticia y nótese el trato informativo que se le da a la onG, a la que, por vía de una representante del gobierno canario, se la llega a tachar de “oscurantista”).Por supuesto, ninguna de las dos noticias fue portada ni nada que remotamente se le parezca, siendo relegadas a un papel absolutamente secundario dentro de los contenidos del diario en la sección destinada a informar sobre lo ocurrido en el interior de las fronteras del estado español.
No me negaran que resulta, cuando menos, curioso, que un diario que supuestamente tiene su principal fuente de negocio en el estado español, ante un informede una onG que ahora consideran totalmente seria, veraz y rigurosa, y en un tema tan comprometido para España como es el caso de la lucha antiterrorista, no gastase ni una sola gota de tinta para trasladar al ciudadano español las denuncias realizadas por esta organización de Derechos Humanos, mientras que ahora, en el caso venezolano, han dedicado portadas y primeras noticias en su edición virtual, y un seguimiento bastante completo en su edición en papel, ante la supuesta gravedad del hecho.
No me negarán tampoco, que resulta, cuando menos, bastante sorpresivo que ante un informe relacionado con el trato que se da a ciudadanos inmigrantes en el interior de las fronteras españolas, antepongan la credibilidad de la justicia y las instituciones españolas a las denuncias de la onG (tan prestigiosa y veraz), mientras que en el actual caso venezolano se priorice el informe de la organización (una organización que ella misma afirma “no investigar y sólo recoger testimonios”) a la sentencia emitida, y anteriormente comentada, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Se esconderá alguna intención manipuladora ante tal doble vara de medir y ante tales comportamientos tan curiosos y sorpresivos del mencionado diario? Obviamente es una pregunta retórica.
Más allá de esto, me pregunto también cómo es posible que la tan independiente y veraz onG de la que estamos hablando, con sus sesudos informes en materia de Derechos Humanos, y su manifiesta preocupación en asuntos relacionados con la separación de poderes, la libertad de expresión y otras cuestiones fundamentales del orden democrático, no haya elaborado informe algunos sobre algunas cuestiones, bastante interesantes, que así, a bote pronto, se me vienen a la cabeza:
1)La calidad democrática del sistema electoral de los EEUU, ahora que estamos también a un par de meses de la celebración de las elecciones presidenciales en este país. Si les parece bien a estos señores tan preocupados por la calidad democrática de los estados, aquí les dejo, en el enlace agregado al hipervínculo, veinticinco razones para que puedan empezar, desde ya, a elaborar dicho informe.
2)La subordinación del poder legislativo a los designios del poder ejecutivo que se esconde tras el derecho a veto que tiene el presidente del gobierno de los EEUU en relación a las leyes aprobadas por el Congreso y el Senado que no hayan obtenido una mayoría de 2/3 en ambas cámaras, lo cual es prácticamente imposible para cualquier materia polémica en virtud del panorama electoral de este país, y que ha sido utilizado en esta última legislatura por el señor Bush para vetar temas tan relacionados con los derechos humanos como: un proyecto de ley que prohibía la tortura a detenidos por presuntos delitos de terrorismo, un proyecto de ley que establecía la retirada de las tropas estadounidenses en Iraq,un proyecto de ley para ampliar la cobertura sanitaria infantil a los niños con menos recursos (vetada hasta por dos veces), un proyecto de ley para promover la investigación con células madre (también vetado en un par de ocasiones).
3)La situación de la libertad de expresión en México, en virtud de la concentración de los medios de comunicación en un par de grandes empresas del sector, beneficiadas por una ley declarada parcialmente inconstitucional.
4)La independencia del Poder Judicial en España, cuyo CGPJ es elegido a dedo por los partidos políticos mayoritarios, según los méritos obtenidos por actuaciones previas en defensa de los intereses políticos de uno u otro partido (por ahí andan ahora la Jueza del caso del “ácido bórico” o un miembro de la sala que en su momento absolvió a Juan Guerra). O cuyo Tribunal Constitucional afronta sus causas no en virtud de los contenidos jurídicos de las demandas, sino mediante la correlación de fuerzas políticas entre magistrados próximos a las tesis de unos u otros partidos políticos (caso paradigmático es el tema aún pendiente de la constitucionalidad o no del estatuto de Cataluña, asunto que ha ido pasando por diferentes etapas según la constitución del tribunal, en sus dimes (I) y diretes (II), estaba formada por más o menos magistrados de uno u otro lado político –remito a los hipervínculos propuestos-).
Esto, como digo, por poner sólo unos ejemplos de los innumerables que podríamos encontrar en los Estados auto-denominados como paradigmas de la libertad, la democracia y el buen gobierno. Tienen tarea, sin duda, los amigos de HRW. Mucha más de la que se puede encontrar en Venezuela, ese país que ya está sobradamente puesto ante los ojos de todo tipo de observadores jurídicos, políticos, económicos, sociales y mediáticos del mundo entero, seguido con lupa en todos y cada uno de sus movimientos gubernamentales.
Aunque, puestos a pedir, podrían empezar, sin salir de Venezuela, por hacer un nuevo repaso de los logros y fallos del gobierno revolucionario venezolano en los últimos diez años de mandato de Chávez. Un repaso, por ejemplo, en materias como la alimentación, la sanidad, la educación, la redistribución de la renta, o la lucha contra la pobreza. ¿O es que acaso estos temas han dejado de ser materia de Derechos Humanos, y no nos hemos enterado? Hasta hace no mucho tiempo hubiese jurado que, junto al derecho a la vida, eran estos los principales temas que preocupaban a los defensores de los derechos humanos en el mundo, encuadrados bajo iniciativas como los planes de Desarrollo del Milenio de la onU, planes con los que, dicho sea de paso, Venezuela ha cumplido sobradamente. ¿Es posible que un informe de una organización que se presente a sí misma como garante de los Derechos Humanos en el mundo, no abarque estos asuntos?, ¿en diez años de gobierno de Chávez sólo han podido encontrar fallos por doquier en el sistema democrático venezolano, y pocos o ningún acierto en la labor del gobierno a favor del respeto y la consolidación de los Derechos Humanos entre la población Venezolana, especialmente los hasta ahora sectores más desfavorecidos por la política estatal?, ¿realmente alguien en su sano juicio puede creerse que esto sea así?, ¿por qué han votado sistemáticamente entonces por Chávez y sus colaboradores los ciudadanos venezolanos, si tan mal andan en el respeto, nada más y nada menos, que de sus derechos como seres humanos?, ¿o es que acaso de lo que trata el informe de HRW no es de Derechos humanos, sino, más bien, de Desechos humanos?
Bien, ya puestos, habremos de elaborar una lista de estos Desechos, efectivamente quebrantados sistemáticamente por el gobierno de Chávez: El derecho al golpe del estado contra aquellos gobiernos legítimos que no son del agrado del imperio. El derecho a la mentira, la calumnia y la manipulación informativa. El derecho a concentrar el poder político y económico en manos de un centenar de personas y sus serviciales colaboradores lacayos. El derecho al magnicidio de aquellos líderes políticos o sociales que no se plieguen a los intereses de las élites dominantes. El derecho a la explotación feudal de los campesinos. El derecho, en definitiva, al triunfo de los Desechos humanos frente a los derechos humanos de la mayoría social explotada por las garras del capital y sus esbirros.
Ahí, hemos de reconocerlo, Chávez se está comportando como un auténtico tirano.
Pedro Antonio Honrubia Hurtado.
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