La Dirección General de Policía y Guardia Civil ha difundido una circular "de uso restringido para unidades de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía" en la que ordena que los expedientes de expulsión de extranjeros se inicien a la "mayor brevedad posible" y que sean trasladados a dependencias policiales los inmigrantes que en un control de documentación no puedan acreditar que residen legalmente en España.
Esta circular, firmada el 25 de enero por el comisario general de Extranjería y Fronteras, Juan Enrique Taborda, tiene un carácter especialmente reservado y así queda reflejado en todas y cada una de sus 29 páginas, en las que se puede leer un recuadro que indica: "Documento de uso restringido para unidades de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. Prohibida su reproducción, difusión o publicación o utilización por personal ajeno a estas unidades".
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, persigue "abordar de la forma más concreta posible las previsiones legales que fueron y son objeto de mayores controversias y las actuaciones policiales que las mismas posibilitan o imponen realizar" desde la entrada en vigor, el pasado mes de diciembre, de la nueva Ley de Extranjería.
Sin embargo, el texto cita otra ley, la de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en 1992 y según la cual todos los extranjeros que se encuentren en España "tienen la obligación de acreditar que se hallan legalmente". Según la interpretación que se da en la circular, esa ley permite a los agentes trasladar a dependencias policiales a los inmigrantes que no puedan cumplir con la citada "obligación".
En este sentido, el texto recuerda a los agentes que tienen dos opciones para trasladar a comisaría a un extranjero no identificado: conducir al individuo a efectos de identificación o llevarle en calidad de detenido, de forma que el inmigrante sería privado de libertad en dependencias policiales mientras se realizan las actuaciones necesarias para probar si se encuentra o no regularmente en España y cuáles son sus circunstancias.
Según la circular, esto supone una detención preventiva y por tanto no puede prolongarse más allá de 72 horas, tiempo durante el que el funcionario deberá dar luz verde al llamado "acuerdo de iniciación" que pone en marcha el procedimiento de expulsión, ya sea por el proceso ordinario, que da un tiempo al extranjero para abandonar voluntariamente el país, o por el preferente. En cualquier caso, este trámite deberá hacerse a "la mayor brevedad posible", afirma.
A LA MAYOR BREVEDAD
Para acortar tiempos, la circular recuerda la figura de la "delegación de la firma". Según explica, se trata de una medida "eficaz" establecida en el año 2000 "para que en los casos de ausencia del titular del órgano competente para dictar el acuerdo de iniciación del expediente sancionador de expulsión, no se demorase la permanencia del extranjero en la Comisaría sin haberse adoptado dicho acuerdo".
En este sentido, aclara que actualmente "de forma expresa el artículo 115 del Reglamento de Extranjería atribuye la competencia para ordenar la incoación del procedimiento sancionador a: el Comisario General de Extranjería y Fronteras, al jefe Superior de Policía, a los Comisarios Provinciales y a los titulares de las comisarías locales y puestos fronterizos. En suma, todos los titulares de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía".
RECURSO DEL EXTRANJERO Y PAPELES EN EL CIE
Otro de los asuntos a los que hace referencia esta circular es el derecho que tiene el extranjero de hacer constar su voluntad de recurrir su expulsión como requisito para disfrutar de asistencia jurídica gratuita. "Sobre este particular se recuerda que en tanto en cuanto no se dicte el Reglamento de esta Ley, en el que se concretará la forma en que ha de cumplirse (...) lo más fácil es entender que en tanto en cuanto no se produzca este nacimiento normativo no es obligado su cumplimiento".
"Lo más cierto es que nos encontramos con que son los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía los que tienen bajo su custodia a los extranjeros que se hallen en privación de libertad por infracciones a la Ley de Extranjería y también que el hecho de extender un acta en el que conste la voluntad expresa de recurrir judicialmente la resolución administrativa no incide negativamente en el actuar policial, sino más bien puede considerarse como un derecho del detenido a manifestar o declarar lo que le convenga", explica.
Por otra parte, en este escrito interno difundido a todas las comisarías también se reitera una serie de requisitos mínimos sobre la documentación que ha de acompañar al extranjero cuando se procede a su traslado en CIE. "Se ha de indicar que algunos de los directores de los Centros de Internamiento de Extranjeros han reiterado que cuando reciben a un extranjero, ese no viene acompañado de toda la documentación que, como mínima, esta Comisaría General ha indicado en anteriores Circulares", argumenta.
Interior defiende la legalidad de las expulsiones exprés
Sindicatos policiales, IU y colectivos de inmigrantes rechazan la polémica circular
Ni retirar ni modificar las expulsiones exprés. El Ministerio del Interior opina que la polémica circular interna de la Policía, en la que se da carta blanca a las detenciones "preventivas" de inmigrantes en situación irregular, no se separa "ni un milímetro" de la legalidad.
Un alto responsable de este departamento insistía ayer a Público en que el polémico documento, difundido el 25 de enero, se limita a explicar a los agentes cómo deben aplicar dos normas en vigor: la última ley de extranjería (aprobada a finales de 2009) y la de seguridad ciudadana, de 1992, más conocida como la ley Corcuera.
El ministerio dice que la ley permite las "detenciones preventivas"
De hecho, a última tarde de ayer, la propia Dirección General de la Policía emitía una nota con "aclaraciones" sobre la circular, en la que incidía en los mismos puntos. No obstante, estas mismas fuentes reconocieron ayer que el propio ministro del Interior y su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, no tuvieron conocimiento de la misma hasta que su existencia saltó a los medios de comunicación.
"Se ha estudiado con detalle y no hay nada irregular en la misma. Las detenciones preventivas se aplican tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros. La ley de seguridad ciudadana lo permite desde 1992 y nadie se ha quejado hasta ahora", reiteró.
Recurso en los tribunales
Asegura, además, que la circular no se separa ni "un milímetro" de la ley
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) mostraron ayer su rechazo a la circular. El SUP insistió en que el texto no se ajusta a derecho y que, por lo tanto, lo recurrirá ante los tribunales. "Trata a los inmigrantes como delincuentes", criticó la organización en un comunicado.
El CEP estudiará la citada circular 1/2010 antes de decidir si la recurre. Esta agrupación criticó la orden porque "empuja el trabajo de la policía hacia un escenario de inseguridad jurídica muy peligroso", y pidió a Interior que tenga en cuenta la opinión del Consejo General de la Abogacía Española, contrario al texto.
Varias asociaciones de inmigrantes también solicitaron la retirada de la circular. Para la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine), el documento "legitima la detención por sospecha y vulnera la Constitución Española en cuanto al trato igualitario de todos los ciudadanos", según denunció su presidente, Víctor Sáez.
Ferine asegura que el Gobierno ha dado un giro a sus políticas de inmigración como consecuencia de la crisis. La circular es un "grave retroceso en las políticas de integración" que aumenta "la xenofobia y el racismo y no resuelve los problemas de fondo", concluyó Sáez.
Preguntas en el Congreso
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, anunció que pedirá al Ejecutivo que explique en el Congreso de los Diputados las razones que sustentan la ordenanza. Y lo hará por doble vía: en la Comisión de Interior, para que lo explique el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, y también como pregunta parlamentaria.
Además, Llamazares criticó al Gobierno por negar la existencia de redadas e insistió en el riesgo de relacionar "inmigración y delito".
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