Foment y las clínicas concertadas instan al Govern a aplicar unas tasas generales. Los empresarios piden una rebaja de las prestaciones por dependencia
Los empresarios del sector sanitario han tardado poco en aparecer en el debate sobre el copago. Las patronales catalanas Foment y Fepime y las asociaciones de hospitales concertados, mutualidades y empresas tecnológicas del sector lanzaron ayer una propuesta de pacto que incluye la implantación de tasas no solo para los medicamentos, sino también para servicios como el menú que dan los hospitales a los enfermos.
Las organizaciones empresariales cogieron el guante lanzado por la consellera de Salut, Marina Geli, cuando reabrió el debate recurrente del copago. El descenso de los ingresos que sufren las administraciones debido a la crisis y, especialmente, al pinchazo inmobiliario hacen más urgente y necesaria la regulación de un sistema de tasas para que los ciudadanos sean corresponsables del gasto sanitario, según destacaron ayer los dirigentes empresariales.
"No podemos tener servicios suecos con impuestos mediterráneos", aseguró Boi Ruiz, presidente de la Unió Catalana d'Hospitals, que agrupa más de 100 hospitales, ambulatorios, centros de salud y diagnóstico y laboratorios concertados y privados. La caída de ingresos de la Administración ha agravado la situación de la sanidad pública hasta el punto de que Ruiz la calificó de "insostenible".
SIN FINALIDAD RECAUDATORIA
Para solventar el problema, existen dos alternativas a juicio de las cinco patronales que firmaron ayer una propuesta de pacto sectorial: un aumento general de los impuestos o cobrar tasas. Este copago no tendría "una finalidad recaudatoria, sino de promoción del uso racional de los recursos". El representante de las clínicas concertadas y privadas puso como ejemplos de copagos asumidos por los usuarios el uso de televisores en las habitaciones de los hospitales y los billetes de los transportes públicos, que cubren solo parte del coste.
Las patronales utilizaron una reflexión del president José Montilla sobre el coste de los servicios para defender la necesidad de erradicar la "sensación de falsa gratuidad". Al igual que sucede con los billetes de transporte público, la propuesta empresarial prevé excepciones o rebajas para usuarios con rentas bajas.
El importe de las tasas es, para Ruiz, "un elemento secundario a la gran decisión --de implantar el sistema-- y asumir la pérdida de votos". Con el mismo objetivo de contener el gasto, los empresarios son partidarios de "visualizar los costes sanitarios" mediante el envío al usuario de la factura pagada por la Administración por el servicio recibido.
El sindicato UGT en Catalunya respaldó que se informe al ciudadano del gasto, pero rechazó el resto de las propuestas, que calificó de "mercantilistas". En su opinión el copago no es la solución ante la necesidad de más recursos, sino el "aumento de la aportación del Estado a las comunidades, que tienen las competencias, y la fiscalidad".
Otra de las ocho medidas planteadas por la patronal prevé un baño de realismo para evitar compromisos de nuevas prestaciones sin la financiación asegurada. Un ejemplo es la ley de dependencia, que en Catalunya solo cubre por ahora la mitad de las solicitudes. "Se han generado expectativas en los ciudadanos, en volumen y plazos, superiores a los que el sistema puede asumir", por lo que los empresarios son partidarios de rebajar las prestaciones o los beneficiarios para adaptarlos a las posibilidades presupuestarias.
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