Se dice que el Acuerdo contribuirá de forma determinante a la estabilidad de la Caja, pero ¿quién garantiza que la necesaria "estabilidad" de Caja Madrid será interpretada por todos igual y, por tanto, para todos signifique conservar los puestos de sus trabajadores, mejorar el servicio a los clientes, y evitar la temida privatización, aún si fueran estos sus únicos cometidos? Las palabras que se repiten en todo el texto son: asumimos, valoramos, consideramos, etc., que no se traducen en obligaciones reales adecuadas al momento que vivimos, (como por ejemplo serían: reduciremos en tanto por ciento el coste de las hipotecas; duplicaremos el porcentaje a invertir en Obra Social; crearemos un fondo de financiación para autónomos y PYMES de tantos millones de euros; ampliaremos la plantilla de la Caja en tantos puestos de trabajo; crearemos un ámbito participativo de control ciudadano de la entidad, etc.), con la única concreción en el punto 13, que compromete a elevar de doce a trece el número de vicepresidentes del consejo de administración y de nueve a once los miembros de la Comisión ejecutiva, todos ellos pagados espléndidamente a través de las consabidas dietas de carácter reservado.

También se dice que el Acuerdo evita el control político de la Comunidad de Madrid y su Presidenta sobre los órganos de gobierno y desbarata la voluntad del PSOE de imponer la lógica bipartidista en dichos órganos, con la marginación de Izquierda Unida. Sobre estos dos aspectos el comunicado no aporta ningún dato, pues no sabemos de qué manera se evitará el control político que la mayoría más ultraderechista del PP mantendrá, en su virtud, en la dirección de la Caja, ni qué se espera alcanzar con los llamados consensos no bipartidistas. Como si todo se resolviera gracias a la inclusión de una cláusula "milagrosa" que supuestamente, según los dicentes, permite "no apoyar" al presidente de la entidad que sea propuesto por el partido ganador (en este caso el PP de Esperanza Aguirre), algo que ni siquiera esta escrito en términos tan voluntariosos.

Finalmente, se afirma que en virtud del Acuerdo IU-CM “asume y renueva los acuerdos suscritos anteriormente, que garantiza la pluralidad en los órganos de gobierno, y una vez que se han retirado los apartados más polémicos del proyecto de reforma de la Ley de Cajas”. Aquí cabe preguntarse ¿Qué acuerdos suscritos anteriormente? ¿Y cuáles son los polémicos apartados del proyecto de reforma de la Ley de Cajas que se han retirado?

Si analizamos el texto del acuerdo NO encontramos el aspecto de fondo y decisivo que le impediría al gobierno regional imponer su política en la Caja, ostentando una cómoda mayoría de gobierno.  O acaso los firmantes, ingenuamente esperan que la ultraderecha, ahora representada por Esperanza Aguirre, haciendo caso de este "papelito", imprimirá un carácter más social a la Caja, ampliará y defenderá los derechos de sus trabajadores, bajará el precio de las hipotecas y, abandonando su consabida voracidad neoliberal y privatizadora -y su programa electoral- dejará de intentar, el mes que viene o el siguiente, y durante los próximos seis años, utilizar a la entidad como base y lanzadera financiera para sus ya iniciados proyectos privatizadores de la sanidad, la salud, el agua, la TV, y otros servicios públicos madrileños, privatizando también, si hiciera falta, la propia Caja de Ahorros? En suma, se vierten alabanzas a un acuerdo sin justificar, ni fundamentar, ni detallar nada de lo que se dice conseguir.

Cuando se firmó el pacto del PSOE, UGT y CCOO-Madrid con el PP (3 ó 4 años atrás), que desalojaba a un representante de IU y a otro de Comfía-CCOO del Consejo de Administración, en beneficio de PSOE, UGT (no excesivamente representado en Caja Madrid), y de la permanencia de CCOO-Madrid en una vicepresidencia, la dirección de IU-CM se extendió en críticas sobre las formas y contenidos de aquel pacto, manteniendo que los acuerdos se habían sucedido a lo largo de los años con el objetivo de defender la naturaleza jurídica de la Caja y la toma de acuerdos, bajo el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales representadas en la Asamblea y en el Consejo de Administración. Entendíamos dicha posición crítica porque, entonces, lo que supuestamente nos diferenciaba de cualquier otro partido tenía que ver también con las formas y los métodos de hacer política, que desde luego no consisten en el oportunismo, el ocultamiento y el reparto de poder en el seno de la Caja, escondidos, todos estos, tras el manido argumento de "la pluralidad".

Nuestro derecho a pertenecer al Consejo de Administración de Caja Madrid está ligado principalmente, y así se menciona en varios de nuestros programas electorales, a la posibilidad real de incidir en la entidad, para reconducirla e incluso trasformarla en un instrumento útil a la economía social que preconizamos, potenciando su naturaleza jurídico social, democratizando la representación de los municipios en su dirección, y extendiendo y efectuando su compromiso con la clase trabajadora, ampliando y controlando la actual aportación del beneficio dedicado a la obra social, así como creando ámbitos eficaces de participación de sus trabajadores en la gestión. Nada de esto se garantiza en el acuerdo firmado, que más bien parece una declaración de buenas intenciones, o un brindis al sol en época de crisis, y que en la práctica, como bien dicen en CCOO de Madrid, a falta de medidas y concreciones urgentes, supone reproducir acuerdos anteriores que no garantizaban el consenso general, ni la estabilidad de la Caja. Por el contrario, lo que sí objetiviza es que IU, lejos de no contar para nada, pudo llegar a ser tan "útil" al gobierno de Esperanza Aguirre (que ve así justificado y legitimado el conflicto creado con la modificación de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid), como inútil e inexistente será el beneficio económico, electoral y político que nos reportará el vicepresidente de la Caja elegido en nuestra representación, jugando el papel de cogestor de un "banco privado" en vez de defender una alternativa de izquierdas de banca pública, gestionada democráticamente y al servicio de las necesidades sociales.

Por si esto fuera poco, el Acuerdo ha sido anunciado en los términos vagos e imprecisos de un comunicado anónimo, pues varios de los miembros de la ejecutiva desconocíamos la negociación que se estaba llevando a cabo, así como el alcance de su contenido, habiendo tenido como se tuvo, en la primera y única reunión de la Ejecutiva de IU-CM del pasado mes de mayo, la oportunidad de discutirlo. Sin embargo, a pesar de toda esta desinformación hay diputados regionales de IU-CM que se atreven públicamente a afirmar: El acuerdo firmado por IUCM "es un pacto con muchos riesgos para nosotros. Pero, preferimos asumirlos". Y ante esta descarada afirmación, nos vemos obligados a plantear de nuevo el problema de los métodos antidemocráticos de quienes representan actualmente la mayoría de IU-CM: ¿Quién ha decidido asumir esos riesgos? ¿Alguien ha hecho un llamado a la intervención documentada y democrática de los miembros de los órganos de dirección para discutir el contenido del acuerdo? ¿En qué órgano se han discutido o aprobado? ¿En el CPR? ¿En la Presidencia? ¿En la Ejecutiva?

Ni siquiera se ha tenido en cuenta la política de alianzas, seguida hasta hace poco, de oposición frontal a Aguirre, aunando esfuerzos con el PSOE (cuando estos oportunamente se terciaban), para echarle abajo sus políticas ultraderechistas. Por sorpresa, sin que esto obedezca a una decisión estratégica y sin que medie ninguna actividad política que lo anticipe, se margina al PSOE, (con las consecuencias que esto nos deparará en todo en Estado), regalándole una baza a su dirección que, seguramente, hubiera hecho lo mismo (pues Tomás Gómez ya coqueteaba con Esperanza Aguirre); y se desprecia o se ignora la opinión de aliados naturales y necesarios en la región -en estos momentos de sequía de votos-, como puede ser la de la Unión de CCOO de Madrid, que incluso llega a afirmar: "En una situación económica como la actual, en la que el sistema financiero se encuentra seriamente cuestionado y ante la necesidad de abordar un nuevo modelo productivo, parece esencial, restablecer el más amplio consenso de las fuerzas políticas y sociales que participan en los órganos de gobierno de Caja Madrid. Muchas empresas y familias dependen de este consenso, que no facilita en absoluto el acuerdo suscrito".

Y si bien es cierto que IU, obrando con independencia, debe defender su posición sin darle explicaciones al PSOE o a CCOO de Madrid, no es menos cierto que la dirección IU-CM no es presidencialista, ni personal, sino colegiada y democrática y, por tanto, toda decisión de esta envergadura debe ser adoptada y legitimada colegiadamente, en coherencia con nuestros discursos, con nuestros programas, e incluso con nuestros estatutos.

Por todo ello, creemos que con esta decisión abusiva y antidemocrática lejos de garantizar una situación de estabilidad para Caja Madrid, o de frenar la voracidad privatizadora y neoliberal del Gobierno de Madrid, o de transformar su voluntad ideológica, política y programática, y a salvo de obtener, por nuestra parte, una representatividad decisiva en un órgano de poder tan importante, lo único que se ha logrado con esta acción irresponsable y oscura, es una sumatoria de consecuencias desastrosas para nuestra organización: Traicionar una vez más a los militantes, que no encuentran explicaciones legítimas a este acuerdo, ni en nuestros documentos políticos, ni, mucho menos, en nuestros programas electorales; menospreciar y burlar a los miembros de sus órganos colegiados, contribuyendo a profundizar la desestabilización de IU; y, lo que es más grave, aumentar el desencanto de nuestros votantes, que no ven ninguna coherencia en esta forma de hacer política con nuestras propuestas alternativas, democráticas, económicas y sociales, al servir en bandeja a los medios de comunicación el siguiente titular: "Izquierda Unida entrega el poder en Caja Madrid a Esperanza Aguirre".

Liliana Pineda es miembro de la Presidencia Ejecutiva de IU-CM