La dueña del pazo de Meirás, Carmen Franco, exige a la Xunta una indemnización económica por abrir el recinto al público cuatro días al mes. En las alegaciones presentadas ante la Consellería de Cultura el pasado 11 de septiembre, la propietaria de la residencia de verano de la familia Franco esgrime que «no puede desconocerse que estamos ante una privación singular del derecho de uso del pazo, por el espacio de cuatro días, que tiene toda persona que sea propietaria del mismo y, en consecuencia, deben indemnizarse -y en la resolución final debe constar- y sufragarse los gastos que pudiesen generarse por el uso público que se le quiere dar al mismo».

El escrito reconoce que existen «ciertas exenciones impositivas», pero también deja claro que, a su entender, no son suficientes: «No alcanzan a nada, si se tiene en cuenta un mínimo de gastos que la apertura al público por esos días acarrea». En este sentido, recuerdan que será necesario contratar servicios especiales de seguridad «que se encarguen de la vigilancia del edificio y todo su entorno, que, como se comprenderá, no será precisamente poca».

Seguro especial

También considera crucial tomar medidas por los posibles desperfectos que puedan ocasionar las visitas de los ciudadanos: «Deberá existir un seguro que cubra los accidentes que se puedan producir, así como los desperfectos que se pudiesen ocasionar, por citar algunos de los ejemplos que pueden ser más claros».

Carmen Franco insiste en las alegaciones que presenta ante la consellería que los beneficios previstos en la actualidad son insuficientes, «y más si se tiene en cuenta que el impuesto del patrimonio, que es uno sobre los que la ley concede la exención, está en vías de desaparecer del ordenamiento tributario español».

El abogado coruñés que redacta el escrito de los actuales propietarios de Meirás concluye que «si el uso es público, deberá ser el erario público quien corra con los gastos, y no un particular». Carmen Franco faculta a este letrado para realizar las alegaciones, pero recalca que su objetivo pasa por que se desestime «la solicitud formulada de declaración de bien de interés cultural (BIC)». Aunque, al mismo tiempo, solicita que se incorpore al expediente una serie de certificaciones sobre el régimen al que están sometidos los inmuebles BIC «a efectos de garantizar un trato igual en todos los casos».

Por último, solicita a la Consellería de Cultura la «relación de personas que componen sus órganos de gobierno, o que hayan de emitir los informes en cuestión, a efectos de efectuar las recusaciones que pudiesen proceder».