El gobierno de Perú comenzó a cancelar las licencias de funcionamiento de radios alternativas que han estado informando sobre la represión policial que el viernes pasado dejó a más de 40 muertos, denunció este martes el periodista peruano Carlos Flores.
En un contacto telefónico con la emisora venezolana YVKE Mundial, Flores, quien labora para Radio La Voz, además informó que existe la posibilidad de que el Ejecutivo de ese país intente encausar judicialmente a los periodistas que han denunciado las actuaciones policiales, que incluyeron incursiones por aire y tierra.
Flores afirmó que el gobierno de Lima pretende callar a los medios alternativos para privilegiar a las estaciones de radio y televisión vinculadas al poder económico y político, que han ocultado y manipulado la realidad sobre la mascare ocurrida en la Amazonia peruana, en la que murieron más de 40 personas.
El reportero además destacó que los indígenas exigen en su protesta, iniciada el pasado 9 de abril, respeto a la tierra, al ambiente y a sus derechos y formas de organización, todo ello vulnerado por los decretos emitidos por el Gobierno para ajustarse al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Desde Bagua Grande (norte), lugar donde ocurrió la represión policial, Flores explicó que en esa localidad se vive una tensa calma, luego de los graves hechos de violencia registrados entre el pasado viernes y sábado, y que sus habitantes intentan volver a la normalidad, con la apertura de algunos comercios, a pesar de que continúa el estado de emergencia y el toque de queda ordenado por el Ejecutivo.
Al ordenar el toque de queda, García señaló que los indígenas "no son ciudadanos de primera clase. No vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por encima de los de 28 millones de ciudadanos".
Adelantó que la Defensoría del Pueblo de su país, logró este martes que alrededor de 600 indígenas, que se habían refugiado en la iglesia local y en otras residencias por temor a la arremetida gubernamental, fuesen trasladados a buen resguardo hacia sus comunidades de origen.
La crisis de las protestas indígenas se agravó el pasado viernes debido a que el pleno del Congreso del país suramericano aplazó el debate sobre el decreto 1090 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que forma parte de una decena de leyes que los nativos reclaman al Gobierno central sean derogadas, por considerarlas lasivas a sus derechos sociales y territoriales.
Ante la arremetida del Gobierno, el líder indígena peruano Alberto Pizango se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima, tras la orden de detención en su contra.
Pizango impulsó la protesta indígena para defender derechos ancestrales de varias etnias de la Amazonia peruana.
Managua respondió favorablemente a la petición del líder aborígen y le concedió la figura del asilo político, tal como lo confirmó el embajador nicaragüense en Perú, Tomás Borge.
Borge explicó que su gobierno otorgó este beneficio al considerar que el caso de Pizango tiene todas las características de perseguido político e informó que la Organización de Estados Americanos (OEA) está estudiando la masacre cometida en la Amazonia peruana.
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