Todos sus miembros parados, cobrando la prórroga del desempleo, con problemas para el pago del agua, la luz o la hipoteca e incluso teniendo que pedir ayudas a padres, hermanos y amigos para comer. Esa situación extrema es la que podría estar viviendo una familia de las localidades de Espera, Bornos o Arcos pero, sin embargo, es la realidad que están sufriendo miles de personas de la comarca de la Sierra. Los embargos de casas se acumulan y la luz no entra por ninguno de los rincones que dejan las bellas montañas del norte de la provincia.
Esta situación ha provocado que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que cuenta con un gran arraigo en varios municipios serranos, haya decidido movilizar a la gente y convocar una huelga general para el próximo 9 de febrero. Izquierda Unida y Partido Andalucista, además de algunos alcaldes y ediles del Partido Popular, han decidido apoyar esta protesta y trabajar mano a mano para «paralizarlo todo ese día».
Los organizadores consideran que para la protesta existen 32.766 razones, una por cada demandante de empleo, que «son suficientes para dar un golpe en la mesa y dejarle claro al Gobierno la situación que la comarca está sufriendo», destacó su portavoz, Diego Cañamero. Además, solicitó al PSOE que «no considere que la huelga va en su contra, sino que es a favor de los vecinos que lo están pasando mal, por lo que deberían de unirse a la misma».
El SAT destaca que la comarca cuenta con un 39% del paro, por lo que «los pueblos están prácticamente muertos», destacó el alcalde de Espera, Pedro Romero (IU). Para ejemplificar la situación destaca que hasta han llegado a plantearse «presentar la candidatura al Cementerio Nuclear, sin saber qué es eso». Además, criticó que las medidas de emergencia social aprobadas por la Diputación «sólo contemplan darnos un euro por habitante que no nos llegará ni para comprar un camión de garbanzos».
Entre las medidas inmediatas que exige el SAT para paliar los efectos que la crisis está teniendo en los ciudadanos se encuentran la equiparación de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, la suspensión temporal del pago de las hipotecas para los parados, la creación de un Plan de Empleo Rural especial de cuatro meses para la comarca o que se permitan las labores libres del campo como rebuscar aceitunas o recoger tagarninas, entre otras iniciativas. Cañamero lamentó que «con la que está cayendo han abierto expediente a 15 vecinos de Bornos por buscarse la vida cogiendo tomillo».
El alcalde de Ubrique, Javier Cabezas (PA), también mostró su apoyo a la protesta considerando que la situación que viven los pueblos lo merece. A pesar de que esta localidad no cuenta con un sector agrícola importante, el regidor aseguró que «ayer -por el jueves- 35 familias tuvieron que acudir a Cáritas para comer y a diario atendemos a 50 personas que vienen a pedir trabajo al Ayuntamiento».
La jornada de huelga concluirá con una manifestación en Arcos, para la que actualmente se están pidiendo los permisos y la configuración del itinerario definitivo, que se espera que «sea lo más multitudinaria posible», destacó Cañamero. Además, el parlamentario andaluz José Manuel Sánchez Gordillo (IU) aseguró que «las protestas no van a concluir aquí porque ya es hora que el Gobierno atienda los problemas de esta comarca, en particular, y las zonas agrícolas, en general».
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