La oposición a la cultura de la impunidad en la Colombia presidida por Álvaro Uribe cruza fronteras. Cifras en mano, una red de 224 ONG denunció ayer en Madrid el rápido deterioro de los derechos humanos en el país suramericano: 14.700 ejecuciones extrajudiciales desde 2002. 50.000 personas desaparecidas. 79 sindicalistas asesinados en sólo dos años. Opositores, magistrados, abogados y activistas espiados por los servicios de seguridad del Estado. Y la mitad de los parlamentarios investigados por vínculos paramilitares.

Unidas en una campaña mundial contra dichos abusos que antes de Madrid han presentado en Washington y Bruselas, las ONG reclamaron al Gobierno español que "condicione la cooperación con Colombia al respeto de los derechos humanos", investigue el uso dado a los fondos españoles y ayude a frenar el acoso de Uribe al poder judicial.

El abogado colombiano Eduardo Carreño puso de relieve las relaciones "entre los paramilitares y los políticos vinculados al uribismo" y precisó que de los 133 parlamentarios acusados por la Fiscalía, 45 de ellos están entre rejas.

Reforma constitucional

La presión que está ejerciendo el presidente colombiano a las instancias judiciales "para favorecer a sus amigos investigados" e incluso a algunos de sus familiares es uno de los motivos de fricción entre los magistrados y Uribe, indicó Carreño. Los principales son, no obstante, el proceso de reforma constitucional que está promoviendo el presidente colombiano para poder optar a un tercer mandato y su intento de nombrar a un fiscal general rechazado por los magistrados.

Tras haber acusado al Tribunal Supremo de "dar un golpe de Estado judicial" por su oposición a los nombres de fiscales presentados, Uribe volvió a acusar ayer al presidente de esta corte "de estar faltando a la verdad", según informó la emisora colombiana W Radio.

"Lo que ha sido un verdadero golpe de Estado ha sido la reforma de la Constitución de 1991 que le ha permitido asumir tanto poder", replicó el abogado colombiano, quien reconoció haber sido uno de los espiados por los servicios de inteligencia colombianos. "Y Uribe, en lugar de emprender una investigación seria, se ha limitado a decir que no tiene ninguna responsabilidad en ello".

Vínculos con España

El portavoz de Justicia por Colombia, Enrique Santiago, pidió al Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero que ponga fin "a la cooperación militar porque en Colombia hay un conflicto armado interno", aunque los índices de violencia hayan disminuido en los últimos años.

Santiago exigió también que se abra una investigación sobre el presunto desvío de fondos de la cooperación internacional a Colombia "para pagar las recompensas a los autores de asesinatos extrajudiciales" en vez de dirigirse a apoyar a la población civil.