En el día de hoy, el Senado uruguayo dio sanción definitiva a la ley de Salud Sexual y Reproductiva que despenaliza el aborto, con los votos de los legisladores de la izquierda del partido gobernante, aunque como se sabe el presidente Tabaré Vázquez ya anunció que vetaría la ley si la norma era aprobada.
El proyecto sobre "Salud Sexual y Reproductiva" ya había sido aprobado la semana pasada por la Cámara de diputados, pero al realizarle algunas modificacionesdebió pasar nuevamente por la Cámara Alta.
La iniciativa se aprobó con los votos de los 17 legisladores de la coalición Frente Amplio (FA), en 30 presentes, mientras rechazaron la norma los senadores de los partidos opositores Nacional y Colorado.
Si la ley se promulgara, la mujer tendría la posibilidad de interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas de gravidez.
Una de las promotoras del proyecto, la senadora oficialista Mónica Xavier, dijo al fundamentar el voto que se trata de una "ley por la vida" que defiende los derechos humanos.
Por su parte, el también senador oficialista Alberto Couriel le pidió al presidente Vázquez que "no vetara esta ley" para que se pueda dirimir este polémico tema que divide a la sociedad en una consulta pública.
"La vida es un derecho que no dejaremos de defender. No es negociable", coincidieron en afirmar dos activistas de la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida, que rechaza la despenalización del aborto.
"El derecho a la vida no puede ponerse en consideración de las mayorías de turno", indicaron Néstor Martínez y María José Del Campo, al ser consultados por la edición electrónica del diario El País.
Vázquez, oncólogo de profesión y el primer presidente de izquierda en la historia de Uruguay, reiteró en varias ocasiones que vetará la norma por razones "filosóficas".
Los partidarios del aborto no cuentan con la mayoría especial de legisladores requerida en la Asamblea General del Parlamento para levantar el veto a la ley.
El 57 por ciento de los uruguayos se mostró partidario de la norma que despenaliza el aborto, mientras el 63 por ciento rechaza el anunciado veto presidencial, según una encuesta divulgada esta semana.
La despenalización parcial del aborto ha reactivado la histórica polémica que se plantea con la Iglesia católica, cada vez que un país se propone legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Luego de las amenazas de excomunión lanzadas por la jerarquía eclesiástica y pese
a que el presidente Tabaré Vázquez, que se opone al aborto, ha amenazado con vetar la Ley,los senadores oficialistas aprobaron con sus votos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que permite interrumpir el embarazo en los primeros tres meses por riesgo para la madre y penurias económicas.
Puerto Rico es el único país latinoamericano donde el aborto es legal sin limitaciones de ningún tipo, pero ese tipo de intervención se practica en todos, incluso en los que está penado hasta con diez años de cárcel, donde además hay más riesgo para la gestante por las condiciones insalubres e inseguras que impone la clandestinidad.
Desde 1973, cualquier mujer en Puerto Rico, incluidas las menores de edad, pueden hacerse un aborto tras consultar con un médico, sin importar el mes de embarazo en que esté.
En Cuba, desde 1965 el aborto es legal hasta la décima semana de embarazo y a partir de ese momento solo por razones de salud.
Cuba muestra índices de 20,9 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva y de 52,5 por cada 100 partos, según datos del ministerio de Salud Pública.
No se sabe con exactitud cuántos abortos inducidos ilegales se llevan a cabo en América Latina, pero es seguro que la cifra tiene de siete dígitos para arriba.
El ministro de Salud de Brasil, Jose Gómes Temporao, calcula que en su país, donde el aborto está despenalizado en casos de embarazo por violación y riesgo de vida para la madre, se hacen cerca de 1.040.000 intervenciones clandestinas de ese tipo al año, equivalentes a una interrupción intencional cada cuatro embarazos.
Las leyes argentinas castigan el aborto salvo en el caso de que la vida o la salud de la embarazada corra riesgo o cuando la gestante sea una mujer discapacitada que haya sido violada.
Aun así se realizan entre 460.000 y 600.000 abortos todos los años, lo que significa casi uno por cada nacimiento, de acuerdo a un estudio de especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad de Buenos Aires.
En México, el índice de abortos inducidos es de 33 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, mientras la media mundial es de 29 por cada 1.000 y la latinoamericana y caribeña de 31 por 1000, según un informe del prestigioso Colegio de México presentado en octubre Unas de las cosas que han cambiado en ese país es que en la capital mexicana, una de las mayores y más pobladas ciudades del mundo, se despenalizó parcialmente el aborto en 2007, también en medio de una polémica importante como la que vive ahora Uruguay.
La Iglesia católica y los grupos Pro Vida lideran las campañas contra el aborto en América Latina, mientras que los mayores defensores de la despenalización son organizaciones de mujeres.
El 28 de septiembre ha sido declarado el Día de la Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y este año se conmemoró con el lema "la mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta, la Iglesia no interviene".
El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, advirtió en estos días que los legisladores que apoyasen la Ley de Salud Sexual y Reproductiva quedaban excomulgados "ipso facto".
Pese a ello, el proyecto de ley, que tiene el apoyo de más del 50 por ciento de los uruguayos, pasó el trámite parlamentario, y ahora solo falta para su promulgación que el presidente no lo vete como ya ha adelantado.
Vázquez no es el único mandatario latinoamericano contrario a la despenalización del aborto.
Los gobernantes de Ecuador, Rafael Correa; Guatemala, Álvaro Colom; Costa Rica, Óscar Arias, El Salvador, Elías Antonio Saca, y sobre todo el de Nicaragua, Daniel Ortega, que ha comparado a los partidarios de la despenalización con "Herodes", se han manifestado también en contra.
En Nicaragua, la figura del aborto terapéutico, el que responde a la existencia de un peligro para la vida de la mujer, llegó a ser aprobada en 2006, pero fue derogada al año siguiente a raíz de la presentación de 290.000 firmas de católicos y evangélicos.
Entre los países donde el aborto inducido está castigado en todos los casos están Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Guatemala y Chile.
En el último de estos países, la presidenta Michelle Bachelet, médica y agnóstica, defiende la distribución gratuita de la "píldora del día siguiente" a toda mujer de 14 años o más que la pida al sistema público de salud.
Los grupos "Pro Vida", que consideran abortiva la píldora, recurrieron al tribunal constitucional, que les dio la razón, pero dejó abierta la posibilidad de distribuirla en los consultorios municipales.
Instituciones médicas y onGs cifran en unos 150.000 los abortos clandestinos anuales en Chile.
En el vecino Perú, el Código Penal sólo contempla el aborto terapéutico, pero carece de un protocolo para su implementación y, según organizaciones como Human Rights Watch (HRW), eso dificulta el acceso y la información para la práctica.
La Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto en mayo de 2006, pero solamente en tres casos: cuando hay embarazo por violación, por malformación del feto y cuando la gestante corre peligro.
Otros países donde el aborto está permitido en casos excepcionales, como la violación o el riesgo de muerte, son Bolivia, Venezuela, Panamá y Costa Rica.
Tanto en Paraguay como en República Dominicana hubo intentos de sacar adelante proyectos de ley de despenalización, pero sucumbieron ante la presión de grupos conservadores.
En el Parlamento brasileño se busca ampliar la despenalización a los casos de embarazo de fetos con anencefalia o sin cerebro.
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