El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) denuncia la acción truculenta y de tortura de la Brigada Militar en la acción de reintegración de pose de la Intendencia de San Gabriel (RS), ocurrida este miércoles 12 a la tarde. La violencia y el uso, por los gobiernos, de la policía militar para reprimir protestas de los movimientos sociales ya se volvió común en el estado de Rio Grande do Sul.
Por lo menos treinta personas, entre niñas/os y adultos, fueron heridas/os – incluyendo personas con dedos y brazos quebrados – en el desalojo forzado realizado por la Brigada Militar. Los 250 sin tierra fueron identificados/as y humillados/as. Los/as manifestantes fueron acorralados/as dentro de la intendencia, donde fueron brutalmente golpeados/as por policías.
El hecho ocurrido en São Gabriel este miércoles ultrapasó el límite de lo convencional y adquirió características de tortura policial. Las familias relataron que, mientras estaban en la comisaría para ser identificadas, continuaban siendo golpeadas por los policías. Llegó a ser montado un “corredor polonés” en que las personas fueron obligadas a atravesarlo mientras recibían golpes. Inclusive, con la nueva pistola eléctrica, que debería ser usada para ayudar en la inmovilización durante persecuciones policiales, fue utilizada para dar chock eléctrico.
Este jueves (13), integrantes del Comité Estatal Contra la Tortura están en São Gabriel conversando con las familias sin tierra y recogiendo testimonios. El MST repudia esta nueva acción violenta de la Brigada Militar, dirigida por el subcomandante Lauro Binsfeld - el mismo que comandó el desalojo de las mujeres de la Vía Campesina en una área de la papelera Stora Enso en Rosário do Sul (RS), en 2008, y que resultó en casi cien manifestantes heridas.
El MST también repudia la decisión del intendente de São Gabriel, Rossano Gonçalves, de haberse negado a conversar con las familias y haber autorizado la acción de la Brigada Militar; y responsabiliza los gobiernos estatal y federal, que no realizan la reforma agraria. Exigimos saber dónde están los recursos que el gobierno federal dice que liberó, pero el intendente afirma que todavía no recibió. Mientras que el Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) y la intendencia no asumen sus responsabilidades por el asentamiento, tres niños ya murieron desde el inicio del año por falta de atención médica. También criticamos al Ministerio Público, que además de no encaminar el pedido por escuela hecho por las familias, estuvo presente en la acción de desalojo e fue consecuente con la violencia policial.
Las famílias seguirán en lucha porque sus reivindicaciones no fueron atendidas. Exigimos mejoras en infraestructura en el asentamiento, que pasados nueve meses de creación, todavía no tiene luz eléctrica, agua potable, caminos, escuela para los/as niños/as. Exigimos que el gobierno federal libere los R$ 800 millones del presupuesto del Incra para la reforma agraria y para el asentamiento de todas las familias acampadas en el estado de Rio Grande do Sul (conforme previsto). Exigimos la desapropriación del restante de la Fazenda Southall y la libertación inmediata, en la Justicia, de las Fazendas Antoniazzi y 33, en São Gabriel.
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