No se pueden fabricar, ni almacenar, ni vender, ni usar. Más de 100 países han dado un paso sin precedentes para liberar al mundo de este tipo de bombas, diseñadas cada una de ellas para sembrar el equivalente de cuatro campos de fútbol de pequeñas cargas explosivas, muchas de las cuales no explotan en el momento, con el consiguiente riesgo para la población civil. A partir de ahora, un acuerdo firmado en Oslo las prohíbe. Aunque los principales fabricantes y consumidores de este tipo de armamento (EEUU, China, India, Rusia e Israel) se han negado a suscribir este tratado, «el gobierno que las utilice sentirá los reproches de la comunidad internacional y deberá dar muchas explicaciones», explicó Daryl Kimball, director de la organización Arms Control Association, con base en Washington. Todos los países que se han adherido al acuerdo, como España, deberán destruir las bombas de racimo de sus arsenales en un plazo de 8 años y, además, deberán ayudar a las víctimas de este armamento (110.000 personas, según un estudio de Handicap International).
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(De la revista de Intermón-Oxfam)
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