Ahora, tras el apoyo de España al Tratado de Dublín para la prohibición de las bombas de racimo y la decisión del Gobierno de deshacerse de estos artefactos e impulsar una moratoria unilateral a su producción, las empresas van a facturar por la destrucción del arsenal.
En principio, el favorito para llevarse el contrato es Maxam, el principal grupo del sector en España, que agrupa las actividades de las antiguas Unión Española de Explosivos o Explosivos Alaveses (Expal), entre otras. Su filial Faex es la empresa de referencia en la desmilitarización, destrucción, recuperación y reciclaje de municiones y explosivos. De hecho, cuando en 1998 España decidió destruir su arsenal de 820.000 minas antipersona, el encargo se lo adjudicó esta compañía.
La destrucción de las más de 5.000 bombas de racimo que mantiene el Ejército español costará dos millones de euros, según adelantó hace unas semanas la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Desde el Ministerio de Defensa recuerdan que, primero, el Consejo de Ministros tiene que aprobar la moratoria y que, sólo después, se adjudicará el contrato por vía de urgencia. Las alternativas a Faex habría que buscarlas en otras empresas del sector en Europa, como la francesa Alsetex o la británica Qinetiq, algo que encarecería la operación.
En cuanto al impacto que tendrá la moratoria para las empresas productoras, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ya ha avanzado que se verán compensadas “con la fabricación de otros productos armamentísticos”. En la actualidad, las Fuerzas Armadas españolas cuentan, básicamente, con tres modelos de bombas de racimo: dos de origen nacional (BM-330 y MAT-120) y uno estadounidense (CBU-99 y CBU-100). La BM-330 y las CBU son fabricadas por empresas del grupo Maxam. La MAT-120, por la zaragozana Instalaza.
Desde Maxam aseguraron que la moratoria “no tendrá impacto alguno” porque dejaron de fabricar estos proyectiles hace años. Sin embargo, el grupo sí se ha beneficiado de contratos de mantenimiento de las bombas en los últimos años por, al menos, 1,25 millones. El grupo no quiso ofrecer cifras del número de proyectiles de este tipo que ha producido ni su coste. Instalaza, por su parte, no quiso hacer declaraciones al respecto, pero puede ser la principal perjudicada. En la última legislatura, el Gobierno compró varios lotes de sus granadas de mortero MAT-120 y, además, aprobó dos contratos de exportación de este material a Finlandia y Libia.
En contra de una campaña “amplia y demagógica”
Oficialmente, el fabricante Instalaza no hace ningún tipo de declaraciones sobre las bombas de racimo. Pero su opinión está recogida en el informe corporativo de 2006, el último hecho público.
“Es preciso ser conscientes del amplio y demagógico movimiento apoyado por muchos países y una constelación de ONG tendente a suprimir todas las bombas de racimo o similares, sin discriminar entre las que cumplen los severísimos convenios de Ginebra de Naciones Unidas, caso de nuestro MAT-120, y aquellas que no cumplen”, advierte el texto.
Según la coalición internacional contra las bombas de racimo, estos artefactos han matado o herido a decenas de miles de civiles, un 25% de ellos niños, en los más de 30 países en los que se han usado.
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