El representante de las fuerzas armadas bolivianas entregó el lunes pasado tres sobres al juez con un total de 65 fotocopias. Pero el fiscal del caso, que tuvo acceso a los archivos, sostuvo que ésos no eran los documentos solicitados.
Por Sebastián Ochoa
Desde La Paz
El juez Roger Valverde dictaminó el levantamiento del secreto militar que impide saber qué pasó con la desaparición de personas durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981). Según los investigadores del caso, las fuerzas armadas no entregaron los documentos solicitados sobre el paradero de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y otros cientos considerados asesinados y desaparecidos, pese a que en lo formal cumplieron la orden judicial que exigía la apertura de los archivos de la represión.
Aún no respondieron desde el alto mando, cuya actitud evasiva fue respaldada por el vicepresidente, Alvaro García Linera. El representante de las fuerzas armadas bolivianas, el coronel Roberto Siles, entregó el lunes pasado tres sobres al juez Valverde (uno por cada fuerza) con un total de 65 fotocopias. “Me place dar cumplimiento a las normas emanadas por el Poder Judicial, dar acceso a la información y dar el acceso a los fiscales para que puedan verificar la información”, dijo Siles, quien aseguró que de esa manera los militares están cumpliendo con la orden de Valverde y con la Ley Orgánica castrense.
Pero el fiscal Eduardo Morales, que tuvo acceso a los archivos clasificados en el Gran Cuartel de Miraflores, sostuvo que ésos no eran los documentos solicitados. El investigador contó que los militares le habían mostrado un cajón con 2465 fojas en diez archivadores. Al juez le entregaron un resumen. El primer sobre, titulado “Armada”, llevaba once fojas abrochadas. El segundo sobre, denominado “Ejército”, tenía 45 fojas agarradas con un clip. El tercero, “Fuerza Aérea”, tenía dos anillados, uno con tres fojas y otro con cinco más un certificado.
El fiscal Milton Mendoza, que también atiende al caso, pidió más información. “Estamos hablando de treinta años de sucedidos los hechos. Con una información parcial no se van a poder esclarecer. Si nos limitan, si nos dan información parcial y sesgada el resultado es claro: otra investigación frustrada. Lo que se pide es que revelen los verdaderos archivos clasificados,” señaló.
Según la orden del juez, emitida ayer, “se autoriza el levantamiento del secreto militar de los documentos, archivos en cualquier tipo de soporte físico, fuentes de información que serán entregadas a la comisión de fiscales y serán mantenidos en reserva”. Mendoza dijo que si las FF.AA. siguen desobedientes pedirá la incautación y el secuestro de los archivos, más el allanamiento del cuartel donde, según los familiares, se encuentran enterrados los cuerpos de decenas de desaparecidos.
“Toda la información de 1980 se les entregó al fiscal y a su equipo de investigación. Es decir, no hay absolutamente ninguna restricción para que los fiscales y el equipo revisen el tiempo que sea necesario la documentación militar, no hay ningún obstáculo para el trabajo de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía se está excediendo de sus atribuciones”, dijo el vicepresidente.
Linera destacó que los militares acondicionaron una habitación en el cuartel para que los fiscales investiguen y saquen fotocopias. Sin embargo, Mendoza evidenció que ése “no es el procedimiento penal”, ya que la orden judicial solicita entregar los archivos a la Justicia.
Marta Montiel, que busca a su padre, Tirso Montiel, un ex carabinero chileno desaparecido en 1970 junto a varios guerrilleros de Teoponte, fue muy crítica con el vicepresidente. “Al compañero Linera se le olvidó su trayectoria revolucionaria al defender a los militares. A él y a su hermano lo han torturado ellos. ¿Por qué los defiende? El sabe que los militares aquí, en Chile y en Argentina han matado al pueblo”, afirmó.
Sobre la última orden del juez, dijo a Página/12 que existe malestar en el seno de las fuerzas armadas. “Deben estar superfuriosos. Es primordial que los militares entiendan que la justicia militar no está por encima de la justicia civil ni de la Constitución,” señaló.
Para varias organizaciones de derechos humanos, la renuencia de las fuerzas armadas a mostrar documentación se debe a que muchos aún están en carrera. E incluso muchos que fungieron como paramilitares en ese momento ahora serían funcionarios del gobierno, aseguran. Según Montiel, varios organismos coordinan acciones de protesta para los próximos días.
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