Para dejar en claro la postura frente a la complicada situación que está padeciendo Bolivia, los miembros de Unasur, el pasado 15 de septiembre se reunieron en el Palacio de la Moneda en Chile.
En dicho encuentro los 9 presidentes sudamericanos que se hicieron presentes, expresaron su repudio a los movimientos separatistas y desestabilizadores de la ‘Media Luna’ boliviana… De ese encuentro en la capital chilena surgió la Declaración de la Moneda, donde se expresaba que “los países integrantes de la Unasur expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum”.
Allí declararon que la organización repudia a la masacre de Pando, y respaldan el pedido de que la Unasur pueda constituirse para realizar una investigación imparcial que permita esclarecer los hechos a la brevedad para que no haya impunidad. Tras lo cual se crea una Comisión investigadora, coordinada por el argentino Rodolfo Mattarollo, e integrada por Fermino Fechio (Brasil), Luciano Fouillioux Fernández (Chile), Fulvia Elvira Benavides Cotes (Colombia), Ramiro Rivadaneira Silva (Ecuador), Graciela Caballero (Paraguay), Hugo Contreras Morales (Perú), Juan Faroppa/Juan Alejandro Mernies (Uruguay) y Freddy Gutiérrez (Venezuela).
La investigación El 29 de setiembre comenzó la investigación de la Comisión de constatación de hechos sobre los sucesos de Pando. La misma recurrió al auxilio de antropólogos forenses de Argentina y Chile, a especialistas en criminalística, penal y criminología. Realizó un pormenorizado trabajo de campo, tomaron testimonios a fuentes primarias, recibieron a miembros del oficialismo, la oposición y a refugiados. El 1 de octubre la Comisión viajó a Pando, donde visitaron las ciudades de Cobija, Porvenir y Filadelfia, recorrieron los lugares de los hechos y se reunieron con sobrevivientes.
Se recogieron testimonios que fueron El 14 de octubre, la Comisión se reunió en La Paz con el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien señaló como actos de “soberanía fáctica” a lo hecho por los comités cívicos de la “Media Luna” fértil, falta de real autonomía del Poder Judicial y de las policías en esas regiones. Respecto de los hechos de Pando, reafirmó la existencia de grupos armados, disparos a los campesinos, negación de asistencia médica a los heridos, y que no cree factible que los campesinos estuviesen armados. “Cree que hubo una masacre, ya que hubo una acción unilateral sin enfrentamiento de fuerzas”.
El 15 de octubre, la Comisión se reunió con Rafael Vidal, Defensor del Pueblo de Pando, quien se refirió a la impunidad de las autoridades locales. “La toma del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) por los ‘cívicos’ es considerada por Vidal como el hecho que desencadena el llamado a asamblea de los campesinos y la organización de la marcha”, señala la Comisión. El periplo de la Comisión continuó con entrevistas con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con el fiscal General de la República, Mario Uribe, y fiscales de la comisión Especial de la Cámara de Diputados. Luego se trasladaron a Sucre para reunirse con los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
El 29 de octubre, la Comisión se entrevistó con el prefecto Fernández en la prisión de San Pedro, en La Paz, durante tres horas y media. Dos días después, los profesionales se trasladaron a la ciudad de Brasileia, en Brasil (la región donde se produjo la masacre es limítrofe con la nación lusoparlante). Y el 3 de diciembre pasado entregó al Bachelet, quien ejerce la presidencia pro tempore de la Unasur, las conclusiones del informe. Las conclusiones de la Comisión El informe comienza sus conclusiones con las prerrogativas que guiaron la investigación: “el imperativo de actuar con imparcialidad la condujo a recoger informes, testimonios y evidencias de todos los actores y sectores involucrados en los hechos que se les encomendó esclarecer”.
El punto número 8 agrega que “Contribuir a perforar el muro de la impunidad nos obliga a develar los nombres de los presuntos responsables, ya que la verdad es integral y no puede segmentarse. Las responsabilidades personales exigen esclarecer el papel desempeñado por los distintos actores sin complacencias de ninguna naturaleza”. Es decir, aunque la Comisión no debe inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, sí van a señalar con nombre y apellido a los responsables de la matanza.
El primer punto de los Indicios y pruebas de los hechos es contundente: “como consecuencia del proceso de confrontación entre los sectores políticos del Departamento de Pando, se produjeron mutuas amenazas y acciones de fuerza al margen de la ley, las que culminaron con muertes y otros hechos delictivos, impulsados por sectores cívicos y prefecturales contra los sectores campesinos, y caracterizada por una evidente desproporción en los medios y fuerzas empleadas”. Lo que se halla resaltado en negrita es la definición jurídica de masacre.
Más adelante, el documento explica que la comisión distingue dos momentos de ese 11 de setiembre: durante las primeras horas del día, el intento de impedir por medio de la fuerza la marcha campesina, en pleno desarrollo. Luego, a partir del mediodía, la masacre de campesinos. El punto 3 de este subíndice afirma que “Los campesinos coinciden en forma unánime en que la agresión vino de los sectores prefecturales e incluso desde sus máximos dirigentes. Esto fue admitido por el propio prefecto Leopoldo Fernández”, y en el punto siguiente aclara que “quienes buscaron impedir la concentración campesina efectivamente se encontraban armados”. Existen algunos testimonios acerca de que algunos campesinos estuviesen armados, aunque esta posibilidad no ha podido se constatado fehacientemente. Ni siquiera por las pruebas aportadas por los sectores cívicos y prefecturales.
Los últimos considerandos concluyen que se han producido numerosas ejecuciones sumarias por parte de agentes pertenecientes a la estructura del Gobierno prefectural del Departamento de Pando o afines a ella; y que salvo los casos de Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes, el resto de los muertos pertenecen al sector campesino, con signos de muerte por heridas de armas de fuego, según los videos presentados. En la Conclusiones del documento, la Comisión expresa en su punto número 1 “La convicción intelectual y coral según la cual el 11 de setiembre de 2008, en la localidad de Porvenir y otros sitios del Departamento de Pando, República de Bolivia, se cometió una masacre en el sentido empleado por la Organización de las Naciones Unidas”.
En su punto número 4 agrega que “Aún cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal”.
Y el punto 7 cierra introduce la noción de persecución. ”Igualmente la Comisión dispone de elementos que permiten concluir que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, étnicos, culturales y sociales”.
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