Como toda la población boliviana puede comprobar cada día observando la televisión, escuchando la radio o leyendo los periódicos que el señor Leopoldo Fernández recluido en el Penal de San Pedro, se ha iniciado una verdadera campaña mediática nacional y general para que el genocida Fernándezpueda ejercer todos los derechos ciudadanos que corresponde a un candidato normal a la vicepresidencia del país.
Es por tanto, importante referirnos a un problema que constituye, en este momento, el centro de la ocupación de la prensa privada y de los intereses oligárquicos desesperados de presentar un frente que mejore las mínimas posibilidades de éxito que tiene la candidatura electoral de la derecha cavernaria en Bolivia.
En primer lugar vamos a referirnos al problema de los delitos que carga el Sr. Fernández como consecuencia de los sucesos de Porvenir-Pando. El ex-prefecto del Departamento ha sido sindicado y actualmente está acusado formalmente de la comisión de un verdadero CONCURSO de gravísimos delitos calificados ya como DELITOS DE LESA HUMANIDAD, entre ellos genocidio, terrorismo, masacre sangrienta, asesinatos múltiples, torturas, lesiones gravísimas, graves y leves, y un sin fin de otros delitos menores.
Pero como si fuera poco, además el inefable señor Fernández era efectivamente uno de los factores principales de otro delito gravísimo como es el de TRAICION A LA PATRIAen su condición de miembro activo del famoso Conalde que implementó un complot destinado a desmembrar el territorio nacional y proclamar un PROTECTORADO NORTEAMERICANOen la MEDIALUNA.
Todos estos delitos cuya gravedad afectan a toda Bolivia, a su propia existencia, no puede menos que tener, para su juzgamiento, una competencia y jurisdicción nacional cuyo asiento no puede ser otro que el centro político, la ciudad de La Paz y no así un pequeño pueblito del lejano Pando donde con seguridad el genocida, dueño de vidas y haciendas en el departamento, hubiera podido eludir la justicia en manos de un juez de provincia.En consecuencia el juzgamiento en la capital de Estado plurinacional es absolutamente legal y constitucional. No cabe algún reclamo en absoluto.
Ahora bien, el señor Fernández sobre el que pesa semejante concurso de juicios, tiene el atrevimiento de lanzar su candidatura nada menos que a la vicepresidencia del país. Sin la menor vergüenza este genocida pretende además tener privilegios en su condición de recluso, para dar conferencias y montar campañas electorales.
Es la primera vez en la historia universal que un recluso pronto a ser un reo de Lesa Humanidad, pretenda ser Vicepresidente de una república. Naturalmente si se ha permitido su candidatura, es imposible que pueda desarrollar su campaña electoral en las mismas condiciones de los candidatos normales. La Ley de los reglamentos penitenciarios debe ser aplicada con todo rigor contra el genocida, de modo que las pretensiones de hacerlo y convertirlo en “vedette” del proceso electoral no puede ser tolerado. En rigor el señor Fernández en razón de la gravedad mayúscula de los delitos de los que es ya culpable para nosotros, mientras para el juez todavía son “supuestos”, debe ser recluido en la penitenciaria de máxima seguridad de Chochocoro y no solamente en San Pedro.
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