En abril de 2009, el Presidente de la República y todos los ministros del gabinete, entre ellos la titular del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Nardi Suxo, autorizaron mediante decreto la compra de 2.537 hectáreas en el Mutún a un precio no mayor a 2,16 millones de dólares. Cinco meses después, Suxo denunció que los predios costaban menos de 50 mil dólares y las autoridades responsables de la transacción fueron aprehendidas.El consorcio Jindal Steel and Power comenzó a explotar los yacimientos de hierro del Mutún con varios meses de retraso, luego de una tortuosa negociación con hacendados que reclamaron la propiedad de 2.537 hectáreas distribuidas en 18 predios dentro de la concesión minera de 5.537 hectáreas en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz.
Al comienzo del proceso los dueños de los predios pidieron al Estado tres mil dólares por hectárea expropiada, y algunos obstaculizaron la negociación recurriendo a argucias legales, especialmente Oswaldo Monasterios, dueño de 234 hectáreas situadas dentro de la concesión de inversora india Jindal y propietario de la cadena de televisión opositora Unitel.
Monasterios resultó ser el principal accionista de la Sociedad Ganadera Ongole SA, propietaria de los fundos San Antonio de 112 hectáreas y Campiña Grande de 131 hectáreas, ubicados en el municipio de Puerto Suárez
El gobierno ofreció a Monasterios una compensación de 160 mil dólares, pero el empresario no parecía dispuesto "malbaratar" sus predios. Este hacendado estuvo a un paso de explotar el yacimiento de hierro en sociedad con la siderúrgica brasileña EBX en 2006.
El ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence concertó con los dueños de las tierras una compensación de 2,7 millones de dólares en julio de 2008 y en agosto la autoridad compró los 18 predios a un precio de mercado de 2,1 millones de dólares, con el consentimiento del Presidente Evo Morales y del Vicepresidente Alvaro García Linera.
El 15 agosto de 2008, firmaron el convenio de transferencia de las tierras Guillermo Dalence, el director de Minería Freddy Beltrán, la representante de la Superintendencia Agraria de Santa Cruz Zaida Collasos, el representante de la Superintendencia Forestal Fernando Rivero, el director general del INRA Juan Carlos Rojas y el técnico de la Superintendencia Agraria Juan Carlos Salas.
Dalence aseguró que también participó en el proceso un equipo interinstitucional técnico-jurídico conformado por abogados de Comibol, del Ministerio de Minería y Metalurgia, del Palacio de Gobierno y del INRA.
El 18 de abril de 2009, el presidente interino García Linera y todos los ministros (Suxo, Alberto Echazú, Carlos Romero, Walker San Miguel, Héctor Arce, Noel Aguirre, Oscar Coca, Patricia Ballivián, Walter Delgadillo, Luis Arce, Calixto Chipana, Ramiro Tapia, René Orellana, Roberto Aguilar, Julia Ramos y Pablo Groux) firmaron el decreto 085 que autoriza a Comibol desembolsar 15,27 millones de bolivianos (2,16 millones de dólares) para la adquisición de 2.537 hectáreas, pagando 851,3 dólares por hectárea.
Finalmente, el Presidente Evo Morales entregó 5.537 hectáreas saneadas a la siderúrgica india. "Se ha perdido tiempo con el tema de tierras, se ha gastado 15 millones de bolivianos en recuperar la tierra para que estén disponibles para la empresa, pero ya hemos superado los problemas y por fin se ha resuelto", dijo el Mandatario.
La denuncia
Meses después, la ex Superintendencia Agraria informó a Comibol que los 18 fundos del Mutún valían 46.311 dólares, un precio referencial que no contemplaba los trabajos y la infraestructura existente en algunos predios. Posteriormente, la ministra de Transparencia Nardi Suxo denunció a Dalence por comprar tierras con sobreprecio.
Guillermo Dalence fue llamado a declarar, permaneció dos días en celdas de la Policía Judicial, fue arraigado y por orden de un juez debe presentarse cada lunes en el Ministerio Público para firmar un libro.
Este viernes fueron aprehendidos el director del INRA Juan Carlos Rojas y el técnico de la Superintendencia Agraria Juan Carlos Salas, acusados de avalar la supuesta compra de tierras con sobreprecio.
Se acusa a las autoridades por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones y conducta antieconómica.
Los miembros del Poder Ejecutivo reconocieron haber respaldado la compra, pero recalcaron que el decreto supremo 085 establece que "el proceso de adquisición por parte de la Comibol deberá contar con todos los sustentos técnicos, periciales, económicos y legales para cada propiedad" y que "la ESM deberá proporcionar toda la información pertinente, además, observará la normativa vigente que rige el manejo, control y fiscalización de recursos públicos".
Varios ministros y viceministros no se responsabilizaron de los "errores de procedimiento", aunque admitieron que estaban al tanto de todos los detalles de la compra, incluido el precio negociado.
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