PARA QUE SE QUEDEN TODOS
A una semana de la consulta (10 de agosto) en la que la población de Bolivia debe votar sobre la continuidad o no del presidente, vicepresidente y ocho de los nueve prefectos (gobernadores), el gobierno ha consumado una maniobra política que, mas allá de sus consecuencias, desnuda su política.
La ley que dispuso el referendo y fue aprobada en el Senado tres meses atrás, determinaba que los mandatos eran revocados si los votos por el NO superaban el respaldo electoral obtenido en los comicios del 2005, que, en el caso de los gobernadores fluctuaba entre el 38 y el 48 %. Como ejemplo, según la ley del revocatorio, el prefecto de derecha de La Paz, podía perder el cargo si los votos NO superaban el 37.9 %. Ahora, con la nueva disposición, solo lo pierde si los votos NO superan el 50 %. Para el caso de Evo Morales y su vicepresidente los votos por el NO debían situarse por encima del 53.7 %, que es la votación que obtuvo la fórmula del MAS en el 2005.
La Corte Nacional Electoral(CNE) que es, al día de hoy, la máxima instancia de la justicia que interviene en lo referido al revocatorio (por encima de ella se encuentra el Tribunal Constitucional que ha quedado reducido a un solo miembro luego de sucesivas recusaciones y está impedido de actuar) ha fijado una nueva posición sobre los términos del referendo.
Ha resuelto alterar la cantidad de votos necesarios para revocar a los funcionarios, pasando por encima de la ley votada por el Congreso. Resolvió que "el mandato de un gobernador será revocado si los votos contra su gestión – el NO, superan el 50%, lo que unifica el criterio para todos los prefectos y modifica los porcentajes diferenciados que fija la ley del referendo" (Los Tiempos, 1.8.08). En los casos de presidente y vicepresidente, se sigue requiriendo más de un 53.7 % de votos NO para desplazarlos, sin que la Corte se haya detenido a explicar porqué la disposición no es pareja y no pide un piso uniforme del 50 % y un voto para revocar a todos los funcionarios, incluidos los del Poder Ejecutivo.
La decisión de la CNE contó con el apoyo de las cortes departamentales de siete de las nueve provincias, entre ellas cinco que responden a la oligarquía divisionista del Oriente. Lo que se explica dado que la decisión amplía las posibilidades de los prefectos de la derecha de continuar en sus cargos.
Si se aplicara esta nueva norma, lo que el gobierno del MAS presentó como batalla contra la oligarquía y la derecha para desplazarla de posiciones claves a través del voto, quedaría definitivamente consagrado como un fuego de artificio si se establece un compromiso con la derecha. Como la CNE responde a la política del MAS, en particular su titular, la maniobra podría tener origen en el Palacio Quemado (Casa de gobierno) y apuntar en dos direcciones con una misma finalidad política.
O ser el preámbulo de una decisión del Congreso en la misma sintonía en las horas que faltan para el revocatorio o dejar que todo quede como está, dejando en manos del ejecutivo un arma política de peso considerable. Para un prominente legislador del MAS: "ellos (los prefectos de la derecha) deben acatar la ley y en función a los resultados de la consulta que será recepcionada por la CNE veremos si es el Ejecutivo o el Legislativo es quien interprete los resultados; por tanto estaríamos adelantando criterios e ingresando en un campo de especulación' (www.bolpress.com, 4.8.08). La misión de la OEA, por su lado, "ha tomado nota de las facultades" de la Corte Electoral para "reglamentar" el voto en el referendo, avalando la maniobra.
Es decir, se preparan las condiciones para una negociación para "el día después" del referendo. El gobierno nacionalista, que va a tener a favor su propia ratificación y la eventual caída de dos prefectos de la derecha, está dispuesto a dilapidar su propia victoria en un pacto con la oligarquía cruceña que mantendrá a ésta con sus posiciones prácticamente intactas. Esta es la política dictada por la burguesía industrial boliviana, por los gobiernos "amigos" de Brasil y Venezuela y por la propia misión de la OEA responsable de velar por la "transparencia" de los comicios.
La derecha ha iniciado una huelga de hambre en sus propios distritos reclamando la devolución de la porción del IDH (impuesto a los hidrocarburos) volcados a la Renta Dignidad (un auxilio para la tercera edad sin jubilación de 30 dólares al mes) y el prefecto de Santa Cruz, centro de la conspiración de la oligarquía y la derecha ha declarado que el 10 de agosto "el presidente será revocado en el distrito…y el gobierno departamental va a recuperar el IDH y recaudar nuestros impuestos para invertirlos en nuestra gente…porque será la fecha en que la Asamblea Legislativa comenzará a aplicar el Estatuto Autonómico" (El Deber, 4.8.08). El Estatuto, aprobado por un referendo ilegal consumado el 4 de mayo, otorga al distrito (y a la oligarquía) el uso y destino de la tierra y de los recursos existentes en petróleo y gas.
La declaración de guerra es, a su modo, el prólogo de una negociación. La derecha está atomizada, ha sido incapaz de presentar una posición unívoca frente al referendo y va camino de una derrota. El presidente "indio" no tiene relevo político en el altiplano al día de hoy, al punto que su gestión ha sido saludada "por el tercer año de superávit fiscal junto con un adecuado manejo de la política monetaria y cambiaria", nada menos que por el FMI y el Fondo Latinoamericano de Reservas (Pulso, 2.8.08).
La AMR (y el CRCI) han llamado a votar contra la revocación del Ejecutivo del MAS y por la revocación de los prefectos de la derecha, denunciando la tendencia al compromiso y aún al acuerdo estratégico entre los dos polos de la situación política. Un voto por la alianza obrero indígena y campesina que impulse la lucha por la nacionalización real del petróleo y las minas, bajo control obrero, y la revolución agraria. Un voto contra la Constitución del MAS, que defiende el actual orden social y una nueva Constituyente, convocada por las organizaciones obreras y campesinas.
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