Santa Cruz, 5 Mar (Erbol).- La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), sugiere una nueva Ley Forestal (Ley de Bosques) debido a que las 59 concesiones para explotar madera no cumplen con la función económica social y porque vulneran los derechos de los pueblos indígenas. La propuesta encuentra eco en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
“ La mayoría de las concesiones forestales fueron creadas y adjudicadas antes de que exista las demandas de las TCOs, bajo el nuevo régimen constitucional han caducado, fueron creadas por decreto supremo y por el rango de legislación en la actual constitución son nulas y no cumplen con la función económica social y han vulnerado los derechos de las poblaciones indígenas”, señala un documento de la Cidob entregado a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol.
En otro acápite del documento, la Cidob expone que las empresas madereras provocaron, con la deforestación de los bosques, serios daños al medio ambiente e impiden el libre tránsito de las comunidades indígenas en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
En esa misma línea, el director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), José Antonio Landriel, afirmó que es necesario adecuar la Ley 1700 vigente desde el 12 de julio de 1996, a la nueva Constitución Política del Estado.
“Debemos efectuar una revisión normativa, es la primera vez en la historia que los temas de recursos forestales están incluidos (en la CPE) de manera expresa, es la primera que se incluye un acápite especial sobre la amazonia, que se habla de la necesidad de reconocer los derechos indígenas y de establecer autorizaciones de aprovechamiento plural”, señaló Landriel.
A su juicio, “es el momento de reformar la legislación forestal boliviana y establecer un ámbito que quiere hacernos entender que detrás de los bosques no sólo existe madera, sino fundamentalmente existen personas, servicios, biodiversidad, ecosistemas y valores intangibles que permite el desarrollo de la sociedad”.
De acuerdo al artículo octavo numeral I de las disposiciones transitorias de la Constitución Política del Estado (CPE), se establece que “en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. El Estado revisará y, en su caso, resolverá aquellas que contravengan a la presente Constitución”.
CONCESIONES
En el país hay 59 concesiones forestales que fueron otorgadas en función a la Ley 1700 aprobada durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. De ese total, 15 caducaron entre el 2007 y 2009, según un informe de la ABT.
Entre las empresas que se beneficiaron con concesiones forestales se puede mencionar a: Empresa Importadora y Exportadora Aguilar, Industria Maderera Cronembold, Aserradero San Martín, Empresa Forestal y Agrícola Bolital, Sagusa entre otras. La mayoría están ubicadas en Santa Cruz, Pando, Beni y La Paz. (Ver relación nominal).
La ABT propone reconocer a indígenas como titulares de los recursos naturales Santa Cruz, 6 Mar (Erbol).- La nueva Ley Forestal deberá reconocer a los pueblos indígenas como titulares y directos beneficiarios de los recursos naturales, sus usos y saberes ancestrales en el manejo medioambiental y otorgarles la administración de los bosques, según coincidieron, por separado, el director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), José Antonio Landriel; y el viceministro de Tierras, Víctor Camacho.
“Primero se debe establecer una visión integral que nos permita entender al bosque más allá de la madera, el reconocimiento de usos y saberes ancestrales de las comunidades, efectivizar mecanismos que permitan valorizar el recurso forestal y otorgar incentivos para que los titulares: comunidades, campesinas, indígenas, pudieran utilizar este recurso con el precio adecuado, sobre todo, transformarlo con valor agregado”, afirmó el ejecutivo de la ABT.
Adicionalmente sugirió que la nueva Ley Forestal debe buscar mecanismo que promocione la preservación de bosques en términos de promover, lo que instruye el Presidente, el resguardo máximo al recurso natural en términos de la preservación a favor de mitigar los efectos negativos del cambio climático. “Necesitamos establecer mecanismos que permitan un uso sustentable del bosque, debemos entender que si es posible acceder a los recursos naturales de manera ordenada”, sostuvo.
Landriel aseguró que la nueva Ley Forestal debe establecer que “a través de sus usos y costumbres y de los mecanismos de control social interno, en el marco del ejercicio de sus autonomías indígenas, deben ser los principales guardianes en alianza con las instituciones del Estado de sus recursos naturales”.
El director ejecutivo de la ABT señaló que el proyecto del ex Viceministerio de Gestión Forestal ya marca las líneas maestras de la nueva Ley Forestal. Se espera que este esfuerzo sea continuado por las instancias del gobierno.
TIERRAS
En tanto, el viceministro de Tierras, Víctor Camacho, dijo que es el momento de considerar una nueva Ley Forestal en función al mandato constitucional.
“En términos de la regulación del bosque, es fundamental fortalecer el tema de la gestión y decisión de las comunidades indígenas campesinas, a mi juicio deberían asumir mayor responsabilidad en la administración del bosque. Se debería establecer acuerdos territoriales entre los diferentes actores sociales que se basen en la administración de bosques pero con sentido ambiental con respecto a los derechos de la tierra”.
Según Camacho los pueblos originarios tienen la posibilidad y la capacidad de administrar los recursos naturales en el marco de las autonomías indígenas. “Seguramente ese espíritu de la Constitución se va a plasmar debe haber corresponsabilidad, tanto del Estado, de las instancias administrativa como de las instancias administrativas de los pueblos indígenas campesinos”, agregó.
CIDOBLa Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), sugiere una Ley de Bosques debido a que las 59 concesiones para explotar madera no cumplen con la función económica social y porque vulneran los derechos de los pueblos indígenas. La propuesta encuentra eco en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
“La mayoría de las Concesiones Forestales fueron creadas y adjudicada antes de que exista las demandas de las
TCOs, bajo en nuevo régimen constitucional han caducado, toda vez que la mayoría han sido creadas por decreto supremo y por el rango de legislación en la actual constitución son nulas y no cumplen con la función económica social y porque han vulnerado los derechos de las poblaciones indígenas”, señala un documento de la Cidob entregado a la Agencia de Noticias Indígenas de la
Red Erbol.
En otro acápite del documento, la Cidob expone que las empresas madereras provocaron con la deforestación de los bosques serios daños al medio ambiente e impiden el libre tránsito de las comunidades indígenas en las Tierras Comunitarias de Origen (
TCO).
Más información:
Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
| Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago) |
Microdonación de 2 euros
| Donación de importe libre
|
