El ex-presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada
Con la presentación de la imputación formal del ex presidente boliviano, Sánchez de Lozada, lo que resta ahora es la presentación de los dos mil testigos de cargo contra. El ex mandatario esta acusado de genocidio y se encuentra exiliado en Estados Unidos, por lo que el Gobierno ha exigido su extradición.
El juicio contra el ex mandatario boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), acusado por delitos de lesa humanidad, avanza a ritmo acelerado, tras la presentación de su imputación formal por parte del ministerio público, en el proceso judicial que se le lleva cabo en la nación.
La denuncia contra el ex presidente fue formalizada por el fiscal, Mario Uribe, que también incluyó imputaciones hacia varios de los ex ministros de su Gobierno, por delitos de lesa humanidad en el llamado octubre negro de 2003.
Además de Sánchez de Losada, precisó el fiscal, están señalados los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague, Hugo Carvajal Donoso, Guido Añez Moscoso, Adalberto Kuajara, Dante Pino y Erick Reyes Villa.
También acusan a Mirtha Quevedo, Jorge Torres y Javier Torres, estos tres asilados en Perú.
En su mayoría, los delitos que se les imputan están referidos a las 68 muertes y más de 400 heridos que dejó la represión policial contra movilizaciones sociales en septiembre y octubre de 2003
La imputación formal contempla los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, lesiones seguidas de muerte, privación de libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilios y dependencias, además de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El abogado de las víctimas de la citada represión policial, precisó que se concluyó la traducción al inglés de las más de tres mil páginas de la demanda, un asunto que retrasó el trámite.
Denunció que los responsables de la masacre de octubre de 2003 pueden usar todos los recursos que permite la justicia estadounidense para retrasar una decisión sobre su extradición hasta cuatro años.
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