Próceres de la Independencia ecuatoriana de ideas avanzadas
Hace dos siglos Quito se había convertido en una ciudad asediada por tropas realistas provenientes de los virreinatos de Nueva Granada y de Lima que cometían saqueos y múltiples atropellos en contra de su población de aproximadamente 25.000 habitantes, considerada por las autoridades españolas de alto peligro por sus frecuentes rebeliones. Con ese fin se había decidido poner en orden a los revoltosos recurriendo a un fuerte control militar. “480 fusileros del Real de Lima, 80 dragones de Guayaquil, con una gran dotación de artillería, varios batallones del norte, aparte de 290 reaccionarios que se alistaron en la propia capital. Y como 5.700 hombres perfectamente armados ocuparon escalonados las cercanías de Quito, listos a avanzar al primer pedido del Presidente”, según refiere Oscar Efrén Reyes en su Breve Historia del Ecuador.
En ese escenario de descontento y malestar ciudadano, a las primeras horas de la tarde del 2 de agosto de 1810 un pequeño grupo de quiteños armados de cuchillos atacan el presidio del Carmen Bajo, donde se encontraban encerrados una parte de los condenados por las autoridades españolas por la subversión del 10 de Agosto de 1809. Quieren impedir lo que se rumoraba en la ciudad: que ese día se fusilaría a varios de los 46 patriotas condenados a muerte por el fiscal de la causa Tomás Arechaga.
El relativo éxito en ese primer asalto les dio el coraje suficiente para intentar liberar a los más connotados dirigentes del 10 de Agosto, prisioneros bajo fuerte custodia en las mazmorras del Cuartel Real. Es cuando se inicia la matanza. Los oficiales al mando, temiendo que los rebeldes logren su objetivo, ordenan se les ejecute en su propia celda.
Así, uno a uno, caen asesinados los ex ministros y altas autoridades de la primera Junta quiteña: el radical antioqueño Juan de Dios Morales, ministro de Negocios Extranjeros y de la Guerra; Manuel Rodríguez de Quiroga, nacido en La Plata allá en el Alto Perú, ministro de Gracia y de Justicia; el quiteño Juan Larrea, ministro de Hacienda; Juan Salinas, oriundo de Sangolquí, Jefe del ejército; el guayaquileño Juan Pablo Arenas, Auditor General de Guerra; el sacerdote quiteño José Riofrío, capellán de las tropas patriotas. También son acribillados los diputados por los barrios quiteños Mariano Villalobos y Francisco Javier Ascázubi. Y junto a ellos, Anastasio Oleas, J. Tobar, Manuel Cajas, Antonio Arenas, Nicolás Aguilera, Antonio de la Peña, Vicente Melo, Atanasio Olea, Nicolás Aguilera, Carlos Betancourt, José Vinueza, y N.N. Tobar. En total, 32 de los 84 ahí detenidos. El ambateño Mariano Castillo, de destacada actuación en batallas posteriores, escapa de la masacre simulando entre los muertos ser uno de ellos.
La carnicería prosigue en las calles quiteñas ante el masivo repudio de sus habitantes sumando alrededor de 300 las víctimas en esa trágica jornada.
Varios de los participantes en la Junta de 1809 son desterrados, tal el caso del destacado profesor universitario de ideas avanzadas Miguel Antonio Rodríguez, que cumple su exilio durante largos años en la capital de la lejana Filipinas, o de Pablo Espejo, hermano del precursor, enviado al Cusco. Manuela Cañizares tiene que esconderse en varios lugares para evitar su arresto, terminando recluida en el convento de Santa Clara donde muere en 1814.
En una de sus célebres proclamas para arengar a los patriotas en la justa causa de la guerra por la independencia, Bolívar, en 1815, todavía conmovido e indignado por la barbarie de los asesinos dirá: “En los muros sangrientos de Quito fue donde España, la primera, despedazó los derechos de la naturaleza y de las naciones. Desde aquel momento del año 1810, en que corrió la sangre de los Quiroga, Salinas, etc., nos armaron con la espada de las represalias para vengar aquéllas sobre todos los españoles”.
Esta aciaga fecha en la que son eliminados muchos de los próceres más progresistas de la independencia ecuatoriana, se inscribe en lo que los historiadores han calificado como la primera fase de las luchas libertarias que se dan en nuestro territorio para sacudir el yugo español, aquella que va desde la navidad de 1808 en Chillo Compañía, la hacienda de Juan Pío Montúfar, que sirve de pretexto a los precursores para fraguar las primeras acciones de la emancipación, hasta ese otro diciembre de 1812 cuando en la batalla de Ibarra los patriotas quiteños son vencidos por el sanguinario Toribio Montes que reemplaza al conde Ruiz de Castilla en la presidencia de la Real Audiencia de Quito.
En esos convulsionados cuatro años se sucederían acontecimientos memorables para los anales patrios. El 9 de agosto de 1809 los complotados reunidos en casa de Manuela Cañizares organizan el primer grito de la independencia, inmortalizando a Quito al día siguiente como Luz de América. El 16 de ese mismo mes se instaura en la Sala Capitular del convento de San Agustín la primera Junta Suprema. La ingenuidad, dudas, temores y traiciones llevan a la devolución del poder arrebatado a la autoridad española a los 80 días del golpe de Estado, tiempo que duró ese primer gobierno de criollos en la América española. En septiembre de 1810 se instaura la segunda Junta Soberana que duraría algo más de dos años, cuyo Congreso Constituyente proclama solemnemente el 11 de diciembre de 1811 la independencia de Quito y promulga el 15 de febrero de 1812 la Constitución del Estado de Quito, primera carta magna en nuestra historia jurídica. El linchamiento del 15 de junio de 1812 al ex presidente de la Real Audiencia Ruiz de Castilla ─responsable de la masacre del 2 de agosto y símbolo de todos los desmanes de las tropas realistas y poderes coloniales─ por parte de los vecinos de San Roque comandados por las patriotas Rosa Zárate y María Larraín, por cuya causa muere el odiado conde en su ley tres días después; a los mártires del primer grito de independencia quiteña, traicionados por quien había empeñado su palabra de no tomar ninguna clase de represalias por los sucesos del 10 de Agosto de 1809, y al héroe continental Túpac Amaru, en cuya muerte había participado en 1781, les hacía justicia la vindicta popular.
La repercusión de la revolución quiteña, como es ampliamente conocido, tiene alcances continentales y sirve de aliciente y ejemplo a muchos patriotas a lo largo y ancho de las colonias españolas en Nuestra América.
Detrás de los hechos brevemente referidos se esconde todo un complejo proceso social que puso en escena a distintas fuerzas que se abanderaron ya sea por las ideas del cambio o por las del orden, según fueran sus intereses. Grandes terratenientes criollos fieles a la corona española, o que perseguían únicamente una mayor participación en el poder local, con claras posiciones monárquicas, temerosos de los sectores sociales de avanzada que, imbuidos por las modernas ideas de la ilustración, enarbolaban las tesis de independencia total de todo tutelaje metropolitano, soberanía nacional y república con división de los poderes del Estado, repartición de tierras, abolición de la esclavitud, democracia representativa y libertades ciudadanas. Una verdadera confrontación de paradigmas no solo en oposición a los opresores extranjeros, sino al interior de las fuerzas involucradas en el movimiento independentista.
En fin, el bicentenario ha servido en nuestros días para recordarnos todo eso y para innovar interpretaciones que recuperan por una parte la actuación de actores populares anteriormente invisibilizados: mestizos, negros, indios, mujeres y, por otra, la autoestima de nuestros pueblos al sentirse herederos de una rica tradición histórica. También ha dado lugar a una prolífica actividad cultural en los ámbitos académicos, artísticos, de difusión en medios de comunicación y una encomiable publicación de textos, ya sean valiosas reediciones o nuevas contribuciones sobre la problemática de nuestra primera independencia.
Paradojas de la historia, entre tanta euforia, conmemoraciones y revisiones necesarias sobre el Bicentenario, el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito no se ha percatado de eliminar de la nomenclatura de sus calles los abominables nombres del conde Ruiz de Castilla y Toribio Montes, victimarios de los patriotas quiteños y latinoamericanos; incluso por ahí existe una calle José de Abascal, que esperamos no sea en honor del virrey de Lima, uno de los más encarnizados enemigos de la Revolución de Quito y de la emancipación de todos los pueblos hispanoamericanos.
Llama también la atención que a una de las avenidas más importantes de la ciudad todavía no se le haya restituido su nombre en un importante y extenso tramo, a pesar de que la gran mayoría de quiteños la siguen llamando 10 de Agosto y no por el apelativo del ex presidente que pocos recuerdan sus méritos y que inexplicablemente se hizo acreedor a tanto honor. Creemos que hispanistas recalcitrantes o aduladores de oligarcas llegados al solio presidencial ya no están en el municipio capitalino en estos tiempos de revolución ciudadana y lo que menos podría hacer es reivindicarse por lo que olvidó el año anterior, sintonizando sus gestión con el benéfico espíritu bicentenario que recorre por la Patria Grande.
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