Por orden del juez Garzón, la Policía española ha detenido a una serie de dirigentes del independentismo vasco violando la sede de un sindicato legal como es el caso de LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak, Comisiones Obreras Patriotas) con la excusa de que estaban preparando la creación de una nueva formación política por orden de ETA.
 
De nuevo asistimos a la plasmación judicial de la teoría del "complejo ETA" donde se mete en el saco de un supuesto entramado a las órdenes de este grupo armado a toda clase de instancias criminalizables por el establishment español, como es el caso de la Plataforma anti-AVE vasco o el periódico Egunkeria. Asimismo, personas de trayectoria pacifista y antimilitarista como algunos procesados del macrosumario 18/98 han sido condenadas a largas penas de cárcel no porque sean militantes o colaboren con ETA, sino por realizar actividades lícitas y pacíficas que coincidian con las reivindicaciones de ETA.
 
La teoría del "complejo ETA" permite, en la práctica, a la Audiencia Nacional, instancia heredera del Tribunal de Orden Público franquista, tener carta blanca para criminalizar a voluntad a cualquier persona u organización independentista, impidiendo que lleve a cabo incluso por métodos pacíficos y legales su ideario político.
 
Arnaldo Otegui y los demás dirigentes independentistas vascos han sido detenidos por reunirse y hablar de política, y su encarcelamiento supone una absoluta vulneración de sus derechos fundamentales, poniendo una vez más en la picota la credibilidad de este precario Estado de Derecho.
 
La Ley de Partidos, la prohibición de las diferentes candidaturas electorales, la persecución judicial y policial, el cierre de periódicos y hasta webs, los malos tratos y torturas a detenidos y detenidas... conforman un auténtico Estado de Excepción que vulnera las libertades democráticas e impide la expresión política de la disidencia vasca con el régimen monárquico español.
 
Desde el rechazo al terrorismo de estado y al de ETA y la apuesta por la vía política, es la hora de defender las libertades democráticas en peligro, es la hora de exigir la derogación de la Ley de Partidos, es la hora de pedir la libertad de los detenidos y detenidas y expresar la solidaridad con LAB y el movimiento popular vasco.
 
Javier García
(Aunque la reflexión es personal, Javier García es miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida y de la dirección de la CUT)
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