El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, volvió a rechazar por segunda vez la denuncia presentada por la organización Women’s Link Worldwide, que representa a la catalana Cristina Valls, por las torturas y abusos sexuales que ésta sufrió por parte de las fuerzas públicas mexicanas en San Salvador Atenco en mayo de 2006. Este mismo mes, el caso será elevado por la denunciante hasta el Tribunal Constitucional.
La querella, presentada el 25 de enero de 2008 ante la institución española mediante la vía de jurisdicción universal, buscaba, según declaraciones de Cristina Valls a Kaosenlared, “que se reconozca la violación sexual como un método de tortura y que se reconozcan las responsabilidades, tanto de los policías que actuaron en el operativo, como de mandos y altos cargos del gobierno mexicano, así como funcionarios del penal donde fuimos trasladadas”.
El 7 de julio de 2008, la demanda fue rechazada por Marlaska debido a que “ha quedado acreditado que en México (...) se están llevando a cabo investigaciones tendentes a esclarecer los hechos”, lo que impide “cualquier otro pronunciamiento que no sea reconocer” la prioridad de la jurisdicción mexicana frente a la española, “puesto que el lugar de la comisión del delito es preferente” sobre la nacionalidad de la denunciante, según declaró la sección segunda de la sala de lo penal. Para Valls, de lo que se trata es de “demostrar que no hay voluntad desde el sistema de justicia mexicano de buscar responsables en este caso. Aunque se tenga abierta una investigación, siguen sin señalar ni reconocer las violaciones que se produjeron”. Una situación que entienden de igual manera las mujeres mexicanas que sobrevivieron a la agresión, que han tenido que llevar su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El recurso de apelación, presentado el 14 de julio siguiente, ha sido, de nuevo, rechazado justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana está a punto de emitir una sentencia sobre el caso Atenco. Esta decisión del máximo organismo judicial mexicano se realizará a partir del informe realizado por uno de sus titulares, José de Jesús Gudiño Pelayo. Dicho informe concluye que los gobiernos federal y del Estado Mexicano habrían sido responsables de los hechos acontecidos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 y que costaron la vida a dos jóvenes, más de 200 detenciones y abusos sexuales por parte de las fuerzas públicas a al menos 31 mujeres mexicanas y extranjeras. Un dictamen que, sin embargo, ha sido criticado tanto por la abogada Bárbara Zamora como por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) por favorecer la impunidad de los verdaderos responsables de los hechos “al decir que esas violaciones graves no obedecieron a una estrategia estatal”. Asimismo, el informe de Gudiño Pelayo, señala que “no hay elementos para determinar la identidad de los perpetradores” de las muertes de los jóvenes Alexis Benhumea y de Javier Cortés Santiago.
Según Cristina Valls, las razones de la decisión de la Audiencia Nacional de no admitir a trámite su denuncia son claras: “Es simple, desde México les informan que no se preocupen que ellos están investigando y acá dan carpetazo. Todo se alarga, intentan desgastarnos… Porque esta vía desgasta, es un gran circo donde no hay intención de resolver estos hechos desde las instituciones porque hay mucho que levantar y no conviene”. Además, añade la catalana, “pues hay altos cargos implicados en ello, está también el Plan Puebla Panamá de por medio, con empresas españolas. Hay tratados comerciales entre Europa y México con cláusulas firmadas que quedarían en duda si se reconoce que hubo violaciones a los derechos humanos”. Todos estos elementos hacen que ella y el colectivo al que pertenece, Atenco Somos Todas, “no reconozcamos esta vía como nuestra, sino que nosotras apoyamos esta denuncia como herramienta de presión y para señalar a los responsables de este modo, pero seguimos trabajamos desde lo político, en las calles, en nuestros espacios sociales y con nuestras
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