Ante la resolución de la Audiencia Nacional de archivar la causa de Gaza
El CSCA recurrirá al Tribunal Supremo
Comité de Solidaridad con la Causa Arabe
El CSCA recurrirá al Tribunal Supremo y considera que cualquier artificio de investigación en el país afectado por una demanda será coartada para impedir la investigación de los hechos en cualquier causa.
El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, acusación popular en la causa de la matanza de Gaza de 2002, con 14 asesinatos de civiles palestinos por un bombardeo israelí, presentará ante el Tribunal Supremo un recurso para que rechace el archivo de esta causa, dictado por la Audiencia Nacional.
Ésta, en principio, ha aceptado el criterio del fiscal de que se estaba investigando en Israel esta matanza. Esto no es cierto. No ha habido investigación judicial digna de este nombre, sino informes militares de parte y sólo se ha hecho en Israel una añagaza judicial en la víspera de su primera admisión por la Audiencia Nacional, con lo que la Sala de lo Penal de esta Audiencia crea un precedente torticero al amparar a los acusados cuando éstos consigan -en los mismos países donde se hayan dirigido crímenes contra la humanidad- disfrazar una investigación judicial que impediría ser demandado.
Pero además, hay otro problema más de fondo. El Tribunal Supremo israelí, es un aparato de la Ocupación y acepta las leyes racistas sionistas, los asesinatos extrajudiciales, las deportaciones, las expropiaciones y destrucciones de casas a los palestinos, la construcción del Muro y un largo etcétera.
Con estos mimbres, aceptar que las investigaciones se realicen por parte del aparato encubridor militar israelí y saber que el Tribunal Supremo israelí desoye el derecho internacional, la Audiencia Nacional avala las consecuencias de la Ocupación y a sus instrumentos, ya sea las operaciones asesinas del Ejército israelí o la argamasa disculpatoria de un Tribunal Supremo israelí, alejado del derecho internacional y de la defensa de los derechos humanos.
Por lo tanto, el CSCA considera que todavía no está cerrada la posibilidad de ejercer la jurisdicción universal pese a las razones de estado que anteponen a la impartición de justicia, por ejemplo, los partidos conservadores españoles, incluido el PSOE. La interposición judicial se realizó ante la complicidad de facto con la ocupación israelí de nuestros Gobiernos que ni siquiera se atreven a suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel que establece en su artículo 2, la suspensión ante la violación de derechos humanos o el intercambio militar con una potencia ocupante.
www.nodo50.org/csca
El pleno de la Audencia estima por mayoría el recurso que la Fiscalía presentó contra la decisión del juez Andreu
La Audiencia Nacional archiva la investigación del ataque de Israel a Gaza
Público
El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha acordó ayer martes archivar definitivamente la causa que instruye el juez de este tribunal Fernando Andreu en la que investiga un ataque de Israel a la franja de Gaza en 2002 en el que murieron un líder de Hamás y catorce civiles.
De esta forma, los dieciocho magistrados que componen el pleno han estimado por amplia mayoría (14 votos contra 4) el recurso que la Fiscalía presentó contra la decisión de Andreu , han informado fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes han señalado que el auto del pleno de la sala de lo penal, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, será redactado en los próximos días por el ponente, el magistrado Juan Francisco Martel, y que contará con votos particulares discrepantes.
Según han informado fuentes jurídicas, el archivo definitivo de esta investigación no tiene "nada que ver" con la reforma legal aprobada la semana pasada por el pleno del Congreso que limitará la actuación de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal a los casos en los que existan víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España.
Los magistrados del pleno, han añadido las fuentes consultadas, consideran que Israel ha investigado el ataque de 2002 y que, por tanto, su jurisdicción tiene preferencia sobre la española .
El pasado 29 de enero Andreu imputó al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares de ese país un delito contra la humanidad por un ataque "desproporcionado" en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murieron el dirigente de Hamás Salah Shehade y catorce civiles -la mayoría niños y bebés- y resultaron heridas otras 150 personas.
Tras recibir la información solicitada al Gobierno de Tel Aviv para averiguar si estos hechos habían sido investigados allí, Andreu concluyó que de la documentación facilitada se desprendía que no hubo una investigación judicial en aquel país y prosiguió instruyendo el caso.
Sin embargo, la Fiscalía entendió que sí se había investigado y que la Audiencia Nacional no era competente, por lo que pidió el archivo provisional de la causa.
"Carácter preferente" de Israel
El magistrado desestimó su petición y el 4 de mayo dictó el mencionado auto en el que sostenía que, aunque se hubiera investigado, de la Convención de Ginebra se desprende la competencia "concurrente" del tribunal español, dada la naturaleza de los delitos investigados (crímenes de guerra).
Dos días después, el Ministerio Público recurrió en apelación la decisión del juez y pidió a la sala de lo penal que la revocase porque, a su juicio, Israel tiene "carácter preferente" para llevar a cabo dicha investigación ya que "está conociendo de los hechos".
Según el fiscal, en Israel ha habido tres investigaciones: una llevada por el fiscal general militar, otra por el fiscal general del Estado de Israel y una tercera revisión judicial del Tribunal Supremo de aquel país, y cree que todas ellas responden a los "cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho".
Sin embargo, para Andreu, aunque el caso llegó hasta el Tribunal Supremo israelí, éste se limitó a dar por buena "la decisión de la Fiscalía Militar de no abrir una investigación criminal" sobre los hechos.
"Buena prueba de ello -según el juez- es que los aquí querellantes (la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe), víctimas del 'ataque preventivo', se han visto obligados a acudir a la jurisdicción española para que se proceda a la apertura de una investigación judicial".
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