¿Qué tan peligrosa será la demanda por justicia en el caso Atenco? Si juzgamos por el tamaño del cordón policial que hoy cercó varias cuadras alrededor de la Suprema Corte de la Nación, podría ser altamente peligrosa para las carreras de ciertas personas. Al encontrar bloqueado el espacio tradicional de protesta, alrededor de 400 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y organizaciones solidarias se juntaron a un lado del edificio para exigir algo que hasta ahora no ha existido en el despreciable trabajo del Poder Judicial del Estado de México—una actuación ética.
En un momento cuando los Magistrados están para resolver el recurso de revisión en los casos de los compañeros Bernardino Cruz Cardona y Adán Espinoza Rojas, el FPDT insiste en que una revisión exhaustiva de los agravios resultará en un amparo que deja sin efecto las órdenes de aprehensión contra ellos. “De no ser así, nuestros compañeros pasarán a la condición de indefensión en la que actualmente se encuentra América Del Valle, quien no cuenta con ningún recurso jurídico para alcanzar su libertad, ya que la única forma jurídico-procesal que tiene para demostrar su inocencia es mediante un juicio penal recluida en una cárcel de máxima seguridad, por ser los mismos hechos en los que se emitió una condena de 67 años y medio de prisión contra Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo”.
Los manifestantes de Atenco y gente solidaria de La Otra Campaña, Movimiento Popular Independiente, Frente Popular Francisco Villa, La Otra Cultura, Consejo General de Huelga y otros grupos también exigieron la libertad de los 10 compañeros presos en el penal del Molino de Flores, condenados a 31 años y 11 meses de prisión, con énfasis especial en la inocencia y secuestro de los jóvenes Pedro Reyes y Julio Cesar Espinoza. Gritaron por la libertad de Felipe Álvarez y Héctor Galindo, condenados a 67 años y medio de prisión e Ignacio Del Valle Medina, condenado a 112 años y medio de prisión, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
La Suprema Corte está para revisar el caso Atenco para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 y para determinar las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes. La compañera Trinidad Ramirez entró para entrevistarse con el Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, pero al recibir el desaire de siempre, dejó un mensaje con el funcionario que la recibió: “Que la Corte cumpla con su deber”. El FPDT exige que las decisiones se tomen en base a la justicia y la legalidad y no “en función de los intereses políticos de los responsables de la represión en Atenco: Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Wilfrido Robledo”.
Ellos son, ellos son....
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