“Yo ordené el operativo”. –Enrique Peña Nieto
“Yo diseñé el operativo”. –Wilfredo Robledo Madrid
El lunes 9 de febrero, se realizó un mitin en la calle ante la Suprema Corte para exigir justicia en la revisión del caso Atenco. Ahí estuvo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, culpable del alto crimen de defender sus tierras, y unos compañeros y compañeras solidarias.
En la calle. Allí estuvieron varias de las personas castigadas por ese terrible crimen el 3 y 4 de mayo de 2006, incluso el compañero José Gregorio Arnulfo Pacheco en su silla de ruedas. Aunque padece una enfermedad degenerativa que afecta su equilibrio, habla y capacidad de movimiento, el compañero se esforzó en hablar del terror que vivió cuando fue golpeado y pateado en su casa junto con su esposa e hijo y luego en el camión rumbo a Toluca. Le rompieron cinco costillas, lo acusaron de planear la resistencia en Atenco, y lo encerraron durante 49 días sin importar su enfermedad. Habló para exigir justicia y libertad para los demás compañeros.
En la calle. Aunque la Corte reconoce que hubo graves violaciones de los derechos humanos en Atenco, no quería ver a las personas que sufrieron las violaciones, la tortura, el secuestro, el encarcelamiento. Tres personas nada más serían toleradas por un ratito. Por fin entró una comisión de diez personas para exigir que la Corte se porte como una Corte de Justicia.
La Suprema Corte sabe de las confesiones públicas de Enrique Peña Nieto y Wilfredo Robledo Madrid. La propia Comisión Investigadora determinó que la noche del 3 de mayo se reunieron Enrique Peña Nieto, Wilfredo Robledo, Abel Villicaña, Humberto Benítez Treviño, así como Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Miguel Ángel Yunes para planear el “Operativo Rescate Atenco”. Sin embargo, la Corte sumisa a los altos poderes económicos y políticos del país se niega a señalar a los represores. Según el dictamen del Ministro José Gudiño que revisan, las atrocidades perpetradas en Atenco no fueron producto de una estrategia del Estado sino simplemente el resultado de la falta de capacitación de los policías y una omisión de los altos funcionarios.
El dictamen tampoco reconoce que las violaciones de derechos humanos no se terminaron, sino que siguen ocurriendo en cada momento del encarcelamiento y sentencia de 67 años y medio impuesta a Felipe Álvarez y Héctor Galindo, así como de 112 años y medio de prisión a Ignacio Del Valle Medina, recluidos en el Penal del Altiplano en Almoloya de Juárez y de más de 31 años impuesta a los 10 compañeros presos en el penal del Molino de Flores en Texcoco – Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales, Oscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano Hernández.
Además, el dictamen exculpa a los asesinos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, diciendo que no fueron asesinados por las fuerzas de seguridad sino por otras personas.
Una Corte sumisa es una Corte cómplice.
Seguimos en la calle durante el proceso de revisión.
¡NI PERDÓN, NI OLVIDO, CASTIGO A LOS ASESINOS!
¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!
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