Cada año mueren en España más de mil personas mientras trabajan. El número de muertos en accidente laboral durante el primer trimestre de este año ha llegado a 317 según el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo. Casi medio millón de accidentes laborales en sólo tres meses y un saldo mortal tan elevado deberían activar la voz de alarma de una vez, como ocurre con los accidentes de tráfico, sin embargo estos datos lejos de alarmar, son silenciados.
El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe ser una exigencia para el empresariado. La Inspección de Trabajo visita alrededor de 12.000 empresas anualmente para certificar el cumplimiento de la ley así como valorar la situación de los trabajadores. Algo ineficiente ya que faltan técnicos en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que desde 1996 ha perdido más del 30% de sus efectivos. ¿Para qué crear una ley que no puede ser llevada a cabo?
Un dato a tener en cuenta para el estado, el empresariado y la sociedad en general, más allá de las muertes y los accidentes –como si fuese poco- es que estos cuestan 12.000 millones al año, el 1,72% del PIB. Sólo el coste de las jornadas perdidas asciende a 6.527 millones, y el de la Cobertura de Riesgos Profesionales por las Mutuas y Seguridad Social más de 5.000 millones vía cotizaciones sociales.
Los representantes de los principales sindicatos españoles no han sabido articular una protesta en torno a esta mortal problemática. Y es que aun discuten si es preciso aumentar o no las sanciones a los empresarios por siniestralidad laboral. Sin embargo existen excepciones a tanta inoperancia e injusticia: en Canarias la recaudación en multas a los empresarios se reinvierte íntegramente en prevención laboral. Un buen comienzo para una solución aun superficial.
Urge crear un organismo competente que unifique todas las voces sociales de protesta laboral en un tema como este. La creación de una asociación a nivel estatal que propague los problemas y conciencie a la ciudadanía, al empresariado, al gobierno y a los propios sindicatos sobre la siniestralidad laboral ayudará a crear políticas de choque reales y eficaces contra accidentes que podrían ser evitados. Trabajar con inseguridad, con miedo, es una forma de terrorismo laboral. Sólo que este, a diferencia de otros –sin menospreciarlos, al contrario- es silenciado. ¿Por qué será?
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