El  maximo tribunal rechazó por "inadmisible" un recurso de los abogados de ambos dictadores, quienes habían pedido la validez de los indultos.

Al confirmar una sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, la Corte estimó que es una "obligación del Estado argentino investigar y castigar" los delitos de lesa humanidad, pues por su gravedad son contrarios a la Constitución Nacional y a los tratados internaciones suscriptos por el país.

Se refirió asi a las "obligaciones asumidas por el estado argentino" ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y puntualizó su "obligación" no sólo de investigar sino también de "castigar los delitos aberrantes, deber que no podria estar sujeto a excepciones".

La Corte delcaró "inadmisibles" las objeciones expuestas por los apelantes, tanto en le referente a la competencia como a la actuación de la Cámara Federal porteña basándose en los fundamentos del caso Mazzeo, del año 2007, en le que se declaró inconstitucionales a los indultos.

En dicho precedente, la Corte había señalado que los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, "no sólo son contrarios a la Constitución Nacional sino también a toda la comunidad internacional".

Por esta razón, añade, "la obligación que pesa sobre los Estados de esclarecerlos e identificar a lo culpables surge también de los tratados internacionales".

Por otra parte, ante el planteo de afectación de la garantía constitucional de defensa en juicio por la alegada incapacidad de Massera, la Corte remitió  "la valoración de las circunstancias de hecho y la interpretación de las normas del derecho común", ya resultas por los jueces "con fudamentos suficientes