El ex propietario de Papel Prensa, David Graiver —muerto en 1976, en un extraño accidente de aviación en México— no usó la intimidación, el secuestro o la tortura para quedarse con el control de la primera fábrica argentina de papel para diarios. Pero tampoco sus métodos fueron trigo limpio.

El banco del padre de Graiver, el Popular Argentino, manejaba los fondos de la curia platense y tenía su gran protector en el obispo Antonio Plaza, aquel que llegó a bendecir los instrumentos de tortura usados por los esbirros de Ramón Camps. De todos modos, no pudo impedir que, a mediados de los años 60, el Banco Central lo liquidara, cuando estaba a punto de quebrar por un pasivo de 10 millones de dólares.

Fue entonces que Graiver empezó a tejer sus enjuagues para salvar de la desintegración al grupo familiar. No sólo lo logró; además, organizó un emporio fugaz, aunque poderosísimo mientras duró, asociado a José Ber Gelbard, titular de la empresa Fate y de la Confederación General Económica (CGE), economista de confianza de Juan Perón y afiliado secreto del Partido Comunista.

Graiver y Gelbard habían aprendido que, antes de trajinar en busca de créditos, era mucho más eficaz tener a su disposición una estructura política que permitiera obtenerlos sin trámites ni formularios engorrosos. Así, casi de la nada, en 1968 Graiver consiguió del Crédit Suisse de Zurich un préstamo de 3 millones de dólares para comprar el Banco Comercial del Plata. Su propietario, Héctor Isnardi, había fallecido y su viuda tenía apuro por vender.

Como su padre, David Graiver encontró la fructífera sociedad del obispo Plaza, cuyas cuentas corrientes volvió a manejar, y los vínculos de Gelbard con el peronismo proveyeron a ese banco con abundantes depósitos y operaciones de la burocracia sindical de la UPCN y del Smata.

Rápidamente, el Comercial del Plata se transformó en un banco nacional y triplicó el número de sus sucursales.

La primera “apropiación” de Papel Prensa

Gelbard, con grandes amigos en la dictadura militar instaurada en 1966 (Juan Carlos Onganía), había logrado el monopolio de la fabricación de aluminio para su empresa Aluar. En la misma época, Graiver era subsecretario del Ministerio de Bienestar Social a cargo de Francisco Manrique. Esa condición de funcionario de la dictadura le permitió conseguir contratos estatales a granel para su constructora Fundar.

Cuando comenzó la campaña electoral para los comicios de 1973, Graiver fue el principal recolector de fondos de la fórmula del que entonces algunos llamaban “partido militar”: la de Manrique y Martínez Raymonda. Paralelamente, también aportaba dinero a la campaña de Héctor Cámpora y Solano Lima, mientras colocaba a los hijos de Alejandro Lanusse en el directorio de sus empresas.

Reinstalado el peronismo en el gobierno y puesto Gelbard al frente del Ministerio de Economía, comenzó la operación que les permitiría quedarse con Papel Prensa, por entonces en manos de la familia Civita, propietaria de Editorial Abril. Los Civita ya estaban en apuros financieros graves, y Gelbard, desde Economía, ayudaba a empeorarlos con persecuciones fiscales y aprietes “reglamentarios” que, finalmente, le permitieron a Graiver comprar por poca plata el 26 por ciento del paquete accionario de Papel Prensa, porcentaje que le permitía controlarla con comodidad. El dinero para esa operación lo consiguió con créditos del Estado que Gelbard le proporcionó. En 1975, Graiver contribuyó al financiamiento de los diarios La Opinión y La Tarde, de Timerman, que comenzaron a reclamarle a las Fuerzas Armadas “una salida a la crisis institucional”.

Cálculo fallido

Cuando se produjo el golpe de marzo de 1976, Graiver confió en caer parado y en principio lo consiguió. Rápidamente se despegó de Gelbard, caído en desgracia desde bastante antes del zarpazo militar, y se aproximó a Emilio Eduardo Massera por intermedio de su amigo Mariano Montemayor, ex asesor de Arturo Frondizi, miembro con Onganía y Mariano Grondona de los Cursillos de la Cristiandad y, ahora, colaborador directo del jefe de la Armada.

Una reunión de Graiver, en Río de Janeiro, con Montemayor e Hipólito Jesús Paz —un ex canciller de Perón con vínculos muy aceitados en las cúpulas castrenses— le permitió a Graiver hacer que sus empresas no quedaran bajo control militar después del 24 de marzo.

No obstante, Graiver había hecho un mal cálculo. Tal vez les creyó a algunos izquierdistas que hablaban  de una “dictablanda” o de las bondades democráticas del general Videla y no pensaban que se trataba de un régimen genocida que llegaba para aplastar la resistencia obrera a sangre y fuego; y, de paso, usar el mismo método en sus negocios y negociados.

Para decidir en su contra la interna militar respecto de Papel Prensa hubo un dato clave, que aun Gelbard ignoraba y sólo era conocido por Graiver y su mujer, Lidia Papeleo: de los 28,5 millones de dólares que Graiver usó para comprar acciones del banco ABT, de Nueva York, 16.825.000 dólares pertenecían a Montoneros, que, dicho sea de paso, jamás los recuperó.

Lo demás es historia bien conocida: el secuestro de la familia Graiver y el traspaso de las acciones de Papel Prensa a Clarín.

En definitiva, se  asiste hoy a un nuevo paso de una vieja pugna mafiosa entre grupos capitalistas.