La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció complicidad policial con el negocio de la prostitución en la provincia de La Pampa. Se trata de el subcomisario de Lonquimay, el cuál tiene relación con la propietaria y/o regenteadora del cabaré de la localidad de Colonia Barón.
La denunciá ya llego a los oidos del ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad César Rodríguez, pero hasta ahora no hay noticias de que se hayan tomado cartas en el asunto.
Otra prueba que la trata de personas en nuestro país se debe a la participación y complicidad de politicos e integrantes de la fuerza policial.
La Noticia / Fuente "El Diario de La Pampa"
EL NEGOCIO DE LA PROSTITUCIóN
Denuncian vínculos entre otro jefe policial y un cabaré
sábado, 24 de octubre de 2009
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció otro caso de "complicidad policial" con el negocio de la prostitución en nuestra provincia. "Acá hay connivencia entre todos los estamentos, no podemos tener una venda en los ojos. Que se encargue la Justicia de investigar, yo no puedo decir que hay políticos detrás de la trata de personas", dijo la dirigente Liliana Abbrate.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció ayer el vínculo comercial entre otro jefe policial y una whiskería: el planteo llegó a oídos del ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad César Rodríguez, pero todavía no se sabe que haya tomado decisiones.
Liliana Abbrate, dirigente de la APDH, reveló que el subcomisario de Lonquimay tiene relación con la propietaria y/o regenteadora del cabaré de la localidad de Colonia Barón. Aunque no hizo nombres y apellidos, le apuntó al responsable de la subcomisaría de Lonquimay, Carlos Adrián Alanís.
Lonquimay fue una de las localidades donde las whiskerías, los cabarés y el negocio de la prostitución estuvieron en debate en los últimos días: el Concejo Deliberante impidió que se instalen nuevos comercios de ese tipo, luego de que estallara un escándalo porque una joven santiagueña logró escapar del prostíbulo y contar lo que había sufrido. Aunque "Good Night" quedó en el centro de la escena, el intendente Luis Rogers respaldó su funcionamiento, considerándolo un lugar "de contención espiritual".
En los días previos había trascendido el caso de Hugo Benvenutto, subjefe de la Unidad Regional I -que pasó a retiro-, quien públicamente se opuso al cierre de whiskerías. Poco después se comprobó que era pariente de la propietaria de un local de ese tipo en General Acha.
Ayer, Liliana Abbrate habló en el programa radial "Plan B Noticias" (FM Sonar 91.3) y recordó que la trata de personas "es un flagelo social que hay en el país, son redes que están circulando, captando jóvenes en todo el país, y nuestra provincia lamentablemente se ha transformado en un lugar donde se explotan algunas jóvenes en situaciones realmente denigrantes para la humanidad".
"Surgen muchos interrogantes. Tenemos indicios, y le hemos planteado en su oportunidad al ministro la inquietud que hicieron llegar respecto de que un funcionario policial, el subcomisario de la localidad de Lonquimay, tiene una relación de pareja con la mujer encargada del cabaré de Colonia Barón", aseveró.
"No es toda la Policía, en este caso es un funcionario. Y es terrible. La cabeza en toda institución es lo más importante y en este caso hay indicios en el sentido de que se promueve la prostitución", insistió.
Abbrate consideró que "lo que debe hacer es intervenir la Justicia, se puede iniciar una actuación de oficio, pero se toma el tema con mucha liviandad aunque es un flagelo social y es importante que todos se hagan eco, porque son jóvenes que son captadas y obligadas a explotar su propia humanidad. Es lo más vil que un ser humano puede hacer con otro".
La dirigente de la APDH insistió en que "ya está informado el ministro de esta situación específica. Supongo que el señor ministro habrá hecho su tarea. No tenemos acceso a eso, pero seguimos con nuestro trabajo de reflexión y concientización. No podemos avalar ni callar esta situación de connivencia entre algunos funcionarios policiales y la prostitución en nuestra provincia".
"Lo que ocurre -agregó- es que también está la situación de que se los utiliza políticamente a estos lugares... Acá hay connivencia entre todos los estamentos, no podemos tener una venda en los ojos. Que se encargue la Justicia de investigar, yo no puedo decir que hay políticos detrás de la trata de personas, pero sí puedo asegurar que hay indicios de connivencia en el caso específico del subcomisario de Lonquimay. Siendo un funcionario policial hay que pregonar con el ejemplo, no se puede pedir que cumplan con la ley si el funcionario es el primero que la transgrede".
"Estamos luchando para que no haya más impunidad -reiteró- en el sentido estricto de la palabra. Se necesita aire fresco, hay que sacar toda la mugre de abajo de la alfombra y que se traten todos los temas. Es lamentable, pero se ha llegado a esta situación porque como sociedad estamos fallando, no nos hacemos cargo de intervenir y denunciar. Estamos obligados a cuidar y proteger a la sociedad, de esa manera se protege a nuestros hijos y nuestros nietos".
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