El Senado aprobó anoche la nacionalización del plan de pensiones privado con 46 votos a favor y 18 en contra, poniendo fin así a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJ). La norma garantiza a los jubilados que están en el sistema privado iguales o mejores beneficios que los actuales.
Tras más de doce horas de debate, el Gobierno logró que se aprobara el proyecto y que se creara el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que implica el fin del régimen previsional de capitalización.
El oficialismo logró asegurarse con relativa tranquilidad los votos necesarios para eliminar el sistema creado en 1994, durante el Gobierno de Carlos Menem, ya que previamente fue aprobado por la Cámara de Diputados con una holgada mayoría.
Poco después del comienzo de la sesión, el vicepresidente de la comisión de Trabajo y Previsión, Julio Miranda, encaró la primera defensa del Frente para la Victoria y manifestó que "las propias AFJP han reconocido que en los 15 años de vigencia del sistema no han logrado cumplir con lo que era el anhelo inicial". "Cuando hay necesidades y derechos se busca cubrirlos y darle soluciones", explicó.
No obstante, el radical Ernesto Sánz, del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) rechazó el proyecto y dijo que se trata de una "confiscación", a la vez que puso en duda la capacidad de control del Consejo del Fondo de Garantía como la Comisión bicameral, creados a través del texto, para dirigir los fondos previsionales.
SUPERVISIÓN
La iniciativa, propuesta por el Gobierno de Cristina Fernández, establece que la administración de los fondos estará sujeta a la supervisión de una comisión bicameral de control y de un consejo integrado por empresarios, trabajadores, jubilados, funcionarios, entidades bancarias y legisladores.
Uno de los puntos acordados con la oposición que permitió sumar mayores respaldos a favor de la iniciativa, sostiene que la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y prohíbe la inversión de los fondos en el exterior.
Se trata de la iniciativa más importante impulsada por el Gobierno, ya que le permitirá contar con unos 20.000 millones de euros acumulados en los fondos privados de jubilaciones, además de sumar los ingresos mensuales que se abonan para los fondos de pensiones.
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