“Una fuerte polémica se desató ayer cuando el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, admitió que se incorporará a policías exonerados en retiro entre los 4.000 efectivos que se sumarán a los patrullajes en el conurbano bonaerense”. (La Nación, 29/3/09)
“En un hecho casi sin precedente, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, denunció que sospecha que policías bonaerenses retirados o exonerados habrían reclutado a menores para que asesinen a la arquitecta Renata Toscano, a la maestra Sandra Almirón y a la bioquímica Ana María Castro”. (La Nación, 16 de diciembre de 2009)
A Winston Smith, el desgraciado protagonista de la novela 1984, lo detienen por conspirar contra el Estado. Su delito ha sido guardar el diario de ayer, en un país donde, entre otras cosas, está prohibida la memoria.
La Policía Bonaerense, mucho antes de llegar a 1984, ya había superado esos horrores imaginados por Orwell: bomberos que colocaban bombas, ambulancias en donde se torturaba a los heridos, homicidios que cometía la misma Brigada de Homicidios, etcétera.
Aquella policía con licencia para robar y matar que le habían dejado como triste herencia, a la democracia, los militares del Proceso, no tardó en encontrar nuevas mafias y nuevos capos a quienes servir. Y las ilusiones de reforma, educación y reeducación de los cuadros fueron cayéndose una tras otra (porque era y es impensable -digámoslo sin ambages- conseguir una nueva policía cuando el mismo establishment político y económico es el generador de la injusticia, de la corrupción y el delito).
A principios de este año se descubrió que la banda que mantuvo secuestrado a Leonardo Bergara estaba formada por efectivos de la Bonaerense, tanto en actividad como exonerados. Ese “descubrimiento” motivó la salida (gatopardista, como siempre) del jefe máximo Daniel Salcedo. Llegó el turno, entonces, de Juan Carlos Paggi.
A mediados de este mismo año, tras una nueva campaña de acción psicológica que convirtió la inseguridad en categoría metafísica, y con la venia del gobierno nacional, la Bonaerense comenzó a reincorporar agentes exonerados.
Y ya al terminar este año (caray, como se acortan los tiempos) el mismo Ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, denuncia públicamente que ciertos crímenes que en las últimas semanas conmovieron a figuras del espectáculo y a una parte de la ciudadanía, fueron instigados o cometidos por agentes en actividad y exonerados, todos ligados a la fuerza que conduce Juan Carlos Paggi.
La ficción de Orwell, como vemos, fue superada hasta tal punto que ya no le importa a nadie, ni a los de arriba ni a los de abajo, que la mentira de anoche sea la verdad de esta mañana y que vuelva a ser mentira al caer la tarde. El descalabro manda y el crimen (incluso en escala de genocidio, como ocurre con el hambre) pasa a ser la única y permanente política de Estado.
Datos incómodos
La Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ha difundido recientemente datos estadísticos comparativos, sobre homicidios culposos (asesinatos) y sobre la composición etaria (edad) de los imputados.
Según esa estadística, el doloroso y triste récord de homicidios lo lleva El Salvador, ganado por las maras, con 80,4 por cada 100.000 habitantes. Lo sigue Colombia -aún sumida en una cuasi guerra civil-, con 54 asesinatos cada cien mil. Hacia abajo -y ya no en situaciones excepcionales- están Brasil (19,7), México (14,7), los Estados Unidos (8,3) y la República Argentina: 7,4.
Dentro de esa tasa argentina, que no es la más alta, el 31% de los homicidios son cometidos por jóvenes de 18 a 24 años; el 24% por adultos de 25 a 34 años y el 12% por menores de 18 años, como valores significativos.
Es verdaderamente trágico e indeseable, para cualquier comunidad, que haya menores que son lanzados o instigados a matar. Pero si, como denuncia el ministro Stornelli, los corruptores o instigadores de esos menores son elementos de las mismas fuerzas de seguridad, entonces, obviamente, el problema no es el que nos dicen que es ni está donde nos dicen que está. Dicho de otro modo: el problema es el Estado criminal y cómo hacemos, cómo hacemos los ciudadanos de a pie, para cambiarlo.
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