Seis mil personas integran la Unión de Pueblos Diaguita-Calchaquí en territorio tucumano. Todas sufren la usurpación por parte de terratenientes, el cierre de caminos ancestrales y la destrucción del medioambiente.
San Miguel de Tucumán, 26 de junio (Agencia Walsh). Usurpación de tierras por parte de terratenientes, cierre de caminos ancestrales, destrucción del medio ambiente por explotaciones mineras, saqueo de recursos hídricos y de su patrimonio histórico forman parte de los padecimientos que más de seis mil personas de la comunidad diaguita de Tucumán padecen diariamente por la inacción del Gobierno.
Las comunidades originarias del Pueblo Diaguita de Tafí del Valle junto a diversas onG elevaron un petitorio al gobernador José Alperovich a través del cual le reclaman que intervenga ante una serie de problemáticas que vienen padeciendo, algunas de ellas, desde hace bastante tiempo.
A través de una nota ingresada el 4 de junio en la Secretaría Privada de la Gobernación, el pueblo autóctono del Valle Calchaquí pidió al mandatario una urgente solución frente a la imparable usurpación de sus tierras que por historia les pertenece. Para esto, advierten la necesidad de una ordenación territorial ante lo que entienden como una “verdadera anarquía” en el uso de los espacios.
“Somos víctimas de una urbanización caótica, de loteos en zonas inconvenientes para tal fin y de la instalación de infraestructura para diferentes proyectos que afectan a los habitantes nativos y a su patrimonio histórico, cultural y ambiental”, denunció Marcos Pastrana, integrantes de la comunidad diaguita de Tafí del Valle.
Por esto, se reclamó una ordenación territorial con la participación de la comunidad a la cual deberá garantizársele sus derechos.
Junto a esto, se recordó la ya histórica problemática por el uso y la tenencia de la tierra, y las consecuencias por el cierre de servidumbres de paso y lugares de tránsito en caminos usados ancestralmente por los indígenas.
Un medio ambiente arrasado por intereses ajenos a la comunidad
El manejo de los recursos hídricos de la zona y el impacto por la contaminación de las explotaciones mineras forma parte del menoscabo gradual que el ambiente de los diaguitas viene soportando históricamente.
“Hay un abuso en el uso del agua de los Valles dada la cantidad de proyectos que no tienen como prioridad el uso humano y el mantenimiento de los caudales ecológicos para el mantenimiento de la biodiversidad”, advirtió Pastrana, en diálogo con el sitio Primerafuente.
El integrante del pueblo originario denunció que existe una salvaje extracción de áridos en la zona dado el crecimiento de las obras. Se teme un serio riesgo geomorfológico debido a la severa afectación de las cuencas hídricas.
“El mayor peligro lo ocasiona la explotación de la gran minería a cielo abierto lo que representa la destrucción total de nuestro ecosistema”, advirtió Pastrana. En este sentido, se exigió el desmantelamiento del mineraloducto y el tendido eléctrico que cruza los Valles Calchaquíes, ambos de Minera Alumbrera (ubicada en Andalgalá, Catamarca) “en función de los múltiples daños comprobados que causan”.
Pastrana relató cómo cada vez que se realizan obras en sus tierras, los restos arqueológicos de la comunidad sufren las prácticas de un saqueo y destrucción permanente. Una posible solución reclamada al Gobierno apunta, más allá del cumplimiento de la normativa vigente, a la realización de estudios de impacto ambiental previo a cada emprendimiento más allá del aval de la comunidad originaria reunida en audiencia pública.
Preocupa, además, el daño que ocasiona la proliferación del uso por las tierras de la comunidad de vehículos todo terreno y motos tipo enduro que deterioran el terreno.
Los diaguitas adelantaron al gobernador que si estos conflictos no son atendidos los conflictos sociales que aparejarán serán de consecuencias cada vez más graves. “Ofrecemos nuestra responsabilidad comunitaria de cara a estos problemas, pero exigimos voluntad política y decisión administrativa por parte del gobierno para hacerse cargo de ellos”, sostiene el petitorio elevado a Alperovich.
Entre las alternativas para cambiar la realidad, el pueblo originario propuso una audiencia pública con el gobernador y delegados comunales; la aplicación de una moratoria en la ejecución de los proyectos de obras y el estricto respeto al marco legal referido a los pueblos originarios y campesinos. En este sentido reclamaron que el artículo 149º de la nueva Constitución provincial sea reglamentado en forma consensuada con todas las comunidades originarias.
Este mismo diagnostico y petitorio fue elevado, entre otros sectores, a la Corte Suprema de Justicia, a la Legislatura, a la Justicia Federal de Tucumán, a la Defensoría del Pueblo local, al Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a Cancillería de la Nación, al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Jefatura de Gabinete y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instituciones.
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