El modelo de subida de impuestos del gobierno consolida el sistema fiscal como un mecanismo de explotación institucionalizado
Declaración de Izquierda Anticapitalista
La subida de impuestos recientemente anunciada es una consecuencia de cargar en las cuentas del Estado los costes del rescate bancario y el desarrollo improvisado de una serie de estímulos fiscales mal planificados con un destino que acaba engrosando las rentas del capital sin traducción en el bienestar social. Con una crisis recaudatoria para el Estado como la actual y con las demandas de rescate empresarial para la banca y algunas industrias, sólo podían conducir a un incremento de impuestos o a un desequilibrio insostenible en el erario público. Pero, frente a lo prometido demagógicamente por el gobierno ZP, el modelo escogido de incremento impositivo es una vuelta de tuerca que profundiza el sesgo regresivo de las medidas con las cuales está afrontando la crisis, mediante una política de keynesianismo proempresarial.
Según venimos denunciando desde Izquierda Anticapitalista, la política del Ejecutivo se está caracterizando por priorizar el gasto destinado a subvencionar a los grupos sociales y económicos que han generado esta crisis. Mientras, las necesidades de los grupos que, como l@s parad@s, l@s hipotecad@s, l@s trabajador@a y las clases populares en general, estamos sufriendo sus efectos, son clamorosamente desatendidas. Por un lado, con dinero público se sufragan arreglos en la solvencia de entidades bancarias y grupos empresariales, en entredicho por su irresponsabilidad en la gestión financiera, que en estos últimos años han acumulado beneficios colosales. Y que, por otra parte, aprovechan los nuevos fondos para hacerlos coincidir con incrementos salariales y de ventajas materiales de todo tipo para sus directivos. A pesar de que nuestro país arrastra un déficit considerable en gasto público social (que representa sólo un 20,3% del PIB, siendo el promedio para la UE del 27%) los incrementos en estas partidas son claramente insuficientes. Tanto por su escasa cuantía como por su naturaleza asistencial (valga como ejemplo la publicitada medida de los 420 euros para l@s parad@s). Y los apoyos públicos al empresariado no se condicionan a mejoras e incrementos en la inversión o en el empleo. Pero el colmo es que, además, el Estado se propone financiar estos gastos adicionales detrayendo más cantidad de recursos de la población que menos tiene, en particular la asalariada. La socialización de las pérdidas se produce, así, por una doble vía.
Una subida de impuestos es necesaria. Necesaria para reorientar nuestro modelo productivo, fortalecer el sistema de servicios y de regulación públicos, generar puestos de trabajo de calidad y edificar un verdadero Estado social.
Nuestro sistema fiscal ya era muy regresivo, y las medidas que anuncia el gobierno lo harán más aun. Tras haber eliminado hace poco más de un año el Impuestos sobre el Patrimonio, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 incluye dos medidas adicionales: elevar el gravamen del IVA y el de algunas rentas del ahorro.
En primer lugar, la subida del tipo general del IVA en dos puntos porcentuales (del 16% al 18%) y del tipo reducido en un punto (del 7% al 8%) es un claro ataque que erosiona la capacidad adquisitiva de los y las asalariadas. Esto se debe a que el IVA, como los demás impuestos indirectos que también se han elevado recientemente (sobre el alcohol y el tabaco), impacta de forma mayoritaria sobre los presupuestos de las familias con menos ingresos: debido a que estas familias dedican una parte mucho mayor de su renta total a consumir el peso de estos impuestos dentro de la renta familiar es superior. Es el ejemplo más básico, el que se utiliza en los manuales de Hacienda Pública para explicar lo que es un sistema fiscal regresivo: aquel que no tiene en cuenta el nivel de renta de los contribuyentes.
En segundo lugar, la subida del tipo de gravamen de las rentas sobre el ahorro del 18% al 19% para los primeros 6.000 euros y al 21% para el ahorro restante es, además de regresiva, profundamente demagógica. Con este cambio el gobierno lanza el mensaje de que se suben los impuestos al capital, cumpliendo así, presuntamente, la consigna retórica de ZP según la cual la crisis la pagarían “los más ricos”. Pero en realidad, aquellas personas con capacidad de ahorro importante, es decir, l@s ric@s, no acumulan su capital mobiliario en los mismos instrumentos de ahorro al alcance de la mayor parte de la población, sino que lo hacen, fundamentalmente, en las denominadas SICAV (Sociedades Anónimas de Inversión de Capital Variable). A nadie se le escapa que si el objetivo es que los que más tienen paguen más impuestos, los casi 450.000 ricos que tienen su patrimonio en las SICAV no deberían seguir pagando un exiguo 1% (el gobierno no altera esta tributación), que resulta un importante agravio comparativo con el ya reducido tipo del 30% (o ahora el 25% para algún segmento de PYMES) del Impuesto de Sociedades. A su vez, el resto de las personas que tienen sus ahorros en otros activos financieros pagarán por ellos entre el 19% y el 21%.
Según demuestra la experiencia de otros países, la crisis se podría afrontar de otra manera. El gobierno podría hacer gala de su supuesta adscripción socialdemócrata y fortalecer, en vez de desmantelar, nuestro renqueante Estado del Bienestar. Podría tomarse en serio, de una vez por todas (y en qué momento mejor que en éste), la lucha contra el fraude fiscal, que es uno de los más altos de la UE y contra el cual no se ha anunciado ni una sola medida.
Es necesario un modelo fiscal no sólo con mayor capacidad recaudatoria para financiar inversiones públicas y gastos sociales, sino también un modelo que altere su composición interna, dando más peso a impuestos directos y progresivos, frente a los indirectos y regresivos. Justo al contrario de lo que ahora existe.
No es admisible que en la tributación a Hacienda sean los y las asalariadas los que declaran unos ingresos personales muy superiores a las del empresariado. Esto es un claro síntoma de fraude y evasión fiscal. No es admisible que los ingresos fiscales tengan una composición de unas ¾ partes procedentes de la masa salarial, y que luego los gastos e inversiones públicas se vayan en un gran grueso mayoritario a subvencionar al capital de una u otra forma. No es admisible que el Estado sea un instrumento más de explotación, donde la mayoría paga a la minoría más rica. En efecto, es necesario denunciar que el Estado es justo lo contrario a un Robin Hood.
Es posible y necesario no sólo restaurar el Impuesto de Patrimonio, sino también dotarle de tipos impositivos progresivos para que se convierta en un impuesto sobre las grandes fortunas. Se deberían eliminar las exenciones al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y naturalmente incrementar los tipos en el IRPF a las rentas más altas. E incluso podría mantenerse la misma presión fiscal y reducir los tipos del IVA sobre todo en los bienes más necesarios socialmente. Se podría hacer que los especuladores que han generado esta crisis pagaran algo por ello y, de paso, se evitaría que volvieran a hacerlo: sería tan sencillo como elevar el gravamen de las SICAV hasta al menos el del Impuesto de Sociedades, e introducir un impuesto que gravara las transacciones especulativas, o establecer que los impuestos sobre las rentas del capital dependieran de la capacidad adquisitiva de cada cual (por ejemplo, haciéndolas tributar al mismo tipo que se haga en el IRPF). O se podrían incrementar los tipos del Impuesto de Sociedades (sobre los beneficios) o bien establecer una regulación empresarial que exija una dotación de reservas mínimas para inversiones sostenibles ecológicamente y de renovación del aparato productivo en esta línea. Esto es, domeñar el uso de los excedentes. Y si fuese a escala europea o más allá, pues incluso mejor.
Todas estas cosas son posibles, aunque también somos conscientes que en manos de representantes políticos de la burguesía esto no es esperable. Por eso, sigue siendo imprescindible, no sólo la denuncia crítica de este Estado burgués, sino el refortalecimiento organizativo y la mayor presencia social y política de la izquierda anticapitalista.
13 de octubre de 2009
Izquierda Anticapitalista
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