Declaración de la Asociación Socialismo XXI:
ANTE UNA EVENTUAL SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONTRA EL “ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA”
La resolución mas probable con la actual correlación de posiciones interna del Tribunal Constitucional –institución de dudosa independencia con su actual formato y composición- sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatut d’Autonomía, amenaza con importantes consecuencias políticas en Catalunya, y su onda expansiva afectará los cimientos del actual modelo de estado. En cualquier caso, el desenlace de este asunto no puede esconder el hecho que tanto el proceso de elaboración, como la posterior aprobación del Estatut, dejaron meridianamente claras las fronteras que marca la “arquitectura constitucional” española, es decir, los limites hasta los que puede llegar el debate sobre el modelo territorial del Estado.
Una vez que el proyecto de nuevo Estatut -tamizado por inútiles autocensuras- fue aprobado por el Parlament de Catalunya, pasó a la siguiente etapa de su particular calvario en las Cortes Generales donde, tras sufrir una poda inmisericorde, se aprobó un texto desfigurado, con límites y carencias completamente inaceptables desde una posición democrática y de izquierdas. El derecho democrático a la autodeterminación quedó reducido a una formulación vacía que no reconoce al pueblo catalán decidir libremente su futuro. De igual forma el espíritu del articulado en lo relativo a los derechos sociales consagra un modelo económico neo-liberal que hace concesiones a la educación privada-concertada, así como a la gestión privada de otros servicios sociales, o contempla competencias autonómicas para el establecimiento de un sistema de cupo para los inmigrantes. De igual forma, se consagra la vinculación de Catalunya a estructuras supranacionales que, como la UE, abanderan el proceso dirigido a la privatización de los servicios sociales y la degradación de los derechos laborales de los trabajadores. Incluso en lo que se refiere a la principal reivindicación del autogobierno, esto es, el modelo de financiación, no se hace mención alguna a las políticas fiscales que deben regir la acción de la hacienda autonómica, en la línea de gravar a las rentas más altas para garantizar que Catalunya pueda recaudar los recursos necesarios para la financiación de los servicios sociales.
Tras su paso por el parlamento español, el nuevo Estatut ya “arreglado” y recortado fue propuesto a referéndum, siendo aprobado por una mayoría de la ciudadanía de Catalunya.
Pero a pesar de todas esas limitaciones, desde el primer momento, el Estatut ha contado con la oposición frontal de las principales fuerzas políticas españolas, especialmente del PP, pero también de un importante sector del PSOE hostil a cualquier avance que, aunque tímidamente, pueda establecer una perspectiva federal. Esta campaña se ha encubierto con todo tipo de proclamas en defensa de la "solidaridad interterritorial" y en favor de la "unidad de mercado". Pero en el fondo, el caballo de batalla de la derecha españolista y sus acólitos, aquello que realmente les preocupa por el posible precedente que pudiera establecer, es la preservación del artículo 2º de la Carta Magna que sentencia la "... indisoluble unidad de la nación española..", frente a la simbólica definición establecida en el Preámbulo del Estatut que reconoce a Catalunya como nación.
La histérica campaña desatada contra la reforma estatutaria pone de manifiesto nuevamente la psicología de la clase dominante española, incapaz de concebir si quiera la posibilidad de que se cuestione su control sobre algunos de los territorios de la península.
La eventual sentencia negativa del TC va a producirse en un contexto de grave crisis económica y social que golpea especialmente las condiciones de vida de la clase trabajadora. En Catalunya, la Conselleria de Treball reconoce que el paro supera la cifra de 600.000, de las cuales 260.000 perdieron su empleo en los últimos doce meses. Y esta tónica, lejos de corregirse, amenaza con profundizarse en el próximo periodo. Para darse cuenta de ello no hay más que fijarse en la sucesión de ERE's que afectan a los cinturones industriales de las capitales catalanas, incidiendo en empresas significativas por su concentración de plantillas (Lear, Nissan, Roca,...) y cuya cifra triplica los presentados en la Comunidad de Madrid. De hecho las propias estimaciones gubernamentales apuntan a que la destrucción de empleo se agravará en los meses que quedan hasta el final de 2009, y se prolongará al menos durante 2010.
Pero los efectos de esta crisis inciden también sobre otros sectores populares, incluyendo capas medias que se están viendo afectadas por la consiguiente contracción del consumo. Y las perspectivas para los próximos años distan mucho del menor optimismo: el propio FMI aplaza el inicio de recuperación de la economía en el Estado español y también de Catalunya hasta el 2015. El rápido deterioro de las condiciones de vida y trabajo genera un malestar social creciente que no encuentra, por el momento, oportunidad de expresarse con carácter masivo y general a causa de la pasividad de las direcciones de los sindicatos mayoritarios que buscan evitar a toda costa la confrontación con el Gobierno Tripartito en Catalunya y de Zapatero en Madrid. Sin embargo en un contexto de aguda crisis económica y social, una sentencia del Tribunal Constitucional que mutile o desnaturalice todavía más el nuevo Estatut d'Autonomía sería sentido como una agresión por amplias capas de la ciudadanía en Catalunya, también por sectores de la clase trabajadora, y podría provocar un punto de inflexión en la masividad y radicalidad de la respuesta social y política.
A pesar de las llamadas a la calma del PSC y de parte de sus socios de gobierno, resulta evidente que la continuidad del “Govern Tripartit” depende de la decisión del TC. Un sentencia negativa provocaría tendencias centrífugas entre los socios de gobierno, especialmente por parte de ERC, que tratará de salvarse de la quema que le auguran los últimos sondeos de proyección de voto. Por otro lado, el gobierno de la Generalitat tampoco ha hecho méritos para conservar el apoyo de los amplios sectores de la clase trabajadora y populares que en su momento le votaron. Las políticas de privatización de los servicios sociales, en especial a través de la Llei d'Educació, la autorización sistemática por el Departament de Treball de ERE's, muchos de ellos fraudulentos, que han enviado al paro a decenas de miles de trabajadores catalanes, las actuaciones represivas lideradas por la Conselleria de Interior, encabezada por la supuesta izquierda del Tripartit,..., junto al reciente escándalo de corrupción en Santa Coloma de Gramanet que afecta a importantes cargos institucionales del PSC, acrecientan la desafección ciudadana hacia la clase política y debilitan la influencia del govern tripartit sobre su base social y electoral tradicional.
La gestión del “Tripartit” a lo largo de los dos mandatos, y especialmente en el periodo de la crisis económica, ha preparado el terreno para que la derecha nacionalista recupere el gobierno de Catalunya. Una derecha cuyo papel en la historia reciente ha consistido en mercadear con los legítimos sentimientos nacionales de amplias capas de la población, para defender las prebendas de su propia burguesía, extender la corrupción durante su anterior gestión de gobierno, apuntalando un modelo social completamente contrario a las aspiraciones de la clase trabajadora y los sectores oprimidos de la sociedad. De igual forma, es más que probable que irrumpan en la escena determinadas opciones políticas que, como la encabezada por el Carretero (con permiso de Joan Laporta), defienden un programa básicamente identitario que en lo social apenas se distingue del programa neoliberal que sostiene la derecha catalana tradicional.
Es tarea de la izquierda anticapitalista denunciar la imposibilidad de conseguir un reconocimiento del “derecho del pueblo catalán a decidir” dentro del actual marco constitucional. La conquista del derecho a la autodeterminación y, en concreto, la creación de un escenario donde el ejercicio de ese derecho se vea libre de toda coacción y violencia, solo será posible en base a la movilización social que subvierta las reglas del actual juego institucional. Pero en esta tarea consideramos imprescindible atraer el apoyo de amplios sectores de la clase trabajadora, para lo cual es imprescindible aunar la lucha por reivindicaciones democráticas con el combate por un avance real en materia de derechos sociales, laborales y, en último término, por la transformación del actual sistema económico. Este aspecto resulta imprescindible para vencer la propaganda del sistema dirigida a dividir artificialmente a los trabajadores en líneas nacionales, y demostrar que las legítimas aspiraciones del pueblo catalán no suponen amenaza alguna contra los trabajadores del resto del Estado.
La Asociación Socialismo XXI ante una eventual sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut d’Autonomía llama a la ciudadanía y a la clase trabajadora de Catalunya a levantar acta sobre la naturaleza de cárcel de pueblos que representa la actual Constitución y del fracaso definitivo de la vía reformista (para reformar la Constitución hay que obtener el voto favorable de dos tercios del Parlamento, cosa imposible con su actual composición y una ley electoral que prima el bipartidismo y no garantiza la proporcionalidad e igualdad de todos los votos).
En consecuencia, propone toda la ciudadanía democrática de Catalunya y del conjunto del estado español movilizarse por una Asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución radicalmente democrática que proclame la República, establezca un modelo federal de libre asociación de los pueblos que garantice el pleno ejercicio del derecho de autodeterminación, y que establezca el predominio del sector público de la economía mediante la nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos, la preeminencia del plan sobre la lógica del mercado, el reforzamiento de los servicios públicos y su extensión a otros nuevos, la plena garantía de todos los derechos sociales, la plena ocupación y la abolición de la precariedad.
Así mismo, entendemos que la consecución de este objetivo solo será posible removiendo los intereses económicos, en contra de las estructuras del propio sistema capitalista que impiden a los pueblos decidir libremente sobre su futuro.
Catalunya, 20 Noviembre 2009
Declaració de l’Associació Socialismo XXI:
DAVANT UNA EVENTUAL SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONTRA EL “*ESTATUT D’*AUTONOMIA DE CATALUNYA”
La resolució mes probable amb l'actual correlació de posicions interna del Tribunal Constitucional –institució de dubtosa independència amb el seu actual format i composició- sobre el recurs interposat pel PP contra l’Estatut d’Autonomia, amenaça amb importants conseqüències polítiques a Catalunya, i la seva ona expansiva afectarà els fonaments de l'actual model d'estat. En qualsevol cas, el desenllaç d'aquest assumpte no pot amagar el fet que tant el procés d'elaboració, com la posterior aprovació de l’Estatut, van deixar molt clares les fronteres que marca l'arquitectura “constitucional” espanyola, és a dir, els limitis fins als quals pot arribar el debat sobre el model territorial de l'Estat.
Una vegada que el projecte de nou Estatut -filtrat per inútils autocensuras- va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, va passar a la següent etapa del seu particular calvari en les Corts Generals on, després de sofrir una poda sense contemplacions, es va aprovar un text desfigurat, amb límits i manques completament inacceptables des d'una posició democràtica i d'esquerres. El dret democràtic a l'autodeterminació va quedar reduït a una formulació buida que no reconeix al poble català decidir lliurement el seu futur. D'igual forma l'esperit de l'articulat quant als drets socials consagra un model econòmic neo-liberal que fa concessions a l'educació privada-concertada, així com a la gestió privada d'altres serveis socials, o contempla competències autonòmiques per a l'establiment d'un sistema de contingent per als immigrants. D'igual forma, es consagra la vinculació de Catalunya a estructures supranacionals que, com la UE, abanderen el procés dirigit a la privatització dels serveis socials i la degradació dels drets laborals dels treballadors. Fins i tot pel que fa a la principal reivindicació de l'autogovern, això és, el model de finançament, no es fa esment alguna a les polítiques fiscals que han de regir l'acció de la hisenda autonòmica, en la línia de gravar a les rendes més altes per a garantir que Catalunya pugui recaptar els recursos necessaris per al finançament dels serveis socials.
Després del seu pas pel parlament espanyol, el nou Estatut ja “arreglat” i retallat es va proposar a referèndum, sent aprovat per una majoria de la ciutadania de Catalunya.
Però a pesar de totes aquestes limitacions, des del primer moment, l’Estatut ha contat amb l'oposició frontal de les principals forces polítiques espanyoles, especialment del PP, però també d'un important sector del PSOE hostil a qualsevol avanç que, encara que tímidament, pugui establir una perspectiva federal. Aquesta campanya s'ha encobert amb tot tipus de proclames en defensa de la "solidaritat interterritorial" i en favor de la "unitat de mercat". Però en el fons, el cavall de batalla de la dreta espanyolista i els seus “acólitos”, allò que realment els preocupa pel possible precedent que pogués establir, és la preservació de l'article 2º de la Carta Magna que sentencia la "... indissoluble unitat de la nació espanyola..", enfront de la simbòlica definició establerta en el Preàmbul de l’ Estatut que reconeix a Catalunya com nació.
La histèrica campanya deslligada contra la reforma estatutària posa de manifest novament la psicologia de la classe dominant espanyola, incapaç de concebre si vulgui la possibilitat que es qüestioni el seu control sobre alguns dels territoris de la península.
L'eventual sentència negativa del Tribunal Constitucional (TC) va a produir-se en un context de greu crisi econòmica i social que copeja especialment les condicions de vida de la classe treballadora. En Catalunya, la Conselleria de Treball reconeix que l'atur supera la xifra de 600.000, de les quals 260.000 van perdre la seva ocupació en els últims dotze mesos. I aquesta tònica, lluny de corregir-se, amenaça amb aprofundir-se en el pròxim període. Per a adonar-se d'això no hi ha més que fixar-se en la successió de ERO's que afecten als cinturons industrials de les capitals catalanes, incidint en empreses significatives per la seva concentració de plantilles (Lear, Nissan, Roca,...) i la xifra de les quals triplica els presentats en la Comunitat de Madrid. De fet les pròpies estimacions governamentals apunten que la destrucció d'ocupació s'agreujarà en els mesos que queden fins al final de 2009, i es perllongarà almenys durant 2010.
Però els efectes d'aquesta crisi incideixen també sobre altres sectors populars, incloent capes mitges que s'estan veient afectades per la consegüent contracció del consum. I les perspectives per als pròxims anys disten molt del menor optimisme: el propi FMI ajorna l'inici de recuperació de l'economia en l'Estat espanyol i també de Catalunya fins al 2015. La ràpida deterioració de les condicions de vida i treball genera un malestar social creixent que no troba, de moment, oportunitat d'expressar-se amb caràcter massiu i general a causa de la passivitat de les adreces dels sindicats majoritaris que busquen evitar costi el que costi la confrontació amb el Govern Tripartitt a Catalunya i de Sabater a Madrid. No obstant això en un context d'aguda crisi econòmica i social, una sentència del Tribunal Constitucional que mutili o desnaturalitzi encara més el nou Estatut d'Autonomia seria sentit com una agressió per àmplies capes de la ciutadania a Catalunya, també per sectors de la classe treballadora, i podria provocar un punt d'inflexió en la masivitat i radicalitat de la resposta social i política.
A pesar de les cridades a la calma del PSC i de part dels seus socis de govern, resulta evident que la continuïtat del “Govern Tripartit” depén de la decisió del TC. Una sentència negativa provocaria tendències centrífugues entre els socis de govern, especialment per part d’ERC, que tractarà de salvar-se de la crema que li auguren els últims sondejos de projecció de vot. D'altra banda, el govern de la Generalitat tampoc ha fet mèrits per a conservar el suport dels amplis sectors de la classe treballadora i populars que en el seu moment li van votar. Les polítiques de privatització dels serveis socials, especialment a través de la Llei d'Educació, l'autorització sistemàtica pel Departament de Treball d’ERO's, molts d'ells fraudulents, que han enviat a l'atur a desenes de milers de treballadors catalans, les actuacions repressives liderades per la Conselleria d'Interior, encapçalada per la suposada esquerra del Tripartit,..., al costat del recent escàndol de corrupció en Santa Coloma de Gramanet que afecta a importants càrrecs institucionals del PSC, acreixen la desafecció ciutadana cap a la classe política i afebleixen la influència del govern tripartit sobre la seva base social i electoral tradicional.
La gestió del “Tripartit” al llarg dels dos mandats, i especialment en el període de la crisi econòmica, ha preparat el terreny perquè la dreta nacionalista recuperi el govern de Catalunya. Una dreta el paper de la qual en la història recent ha consistit en mercadear amb els legítims sentiments nacionals d'àmplies capes de la població, per a defensar les prebendes de la seva pròpia burgesia, estendre la corrupció durant la seva anterior gestió de govern, sostenint un model social completament contrari a les aspiracions de la classe treballadora i els sectors oprimits de la societat. D'igual forma, és més que probable que irrompin en l'escena determinades opcions polítiques que, com l'encapçalada pel Sr. Carretero (amb permís de Joan Laporta), defensen un programa bàsicament identitari que en el social tot just es distingeix del programa neoliberal que sosté la dreta catalana tradicional.
És tasca de l'esquerra anticapitalista denunciar la impossibilitat d'aconseguir un reconeixement del “dret del poble català a decidir” dintre de l'actual marc constitucional. La conquesta del dret a l'autodeterminació i, en concret, la creació d'un escenari on l'exercici d'aquest dret es vegi lliure de tota coacció i violència, solament serà possible sobre la base de la mobilització social que subvierta les regles de l'actual joc institucional. Però en aquesta tasca considerem imprescindible atreure el suport d'amplis sectors de la classe treballadora, per a això és imprescindible conjuminar la lluita per reivindicacions democràtiques amb el combat per un avanç real en matèria de drets socials, laborals i, en últim terme, per la transformació de l'actual sistema econòmic. Aquest aspecte resulta imprescindible per a vèncer la propaganda del sistema dirigida a dividir artificialment als treballadors en línies nacionals, i demostrar que les legítimes aspiracions del poble català no suposen amenaça alguna contra els treballadors de la resta de l'Estat.
L'Associació Socialisme XXI davant una eventual sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut d’Autonomia crida a la ciutadania i a la classe treballadora de Catalunya a aixecar acta sobre la naturalesa de presó de pobles que representa l'actual Constitució i del fracàs definitiu de la via reformista (per a reformar la Constitució cal obtenir el vot favorable de dos terços del Parlament, cosa impossible amb la seva actual composició i una llei electoral que preval el bipartidisme i no garanteix la proporcionalitat i igualtat de tots els vots).
En conseqüència, proposa tota la ciutadania democràtica de Catalunya i del conjunt de l'estat espanyol mobilitzar-se per una Assemblea constituent que elabori una nova Constitució radicalment democràtica que proclami la República, estableixi un model federal de lliure associació dels pobles que garanteixi el ple exercici del dret d'autodeterminació, i que estableixi el predomini del sector públic de l'economia mitjançant la nacionalització de la banca i dels sectors estratègics, la preeminència del pla sobre la lògica del mercat, el reforçament dels serveis públics i la seva extensió a altres nous, la plena garantia de tots els drets socials, la plena ocupació i l'abolició de la precarietat .
Així mateix, entenem que la consecució d'aquest objectiu sol serà possible removent els interessos econòmics, en contra de les estructures del propi sistema capitalista que impedeixen als pobles decidir lliurement sobre el seu futur.
Catalunya, 20 novembre 2009
Más información:
Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
| Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago) |
Microdonación de 2 euros
| Donación de importe libre
|
