Joven Kichwua de Sarayacu. Foto: Eriberto Gualinga
Ante el anuncio de la empresa petrolera de origen argentino Compañía General de Combustibles (CGC), recogido por los medios de comunicación en días pasados, de que iniciará acciones legales en contra del Estado Ecuatoriano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), porque supuestamente no le ha “dado garantías” para la exploración y explotación de petróleo en el Bloque 23 de la Amazonía ecuatoriana, el Pueblo Kichwa de Sarayaku:
RECUERDA que la concesión del Bloque 23 por parte del Estado Ecuatoriano a la empresa CGC en 1996, fue realizada sin que haya existido ningún proceso de información, consulta, menos aún de consentimiento de los pueblos indígenas cuyo territorio ancestral se estaba afectando. La exploración sísmica que emprendió la CGC en el Bloque 23 entre los años 2002 y 2003 implicó para Sarayaku, graves y sistemáticas violaciones de sus derechos fundamentales. El ingreso arbitrario y violento de trabajadores de la CGC y de su contratista CGG en territorio de Sarayaku, dentro del denominado Bloque 23, Provincia de Pastaza, se realizó al amparo del resguardo armado brindado por patrullas del Ejército Ecuatoriano instrumentalizadas por la transnacional petrolera para dirigirlas en contra de una comunidad indígena ecuatoriana. Fruto de la militarización de la operación petrolera de la CGC, jóvenes de Sarayaku sufrieron detenciones ilegales, torturas y malos tratos por parte de soldados y trabajadores petroleros. El territorio sagrado de Sarayaku fue mancillado por la CGC, que al abandonar el Bloque 23 a inicios de 2003, dejó sembrados alrededor de una tonelada y media de explosivos de alto poder en 640 puntos de nuestro territorio, atentando contra la vida y seguridad de los pobladores y contra los Derechos de nuestra madre Naturaleza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante estos hechos dispuso, en 2004 y 2005, que el Estado Ecuatoriano tome medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de los miembros del Pueblo de Sarayaku, incluyendo el retiro de los explosivos dejados por la empresa CGC en nuestro territorio. Pese al tiempo transcurrido desde las resoluciones de la Corte, el proceso de retiro de los explosivos, largo y costoso, aún no ha comenzado. Se espera que el retiro de los explosivos, que será ejecutado por el Ministerio de Minas y Petróleo a través del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, empiece a realizarse este mes de marzo de 2009.
RECHAZA
la pretensión audaz de la transnacional CGC de exigir al estado Ecuatoriano una indemnización de ciento cincuenta millones de dólares cuando es ella la que debe indemnizar a Sarayaku y a otros pueblos hermanos de la Amazonía ecuatoriana por el sufrimiento causado por sus acciones violatorias de nuestros Derechos Humanos y por los enormes daños causados por su irresponsable y criminal acción de sembrar a nuestras espaldas explosivos en nuestro territorio.
EXIGE a las Autoridades del Estado Ecuatoriano que se declare la caducidad del contrato de concesión del Bloque 23 y se garantice que los derechos fundamentales de nuestro Pueblo y de la Naturaleza nunca más volverán a ser violentados por la actividad petrolera en nuestro territorio. Sarayaku, 10 de marzo de 2009
Dionicio Machoa
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SARAYAKU
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