Tras varias semanas de investigación sobre la actuación policial en las manifestaciones del llamado movimiento 15-M en Barcelona el 27 de mayo, Amnistía Internacional ha documentado el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas policiales que intervinieron. Amnistía Internacional también ha expresado su profunda preocupación por los reiterados informes según los cuales fuerzas policiales españolas habrían hecho uso de fuerza excesiva en otros casos, el 15 de mayo en Madrid, el 27 de mayo en Lleida, el 9 de junio en Valencia, y el 15 de junio en Barcelona.

Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al ministro de Interior del Gobierno de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al consejero de Interior del Gobierno autónomo catalán, Felip Puig i Godes.

La organización ha exigido al Gobierno central español y al catalán que lleven a cabo sin demora una investigación independiente, exhaustiva y eficaz de todas las denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de la policía hacia los manifestantes, así como que se adopten medidas disciplinarias y, si procede, se inicien actuaciones penales contra los agentes de policía de quienes se concluya hicieron un uso de fuerza excesiva.

“Consideramos motivo de especial preocupación los informes y las evidencias de uso de fuerza excesiva en la plaza de Catalunya de Barcelona, la mañana del 27 de mayo, cuando los Mossos d’Esquadra intervinieron para dispersar a los manifestantes”, ha explicado Jezerca Tigani, vice-directora del Programa Regional para Europa y Asia Central del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional.

Imágenes de vídeo de la operación policial efectuada en la plaza de Catalunya el 27 de mayo, a las que puede accederse fácilmente en Internet, muestran a los Mossos d'Esquadra golpeando reiteradamente con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y disparando pelotas de goma y cartuchos de fogueo. En las mismas imágenes, algunos manifestantes parecen estar heridos y tener sangre en las manos y en la cabeza. Según cifras oficiales, 84 manifestantes y 37 agentes de policía resultaron heridos. Un abogado que asistió a los manifestantes afectados dijo a Amnistía Internacional que un total de 180 personas habían denunciado lesiones, y que unas 50 de ellas han recibido informes médicos que documentan esas lesiones.

Amnistía Internacional también ha documentado casos de personas que denunciaron haber sufrido lesiones como consecuencia del uso de fuerza excesiva por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de esta operación policial. Todas ellas contaron a Amnistía Internacional que la mañana del 27 de mayo los Mossos d’Esquadra les golpearon con porras en repetidas ocasiones pese a que se estaban manifestando de forma pacífica y en ningún momento agredieron a los agentes de policía; y que resultaron lesionados como consecuencia de los golpes. Los informes emitidos por personal médico corroboran estos testimonios, ya que todas recibieron tratamiento médico, entre otras, por heridas inciso contusas, equimosis y contusiones en la cabeza y otras partes del cuerpo. Su testimonio también es corroborado por vídeos e fotografías que muestran la actitud pacifica de aquellas personas en el momento de recibir los golpes.

Amnistía Internacional no comparte la negativa de Felip Puig i Godes a realizar una investigación sobre lo sucedido al alegar que los Mossos d'Esquadra habían recurrido a la fuerza únicamente para responder a las agresiones por parte de los manifestantes. El Gobierno catalán no ha hecho pública evidencia alguna de ese presunto uso de la violencia por parte de los manifestantes.

Amnistía Internacional ha expresado en diversas ocasiones su preocupación por las denuncias reiteradas y creíbles de uso arbitrario o excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en España, así como por la impunidad que reina en dichos casos.

“El Gobierno central español y el autonómico catalán, cada uno en su respectiva área de competencia, deben crear un mecanismo independiente dedicado a investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, ha añadido Jezerca Tigani.

Otros informes de uso de fuerza excesiva

Se han recibido también informes según los cuales las fuerzas de policía usaron fuerza excesiva contra manifestantes en Lleida el 27 de mayo, en Valencia el 9 de junio y en Barcelona el 15 de junio. Si bien se ha denunciado que un reducido número de manifestantes actuaron con violencia contra la policía, imágenes de vídeo de la última de estas manifestaciones muestran a agentes de los Mossos d’Esquadra, sin número de identificación en sus chalecos protectores, golpeando con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y disparando pelotas de goma y cartuchos de fogueo.

La organización ha recibido asimismo denuncias de manifestantes detenidos en el contexto de las manifestaciones del 15 de mayo en la Puerta del Sol de Madrid, que afirman haber recibido golpes y sufrido otros malos tratos. En concreto, y según una declaración hecha pública por 16 de los 19 manifestantes detenidos, fueron golpeados por agentes de policía, unos durante la manifestación en la plaza, otros mientras eran trasladados en vehículos a la comisaría de policía de Moratalaz, y otros en el interior de la comisaría. Según la declaración, la policía los amenazó también con actos de violencia como arrojarlos por la ventana, y profirió comentarios homófobos y otros insultos.

Información complementaria

Aunque en virtud del derecho internacional de los derechos humanos toda persona tiene derecho a participar en reuniones lícitas y pacíficas, el ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones en interés de la seguridad nacional o la seguridad pública, entre otras. Amnistía Internacional no cuestiona el derecho de las autoridades españolas centrales y catalanas pertinentes a actuar con arreglo a la ley para imponer tales restricciones, y reconoce que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen la obligación de garantizar la seguridad y la integridad física de las personas.

Sin embargo, cualquier actuación policial debe llevarse a cabo de tal manera que cumplan el derecho y las normas internacionales, lo que incluye el deber de ejercer moderación, actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga, reducir al mínimo los daños y las lesiones y respetar y proteger la vida humana.

Por otra parte, Amnistía Internacional reconoció positivamente la creación, mediante decreto del gobierno autónomo catalán en 2007, del Comité de Ética Policial, cuyo mandato consiste, entre otras cosas, en recibir y analizar denuncias de particulares relativas a la conducta de las fuerzas de policía. Sin embargo, la organización lamenta que se haya suspendido la actividad del Comité tras la dimisión de la mayor parte de sus miembros.

Amnistía Internacional pone de manifiesto que tanto en Cataluña, con arreglo al decreto 217/2008 de 4 de noviembre, para los Mossos d'Escuadra, como por la instrucción de 14 de septiembre de 2007, del Ministerio de Interior para los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los agentes uniformados deben llevar su número de identificación profesional claramente visible en su uniforme. Sin embargo, según los testimonios, las imágenes de vídeo y las fotografías disponibles, los Mossos d’Esquadra que intervinieron en la operación de la plaza de Catalunya no llevaban su número de identificación a la vista. Esta circunstancia puede dificultar los intentos de identificar a los funcionarios presuntamente responsables de los abusos, habida cuenta de que la mayoría de los agentes se cubrían la cabeza con cascos, y algunos incluso con pasamontañas, lo que dificulta aún más la posibilidad de que rindan cuentas de sus actos.