Si yo atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, le diera medicación sin decirle para qué y la mantuviera varios días aislada en una habitación, el fiscal o la autoridad judicial me la quitarían. Si esto lo hace el Estado en los centros terapéuticos, no pasa absolutamente nada”. Lo denunció este martes el director de Amnistía Internacional (AI) España, Esteban Beltrán, al presentar el informe Si vuelvo, ¡me mato!.
La ONG ha estudiado decenas de centros terapéuticos de Andalucía, Catalunya y Madrid –que reúnen más de la mitad de los que hay en España, según el Informe del Defensor del Pueblo 2009–, aunque sólo en uno de ellos, en Andalucía, los gestores le dejaron visitar el recinto. En España había 58 centros cuando se inició el trabajo, dos han cerrado ya.
Los chicos y chicas ingresados en estos centros, cuya custodia se retira a sus padres por su supuesta incapacidad para educarles, pueden “ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos, tratamiento degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin diligencia y en contra de su voluntad”, sostiene Beltrán. La ONG destacó que, en los últimos seis años, se han producido diez suicidios de menores.
Más vigilanciaAI pidió al Gobierno que promueva una investigación urgente sobre las supuestas violaciones de derechos humanos, exigió mayor protección legal y pidió que se elabore un protocolo de supervisión.
El estudio se realizó a partir de 59 entrevistas a menores y 91 a familiares, abogados psicólogos, ex educadores y representantes de asociaciones de derechos humanos.
Los servicios sociales de las tres autonomías rechazaron las críticas. “Son centros que están perfectamente controlados por la Fiscalía y por la Administración, que incluso pueden realizar visitas sorpresa”, indicaron fuentes de la Consejería de Bienestar y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Este año, el fiscal ha realizado cuatro revisiones en la región y no ha notificado incidencias.
El director general de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat, Xavier Soley, afirmó que en Catalunya tampoco se realiza “ninguna violación de sus derechos”. Además, afirmó que el estudio “tergiversa” la realidad y es “demagógico”.
En la misma línea se manifestó la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, que aseguró garantizar el cumplimiento “escrupuloso” de los derechos a la infancia, tal y como establece la normativa internacional, estatal y regional. El Defensor del Pueblo andaluz, por su parte, calificó el informe de “exagerado” y pidió “mayor rigurosidad” a la hora de realizar este tipo de estudios.
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