A “Lei pola que se recoñecen e amplían dereitos e se estabelecen medidas en favor dos que padeceron persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a ditadura”, que é a súa denominación oficial, desenvólvese parcialmente e con lentitude, asegura Amnistía Internacional (AI) nun comunicado.En novembro Cultura firmou un convenio co Instituto de Menciña Legal de Galicia (Imelga) e o Instituto de Menciña Legal (Imlus) da Universidade de Santiago para a exhumación de foxas en Galiza. Segundo este convenio a apertura de foxas farase a petición dos descendentes das vítimas ou entidades que os representen.
Traducción al castellano
  La organización internacional denuncia que España sigue incumpliendo sus deberes internacionales en materia de verdad, justicia y reparación de víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, un año después de la adopción de la llamada Ley de Memoria Histórica.
La "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se estabelecen medidas en favor de los que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", que es su denominación oficial, se desarrolla parcialmente y con lentitud, asegura Amnistía Internacional (AI) en un comunicado. 
"Sólo la finales de año, el Gobierno dictó algunas disposiciones para la aplicación del estabelecido en la Ley. Y el dispuesto se concentra sólo en medidas simbólicas o de escaso significado para garantizar verdad, justicia y reparación", añade la dirección de AI en España.
La organización también considera que la Ley se utilizó para oponerse a la investigación judicial de crímenes contra la humanidad, en referencia al proceso cerrado en la Audiencia Nacional sobre las desapariciones del franquismo por considerar que el juez Baltasar Garzón no era competente en la causa.
"La Ley se utilizó, por el Ministerio Fiscal y otras autoridades, como argumento para oponerse al deber del Estado de investigar en sed judicial los crímenes del pasado y de reconocer los derechos de las víctimas de acuerdo a las normas internacionales", explica AI en el texto.
La organización critica que la decisión de la Audiencia "prolonga el peregrinaje incierto (de las víctimas) en busca de verdad, justicia y reparación, por su cuenta a través de los juzgados territoriales".
Juzgados territoriales 
Antes de que la Audiencia había rechazado la competencia de Garzón, el magistrado trasladó la investigación abierta sobre las desapariciones a los juzgados territoriales una vez considerada extinguida la responsabilidad penitenciaria del general Francisco Franco y otros altos cargos del régimen tras comprobar la muerte de todos ellos. 
Entre otras recomendaciones, Amnistía le pide a las autoridades españolas que elaboren un protocolo de actuación que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones. 
Desde Galiza 
En esta línea, el portavoz de AI en Galiza, Alberto Estévez, le pide a la consellaría de Cultura que la apertura de las foxas se haga en un contexto judicial para que garantice su compatibilidad con el deber de investigar judicialmente crímenes contra la humanidad y habida cuenta las normas internacionales. 
En noviembre Cultura firmó un convenio con el Instituto de Medicamento Legal de Galiza (Imelga) y el Instituto de Medicamento Legal (Imlus) de la Universidad de Santiago para la exhumación de foxas en Galiza. Según este convenio a apertura de fosas se hará a petición de los descendientes de las víctimas o entidades que los representen.
 
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