Así lo ha expresado uno de sus portavoces, Carlos Perea, hoy en rueda de prensa después de ser recibido por el director de la Agencia, Marcos Cienfuegos.

Cienfuegos ha destacado que el Programa de Protección Temporal ha acogido desde 2001 a 69 personas perseguidas defender los derechos humanos en Colombia y que la iniciativa se ha configurado en sus diez años de vida como un referente importante y se ha extendido a otras comunidades autónomas como Cataluña.

Ha asegurado que, según el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay 37.300 personas desaparecidas en Colombia, 3,4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas (2,4 millones durante el gobierno de Uribe) y se han registrado más de 21.000 víctimas de violencia sexual durante 2008, el 86 por ciento de ellas niñas menores de catorce años.

Ha reclamado una postura firme de la comunidad internacional frente a esta situación, que se traduzca exigencias firmes para el Estado colombiano.

También ha calificado de "indigna" y de "tomadura de pelo a la comunidad internacional" la propuesta del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, de nombrar a Álvaro Uribe vicepresidente de la comisión internacional que investigará el asalto israelí a la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la franja de Gaza el pasado 31 de mayo.

En este sentido, ha añadido que "la obligación moral de la comunidad internacional es exigir a Israel que esclarezca lo ocurrido y que depure responsabilidades caiga quien caiga".

Carlos Perea ha asegurado que el Gobierno de Uribe "frenó el avance democrático que estaba experimentando la sociedad colombiana a través de las fuerzas paramilitares y de las relaciones con las mafias del narcotráfico".

Ha asegurado que "esta política de Estado no sólo se genera desde la nación, sino desde todo un imperio, pues es fruto del consenso de Washington para extender el modelo neoliberal internacionalmente, que contempla el uso de la fuerza como una de las respuestas posibles para oprimir la resistencia del pueblo a las políticas conservadoras".

Ha agregado que este modelo penetró en América Latina por Chile, a través de la dictadura de Pinochet, desde donde se extendió por el resto del continente y ha citado como ejemplos de resistencia a Bolivia, Nicaragua y Venezuela, "desde donde se intenta a toda costa que no traspase la frontera con Colombia", ha puntualizado.

Perea también ha asegurado que se pregunta por qué es más importante para la comunidad internacional condenar el régimen castrista que el de Uribe cuando en Cuba no hay desapariciones, organizaciones paramilitares ni narcotráfico.

Otro colombiano acogido, Javier Orozco, ha pedido al nuevo gobierno del país, presidido por Juan Manuel Santos, que declare de manera pública que la defensa de los derechos humanos es legal, que combata la impunidad y la falta de castigo para los asesinatos y permita identificar los cadáveres enterrados en fosas comunes.

Los comparecientes también han recordado la figura de Luciano Romero Molina, sindicalista acogido en Asturias en 2006 y que a su vuelta a Colombia fue asesinado.